El presidente de Argentina, Javier Milei, enfrenta la realidad luego de que sus ofertas electorales comienzan a demostrar un peso más propagandístico que real. A poco menos de dos meses de instalado su gobierno, la deriva económica del país austral continúa: el pasado 30 de enero, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que, en 2023, el PBI cayó 1,1%. Este año la contracción se acelerará hasta 2,8% de retroceso —en el informe anterior la estimación era de crecimiento, también de 2,8%— debido a las medidas de devaluación, ajuste fiscal y liberalización de precios.
Desde que su aliado, el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), endeudara el país, las medidas económicas dependen del FMI. Ya el equipo de Milei alcanzó un nuevo acuerdo técnico para reactivar el programa acordado durante la presidencia de Alberto Fernández (2019-2023), con vistas a desbloquear fondos y apoyar el plan del economista porteño.
El alineamiento de su gestión con Estados Unidos no es noticia nueva, tanto, que el jefe de gabinete argentino, Nicolás Posse, realizó una visita estratégica a Washington. Esto ocurrió antes de una reunión crucial del directorio ejecutivo del FMI para facilitar la aprobación del mencionado acuerdo en el que se decidiría sobre la liberación de aproximadamente 4 mil 700 millones de dólares para Argentina. Además, se espera que en mayo próximo arribe el USS George Washington a costas argentinas, el sexto portaaviones de propulsión nuclear de clase Nimitz.
DNU y Ley Ómnibus: ¿De qué tratan?
No habían pasado 20 días cuando Milei ya había dictado 366 medidas a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 de implementación inmediata, sin que el Congreso pudiera discutir su contenido. Luego, en 351 páginas y 664 artículos, propuso el denominado proyecto de ley Ómnibus con cruciales cambios en materias que la Constitución le impide legislar por decreto. Dicho proyecto debe ser aprobado por las dos cámaras del Congreso para empezar a regir.
En medio de cacerolazos y movilizaciones de las organizaciones sociales y del sindicalismo, además de demandas judiciales, Milei ha avanzado con el DNU emitido para "comenzar el proceso de desregulación económica que la Argentina tanto necesita para poder comenzar a crecer", según dijo.
Los DNU se emiten en casos de emergencia y urgencia, áreas limitadas, vigencia temporal y control judicial. El emitido por Milei el pasado 21 de diciembre deroga leyes como la de Alquileres, Góndolas, Compre Nacional, Abastecimiento y elimina una cantidad considerable de derechos laborales.
La oposición, encabezada por el peronismo, busca los votos necesarios para rechazarlos. En este contexto, Unión por la Patria (UxP) tiene un bloque de 33 senadores y el quorum se da con 37. Por lo tanto, faltan 4 para poder tratarlo en el Senado.
Por su parte, la "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos" (Ómnibus) le otorga una mayor concentración de poder a Milei al declarar la emergencia económica hasta 2027. Contempla la privatización de las empresas públicas, crea un blanqueo —alivio impositivo a los ricos— y propone drásticas modificaciones al sistema electoral, como la elección de diputados nacionales por distrito único y la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
Respecto a las empresas, se ha sabido que están siendo aseguradas al consorcio BlackRock, un gestor de activos financieros que administra inversiones "pasivas" en el mercado de Wall Street, y ejerce un poder profundo en la economía estadounidense.
Desde los poderes Legislativo y Judicial argentinos ha habido reacciones a partir de propuestas de debate y demandas por parte de los partidos opositores y gremios laborales.
Argentina a la deriva del ajuste
Ha descendido la popularidad del líder de La Libertad Avanza (LLA), quien venció al candidato rival con 55,65% de los votos. Un estudio estadístico de la consultora Zuban-Córdoba reveló que 52,8% de los argentinos consultados desaprueba su gestión. Sus políticas de desregulación económica y privatización han derivado en que 55,2% de los consultados tenga una imagen negativa y que 54,4% considere que Argentina va en la dirección incorrecta. 57,1% de las personas consultadas evalúa que la economía argentina estará mal o igual de mal dentro de un año.
Las críticas a su ofensiva privatizadora crecen aun cuando, entre tensas negociaciones, haya decidido no hacerlo con varias empresas, incluida la petrolera estatal YPF, debido a que le permitirá acceder a los dólares que produce. El disparo de las tarifas de electricidad y de los precios de los alimentos ha creado un ambiente de descontento que se ha traducido en más protestas, pero también en un paro generalizado efectuado el pasado 24 de enero.
La Confederación General del Trabajo (CGT), principal sindicato del país, lideró la convocatoria junto a la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA). Se sumaron varios gremios, desde obreros de la construcción y camioneros hasta educadores y empleados de la salud.
