Venezuela cerró el año 2023, en lo referente al diferendo territorial con Guyana, con dos victorias irrebatibles: la primera, la exitosa jornada electoral que significó el referéndum por el Esequibo —alta participación y otorgamiento de un mandato claro—; y la segunda, resumida en la aceptación del diálogo bilateral por parte de Guyana que se materializó en la reunión del 14 de diciembre en San Vicente y las Granadinas, condensada en la Declaración de Argyle. Agregaríamos que esta última se constituye como consecuencia directa de los resultados del referéndum del 3 de diciembre en Venezuela.

A pesar de esto, el año 2024 traerá su dinámica propia a la que la República Bolivariana deberá adaptarse de forma que su posición histórica ante el reclamo no solo se mantenga sino que sea tomada en cuenta. En una entrega anterior analizamos los "Próximos pasos de Guyana en la disputa por el Esequibo"; ahora se busca, bajo los mismos criterios de análisis, abordar los próximos pasos de Venezuela.

Para tal fin retomamos las tres variables consideradas anteriormente (lo institucional, lo diplomático y lo geopolítico), las cuales hacen referencia a aspectos desde donde se desarrollarán los cursos de acción, solo que en el caso venezolano todo este entramado se realizará bajo el influjo de unas elecciones presidenciales que convocan la atención nacional e internacional.

Con este agregado, Venezuela debería transitar el 2024 manteniendo la unidad mostrada en lo referente a la Guayana Esequiba, que debe concentrarse en la exigencia venezolana de volver a las negociaciones en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966, a pesar de las divergencias que en el debate electoral afloren producto de la misma dinámica del sufragio.

El Acuerdo de Ginebra como horizonte de negociación (lo institucional)

Venezuela ha dejado claro, especialmente desde 2015 cuando Guyana inició el cabildeo para llevar la controversia a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que el único marco válido para superar el diferendo territorial con el vecino oriental es el Acuerdo de Ginebra de 1966, en el cual se establecen los pasos a seguir para que las partes logren "soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia".

Además, con la firma de la Declaración de Argyle se establece una hoja de ruta que permite retomar el camino del diálogo, del Derecho Internacional y del Acuerdo de Ginebra de 1966 encauzando pacíficamente la divergencia sobre la Guayana Esequiba, como se venía realizando previo a 2015, cuando Guyana unilateralmente abandonó dicha ruta. Los esfuerzos deben estar encaminados hacia hacer valer política y diplomáticamente los compromisos asumidos por Guyana el 14 de diciembre y que fueron descaradamente violados con el arribo del buque HSM Trent de la armada británica a aguas aun por delimitar.

Venezuela no debe apartarse de esa senda, debe apelar constantemente a la Declaración de Argyle —por lo reciente de su firma y por los mecanismos que contempla— a pesar de que el objetivo de los factores exógenos (Estados Unidos y Reino Unido) a la región, que emplean a Guyana como marioneta, sea azuzar la confrontación a fin de intensificar y aumentar sus capacidades militares en la zona. Por eso la denuncia y la exhortación constante contra el accionar que se constituye en violatorio de la declaración.

La posición de no ir a la CIJ no es una postura gubernamental que responde a las exigencias de la presidencia de Nicolás Maduro, por el contrario, es una postura histórica del Estado venezolano que debería ser asumida sin dilación por cualquier gobierno que llegue a Miraflores, independientemente del signo o color político que represente. Esto debe ser informado y socializado nacional e internacionalmente, y debe destacarse que no hay mecanismo legal y legítimo que pueda coaccionar a Venezuela de aceptar la jurisdicción de la CIJ.

En América Latina y El Caribe sobran ejemplos de controversias territoriales en las cuales la CIJ no interviene para solucionar el conflicto sino más bien en las que los países mantienen los canales de negociación y diálogo bilateral como la forma más práctica para encontrar soluciones —Argentina y Chile por el Pasaje de Drake, o Brasil y Uruguay por el pueblo Thomas Albornoz y la Isla Brasilera).

