Este año, el brazo legislativo en Washington ha introducido tres proyectos de ley en el Congreso de Estados Unidos contra Venezuela: la Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Ilegítimo Autoritario de Venezuela, la Ley "AFFECT" de Derechos Humanos en Venezuela y la Ley de la Democracia Venezolana. Los proyectos tienen un denominador común: aumentar aún más la presión del bloqueo e imponerle un marco de "asistencia humanitaria".

El enfoque de este trabajo ronda la Ley de la Democracia Venezolana que se introdujo en el recién instalado Senado estadounidense en marzo pasado. El proyecto de ley lo armaron cinco republicanos: Jim Risch, Marco Rubio, Bill Hagerty, Rick Scott y John Barrasso, quienes orbitan en el lobby de las empresas energéticas y de las corporaciones que movilizan grandes sumas de dinero para reconstruir y asistir países "necesitados".

La ley es un mega proyecto aspiracional de gestión administrativa-injerencista hacia Venezuela que inicia con el bosquejo de la hoja de ruta que quisieran aplicar en un próximo escenario de coacción, y que a través de su articulado busca establecer las pautas para que toda la estructura estatal de Estados Unidos se engrane en la no tan innovadora operatividad contra Venezuela, a saber:

1. Transición "pacífica".
2. Reanudación del crecimiento económico en Venezuela.
3. Imposición de "sanciones" al gobierno venezolano y a cualquier sucesor que ellos consideren que "no es democrático".
4. Asistencia y financiamiento.

Esta "estrategia" no aparece de la nada, es un modus operandi conocido e impuesto en otros países como Haití o Siria, y también se ha descrito en informes como el publicado en diciembre de 2022 por el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, "Venezuela en 2023 y más allá: trazando un rumbo distinto", que muestra, en esencia, lo desarrollado en esta ley.

"Transición y asistencia"

Sobre la transición pacífica, dos apartados abordan esa ruta. Uno sobre los "requisitos para determinar si un gobierno de transición está en el poder en Venezuela" y otro sobre la política hacia "un gobierno de transición y un gobierno elegido democráticamente" que, en líneas generales y más allá de la evidente intrusión, asoman el trasfondo de los nuevos pasos para cambiar el gobierno de Venezuela: resaltar iniciativas que parezcan surgidas desde cualquier grupo que represente la llamada "sociedad civil" y en las que pueda reconocerse "la autodeterminación del pueblo", para alentarlo a "empoderarse con un gobierno".

Incluso, en los términos de ese anhelado paso de un gobierno de transición a un gobierno per se, estos congresistas se atreven a agregar que el gobierno democrático que se elija —democrático según sus criterios e intereses— resultará de "una expresión de la autodeterminación del pueblo". La estrategia de presión tendrá el mismo objetivo de cambio de gobierno, pero por vías más "espontáneas".

En esa misma sección señalan que, ante una "difícil" transición, la administración estadounidense como un todo debe estar preparada para brindar "asistencia humanitaria", lugar donde realmente hacen el negocio y proyectan sus intereses políticos.

De hecho, más adelante se describe que el Export-Import Bank de Estados Unidos será parte de todas las agencias que estarán en esa asistencia. Cabe destacar que tal instancia financia las exportaciones de productos y servicios estadounidenses hacia mercados internacionales.

Matthew Rooney, exfuncionario del Departamento de Estado y asesor del think tank George W. Bush Institute, explicó en un artículo de 2019 que el Congreso de Estados Unidos presupuesta cantidades de dólares anuales para influir y presionar los gobiernos extranjeros para que apoyen y prioricen los intereses estadounidenses en ese país y en la región determinada.

La ley también refiere la distribución de recursos en el marco de esa "asistencia" explicando que, para que "lleguen al pueblo", se deben usar las agencias estadounidenses y las organizaciones no gubernamentales (ONG), asunto sobre el que ya se cuenta con un precedente: la olla de corruptela que se destapó por el desvío de fondos de la "ayuda humanitaria" en 2019, cortesía de la banda Guaidó.

Estas irregularidades en esa modalidad de reparto de recursos es bien conocida en los grupos de poder de Estados Unidos. El economista y profesor de la Universidad de Estocolmo, Jakob Svensson, describió en su libro Foreign Aid and Rent-Seeking (Ayuda extranjera y rentismo) que "la entrada de ayuda afecta negativamente una economía en desarrollo porque estos recursos son desviados de actividades productivas a actividades de búsqueda de rentas por personas de grupos sociales de la élite de la economía".

A fin de cuentas, la malversación de fondos va de la mano con esas iniciativas para nada altruistas: se trata de una simbiosis macabra de gestión de un gran negocio.

Por otro lado, en torno a ese esquema de "asistencia al pueblo de Venezuela" estos congresistas agregaron un segmento dedicado a que se debe brindar asistencia en la preparación de las fuerzas militares venezolanas, una vez establecido un nuevo gobierno.

Este inciso marca la diferencia con otras leyes porque traspasa la esfera comercial y política e ingresa en el campo de la defensa y soberanía. No es sorpresivo este enfoque estadounidense debido a que llevan tiempo impulsando el recetario de injerencia en diferentes países, cuyo objetivo crucial en la agenda internacional de la Casa Blanca es lograr controlar las fuerzas armadas de un país a los fines de garantizar sus intereses.

Más bloqueo, más "sanciones"

En el tenor de impedir cualquier tipo de financiamiento al gobierno venezolano, en esta ley la sección de imposición de "sanciones" señala que el Secretario del Tesoro de Estados Unidos tendrá la facultad de retener cualquier pago o préstamo que apruebe una institución financiera internacional como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones, entre otros.

Aunado a ello, para expandir el rango de acción de esta iniciativa de ahorcamiento se incluye que el gobierno estadounidense deberá aupar a otros gobiernos a que se restrinja cualquier relación comercial y crediticia con Venezuela. Asimismo, la ley estipula que se impondrán medidas coercitivas a cualquier gobierno extranjero que ofrezca ayuda o asistencia al venezolano.

Es ostensible que un párrafo estaría hecho para impedir cualquier tipo de financiamiento a PDVSA, ya que la licencia a Chevron es una acción que ha perturbado a estos senadores; así lo dijo el año pasado el republicano Risch: "Estamos profundamente preocupados por los planes de la administración Biden de aliviar una vez más las sanciones".

Con una revisión de esta ley se puede constatar que su redacción tiene la intención de erigirse como una Constitución para Venezuela, elaborada por cortesía de Estados Unidos.

Si se promulga este proyecto de ley, podría potencialmente anular cualquier vía para normalizar las relaciones bilaterales con Estados Unidos.