En la sesión convocada desde el miércoles 31 se discutió la ley Ómnibus, pero no la misma que se envió al Congreso, dado que fue amputada. Además de eliminar todo el capítulo fiscal en acuerdo con la oposición aliada a LLA, se retiraron capítulos referidos a pesca, impuestos internos, el de zonas frías fue modificado y asimismo el que derogaba la existencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. También se retiró una medida en el capítulo de Seguridad: el que identificaba las reuniones de 30 personas como potencial "manifestación".
Finalmente, el viernes 2 de febrero, con 144 votos a favor y 109 en contra, fueron aprobados 382 de los 664 artículos enviados, casi la mitad. De las 11 facultades delegadas al Presidente fueron aprobadas seis: económica, financiera, de seguridad —también podría ser eliminada del proyecto—, tarifaria, energética y administrativa.
La jornada de dos días incluyó protestas y represión policial en los alrededores del Congreso, la arremetida policial fue dirigida por la excandidata presidencial y actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien defendió el operativo —resultaron más de veinte periodistas heridos— diciendo que "el objetivo está totalmente logrado".
Milei insiste en que cumplirá su promesa electoral aun con el retroceso o maniobra que ejecuta. Entretanto, sus partidarios mantienen un vaivén de negociaciones en el Congreso que, protestas y represión mediante, no logra el objetivo.
El despliegue de maniobras e intentos desde antes de la sesión del miércoles, el 27 de enero, el presidente del bloque de UxP en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, declaraba:
"Acá hay una derrota parlamentaria del oficialismo, pero también una trampa porque el corazón de la ley no ha cambiado y tiene que ver con la delegación de facultades extraordinarias al Presidente. Es algo inédito desde el retorno de la democracia. Además, todo a lo que supuestamente renuncia —el mandatario—, lo puede hacer luego con esas mismas facultades delegadas".
Todo indica que Milei, con Macri de su lado, intentaría perder tiempo mientras gana terreno.
Un decretazo con pies de barro
El presidente ultraliberal también ha recibido reveses de parte del Poder Judicial. La reforma laboral adscrita al DNU fue rechazada dado que los jueces hallaron que no se presentan ninguna de las excepciones admitidas para plantear la posibilidad de que su gobierno se atribuya la capacidad de legislar. El argumento plantea que el Congreso se encuentra en funcionamiento "y el propio Poder Ejecutivo incorporó en la discusión de las sesiones extraordinarias la cuestión de la ratificación del DNU".
De esa manera un tribunal de segunda instancia hizo lugar a la acción de amparo presentada por la CGT al considerar que el Poder Ejecutivo no estaba facultado para legislar sobre normativas en materia laboral a través de un DNU. Otros reveses:
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La semana anterior una jueza había admitido una acción de amparo de la CGT y declaró la invalidez de los artículos 73 (retención de la cuota sindical); 79 (negociación colectiva); 86 (cláusulas obligacionales); 87, 88 y 97 (servicios esenciales y modalidad de protestas).
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El miércoles 31 de enero, mientras se discutía la ley Ómnibus en el Congreso, un juez federal de la provincia de Buenos Aires suspendía los aumentos de las cuotas de las empresas de medicina prepagas autorizados por el DNU, ante el reclamo de un afiliado.
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Un día antes, el Juzgado Federal de Mercedes (Provincia de Buenos Aires) hizo lugar a un pedido de la Liga de Fútbol de Salto, entidad afiliada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y dictó una medida cautelar sobre los artículos del DNU referidos al ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino.
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El 29 de enero un juez federal de La Plata dictó una cautelar que suspende el artículo que derogaba la norma que restringe la venta de campos a extranjeros, conocida como Ley de Tierras. Solicitud realizada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), a través de su presidente Rodolfo Carrizo.
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El 12 de enero una jueza civil y comercial de Misiones tomó una medida cautelar presentada por asociaciones yerbateras, con la que suspendió temporalmente el capítulo del DNU que afecta las asociaciones yerbateras para que "no se modifiquen ni alteren la estructura, funciones y atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate".
El llamado "decretazo" o "megadecreto" tiene pies de barro en lo jurídico: no ha logrado demostrar verdaderas razones de necesidad y urgencia. Además, desde la oposición se argumenta que la Constitución Nacional establece que una normativa de ese tipo "tiene que mandarse de manera inmediata al Congreso para ser ratificada".
Ha sido considerada atentatoria contra la soberanía argentina, sus derechos y cultura. Debido a que venció el lapso para su discusión en la Comisión Bicameral, esta se enfocaría en el Senado, que es presidido por la vicepresidenta Victoria Villarruel. La que fuera fórmula electoral de Milei ha estado postergando la convocatoria y el bloque UxP, que ha solicitado que se convoque a sesión en el Senado, no tiene los votos para derogarlo.