Socializar la comprensión de la controversia territorial (lo diplomático)

Las relaciones internacionales de hoy demandan de los Estados la construcción de una reputación —positiva— y una imagen de prestigio entre sus pares, que se les reconozca a escala internacional como actores destacados en áreas puntuales. Pensemos, por ejemplo, en Noruega o Catar como mediadores o facilitadores de procesos de diálogo, o en México como país garante del derecho de asilo.

En el caso venezolano, el concepto de diplomacia de paz bolivariana implementado y puesto en práctica a lo largo de los últimos 25 años viene a institucionalizar un ejercicio que le acompañó, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, y que le ha otorgado cierto reconocimiento como un actor que facilita y acompaña los procesos de paz: Colombia en el siglo XXI y Grupo Contadora finalizando el siglo XX.

De este modo, ganar la voluntad de otros factores internacionales constituye una arista del poder blando que no debe ser despreciada ni subvalorada por ningún sujeto internacional, en especial por los Estados como Venezuela que se enfrentan a diario contra campañas promovidas para desprestigiar y dañar la imagen nacional, y que presentan el país como un paria de la comunidad internacional.

En ese sentido, la apuesta por socializar la postura venezolana ante la controversia territorial en la región latinoamericana y caribeña debería ser una tarea primordial en este 2024, habida cuenta de que Venezuela no participará en el proceso de la CIJ, hecho que seguramente sumará argumentos a los que ya existen —promovidos por Guyana— y que nos muestran como un país que contraviene el Derecho Internacional.

Por el contrario, la exigencia venezolana de volver al Acuerdo de Ginebra y, por consiguiente, de encontrar una solución práctica y mutuamente satisfactoria, podría despertar simpatías regionales, toda vez que al ser una forma de resolución que privilegia el diálogo y la negociación bilateral evita la judicialización del diferendo y, en consecuencia, la posibilidad de complejizar todavía más la controversia a partir del momento en que el veredicto no satisfaga los intereses de alguna de las partes —situación inevitable en un juicio— y termine comprometiéndose la estabilidad regional.

En este sentido, Venezuela debe apostar a un diálogo regional que le permita generar espacios de socialización y, sobre todo, de comprensión del diferendo territorial que mantiene con Guyana, con el objetivo de desmontar esa visión impuesta por el vecino oriental de presentarnos como el país agresor y guerrerista que pretende arrebatarle más de la mitad de su territorio, lo que a la postre condicionaría su desarrollo económico.

La Cumbre de la Celac prevista para los primeros meses de 2024 —probablemente a finales de enero o principios de febrero en San Vicente y las Granadinas— podría representar ese espacio idóneo para que Venezuela, con un despliegue diplomático, exponga sus motivos y razones, sin que esto implique el abandono de los compromisos contemplados en la Declaración de Argyle.

Caracas debe aprovechar que, tanto San Vicente y las Granadinas, que mantiene la actual presidencia pro témpore de la Celac, como la República de Honduras, que dirigirá la organización durante 2024, son países cercanos —por no decir aliados— de Venezuela, y ambos hacen parte de los compromisos asumidos en tierras sanvicentinas.

Asimismo, el diálogo e intercambio de información con los países Brics+ se muestra estratégico, no solo por el hecho de que China y Rusia son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU con derecho a veto, sino porque próximamente, como lo indicó el presidente Nicolás Maduro, Venezuela podría ser incorporada al grupo como miembro con plenos derechos.

Especial atención demandará el abordaje con la India, país Brics+ que, si bien dejó claro su apuesta a una solución pacífica de la controversia territorial en el marco de las gestiones que viene realizando la región (Argyle), mantiene lazos con Georgestown en la esfera religiosa, cultural e histórica, que los acerca y compromete.

El despliegue diplomático no debe implicar convencer a otros Estados sobre la justeza de las exigencias venezolanas, sino que debe proporcionar herramientas para situar el diferendo en el terreno que le corresponde, que no es más que mostrarlo como producto de la herencia del despojo colonial británico y que no fue resuelto en el proceso de descoloniazación de los años 1960.

Alianzas y demostraciones de soberanía (lo geopolítico)

El mandato que surgió tras el referéndum sobre la Guayana Esequiba fue contundente. El territorio no solo se incorporará como sujeto federal con todas las atribuciones políticas, administrativas y presupuestarias que demanda cualquier otra entidad, sino que el Estado, a través de PDVSA, podrá licitar zonas tanto en el territorio continental como en la fachada continental para su explotación.

Estas nuevas prerrogativas que, de acuerdo con los resultados del referéndum, asumirá el estado Guayana Esequiba se sumarán a las ya implementadas por el ejecutivo nacional, como la del Territorio para el Desarrollo de la Fachada Atlántica y que fortalecen la presencia venezolana en el área en controversia.

No obstante, lo verdaderamente novedoso por su impacto real, y sobre todo simbólico, es la posibilidad de otorgamiento de concesiones y las eventuales regalías que recibirá el Estado venezolano producto de dichos contratos en materia de gas, petróleo y minerales por parte de empresas nacionales o foráneas que, asumiendo la soberanía venezolana en la zona, invertirán con las garantías jurisdiccionales que la República Bolivariana les proporciona.

Mucho se especula sobre la cautela que asumirán las empresas transnacionales energéticas y mineras sobre la propuesta venezolana de concesiones y licencias para la explotación de la zona, pero de seguro que una oferta económica atractiva podrá incentivar y terminar de inclinar la balanza para que dichas empresas terminen persuadiéndose a favor de Venezuela y no de Guyana.

Visto así, podríamos —sugerir— estar a la puertas del establecimiento de una nueva zona económica especial que sirva de estímulo para motorizar no solo la inversión en gas, petróleo y minerales sino en las actividades conexas que generan esas áreas, sobre todo en lo que a infraestructura se refiere (carreteras, puertos, aeropuertos, etcétera). Por tal motivo, la seguridad jurídica y una oferta de inversión atractiva serán las cartas de presentación que acompañarán el accionar de las divisiones de PDVSA y CVG Esequibo en 2024 a fin de cumplir la tarea encomendada. De concretarse esto, se abrirían las puertas de una explotación conjunta "de facto" del área en controversia, que permita continuar con el diferendo a través de los mecanismos ya existentes hasta su resolución definitiva.

Como lo mencionó el ministro Vladímir Padrino López, es previsible la regularización de los ejercicios militares, como los observados en 2023, con el objeto de fortalecer las capacidades operacionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de cara a garantizar el mandato constitucional de soberanía e integridad territorial. El despliegue de la FANB será por consiguiente generalizado en aras de garantizar la presencia del Estado en todos los confines del territorio nacional, fortaleciendo especialmente la presencia en la isla Anacoco, cabeza de playa hacia el Esequibo.

Así las cosas, no sería extraño observar durante este año 2024 una renovación de la cooperación e intercambio militar de Venezuela con sus aliados estratégicos, en especial con Rusia, China e Irán, con los que ya se viene trabajando a profundidad en el área, incluso explorando opciones con otros socios como Türkiye. Veríamos una reedición de lo observado en los "Juegos de Guerra" realizados en 2022 en Venezuela con la participación de Rusia, China, Irán y otros países más, o de algo parecido a ejercicios militares conjuntos con países aliados.

El 2024 como año de acciones concretas

Con este escenario, el año 2024 se presenta como uno cuando el Estado venezolano, ya teniendo el mandato constitucional definido con el referéndum, tomará la iniciativa en relación con el Esequibo: sostenimiento de la posición histórica de no acudir a la CIJ y privilegiar, por el contrario, el Acuerdo de Ginebra de 1966; despliegue diplomático que permita la comprensión de la controversia, sobre todo a escala regional y en la zona Brics+; y a escala geopolítica el ejercicio de soberanía sobre la zona controvertida a todo nivel que se materializará en el despliegue de la FANB, fundamentalmente con el otorgamiento de concesiones y licitaciones en el territorio disputado.

Guyana se queda solo a la espera de un juicio que no surtirá ningún efecto concreto porque Venezuela no reconoce la jurisdicción de la CIJ y no habrá forma de hacer acatar la decisión que asuma el tribunal. Por el contrario, la República Bolivariana puede seguir realizando movimientos que presionen la República Cooperativa a terminar de entender que el único camino que proporcionará una solución duradera y aceptada por las partes será la que contempla el Acuerdo de Ginebra de 1966: la negociación y el acuerdo.