Otros senadores se han planteado dejar que la Corte Suprema se encargue del tema, dado que requiere el rechazo de ambas cámaras y se mantienen vivas las negociaciones de LLA con lo que el mismo Milei llamó "la casta".
Una pieza en el ajedrez de "la casta"
El entorno de Milei es otro de los frentes que amenaza la estabilidad de su gobierno. Como es sabido, su gobierno se ha ido conformando a partir de actores políticos vinculados con Macri y la excandidata Patricia Bullrich, quien encabeza el Ministerio de Seguridad de la Nación. Además ha tenido que negociar con un sector de la oposición al que la prensa llama "dialoguista".
Sin embargo, desde antes de la juramentación su misma vicepresidenta, Victoria Villarruel, ha marcado distancias del presidente en un juego de ajedrez en el que Macri y Bullrich, miembros de "la casta", mueven sus piezas a gusto… o a disgusto.
La hostilidad interna, previa a la conformación del gabinete presidencial, derivó en el ingreso de Bullrich al gobierno y el desplazamiento de Villarruel de la seguridad pública, su tema de interés. En el reacomodo de posiciones se habla de acercamientos entre Macri y Villarruel frente a Bullrich y Milei.
A comienzos de enero pasado el dirigente sindical y presidente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, denunció que Villarruel y Macri "preparan un golpe" contra Milei. El también excandidato presidencial destacó que se trata de un golpe parainstitucional porque "Villarruel pertenece a la familia militar". La abogada es conocida por su agenda negacionista y defensora de los genocidas que ocasionaron unas 30 mil desapariciones y muertes durante la última dictadura militar en Argentina.
En este sentido, las designaciones de Milei en temas de Inteligencia y Defensa están mediadas tanto por las tensiones entre Macri y Bulrich como por la vinculación con operadores del exterminio instrumentado en el marco del Plan Cóndor. Fueron designados militares retirados en detrimento de los activos, al estilo Macri. Esto trae recuerdos de cuando abundaron denuncias de espionaje ilegal.
La relación del gobernante con el sector militar se descompone al ritmo de medidas de recorte como la eliminación de la jerarquización salarial que habían logrado acordar con Fernández. Su ofensiva privatizadora también ha creado malestar en el sector que defendió de manera febril a través de Villarruel.
Ya Milei experimentó un tropiezo en medio del descontento que generó en el Ejército el pase a disponibilidad de 22 generales para nombrar a Carlos Alberto Presti, hijo de un genocida de la última dictadura cívico-militar, como jefe de esa fuerza. El General de Brigada es hijo del genocida Roque Carlos Alberto Presti, fallecido sin sentencia en 1993, quien entre octubre de 1975 y octubre de 1977 estuvo a cargo de un centro de detención, secuestros, desapariciones y torturas a 44 víctimas.
A comienzos de enero, Milei designó a militares vinculados a Estados Unidos y Reino Unido —y a la administración Macri— al frente de las Fuerzas Armadas. A saber:
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Brigadier general Xavier Julián Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien fuera Agregado Aeronáutico a la Embajada Argentina en Washington.
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Contraalmirante Carlos María Allievi, jefe de la Armada, que fue Agregado Naval y Agregado Alterno de Defensa a la Embajada Argentina en Washington.
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Brigadier Mayor Fernando Luis Mengo, jefe de la Fuerza Aérea, fue Agregado de Defensa, Militar, Naval y Aeronáutico a la Embajada Argentina en Londres.
La tensión entre Villarruel y Milei en torno a estos nombramientos sigue siendo alta, tanto como la que generó una presunta reunión que, a sus espaldas, habría mantenido aquella con Macri. Algunos análisis plantean que el plan del expresidente consiste en retomar al PRO, partido que fundó pero comparte con Bullrich, y luego del crash gubernamental proponer a Milei un rescate de su gestión. Esto incluiría la disolución de la coalición Juntos por el Cambio para crear un nuevo sello, fusionándolo con La Libertad Avanza, para lograr una mayor base política en el Congreso y puestos de su gente de confianza en ministerios claves.
Todo lo pregonado por Milei en su campaña se va disolviendo, o está siendo acrisolado, por la realidad. Su deriva hiperneoliberal está inmersa en datos y dinámicas que van más allá de sus postulados fundamentalistas basados en tecnicismos económicos, intereses de clase y ambiciones políticas.
En el aire queda la sospecha de que se trata de un castillo de naipes que se derrumbará por desaciertos en lo geopolítico como la exclusión de Argentina del grupo de los Brics+, también por medidas iracundas que parecen jugar contra su permanencia en el gobierno debido a la presión social que generan.