Con la petición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al gobierno de Italia de la extradición de Rafael Ramírez, ex ministro de Petróleo y Energía y ex presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), se abre un nuevo capítulo de la lucha contra la corrupción que lleva a cabo el Ministerio Público en las entrañas de la industria petrolera venezolana.

Ramírez está siendo acusado de peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación para delinquir, previstas y sancionadas respectivamente en los artículos 54 y 60 de la Ley Contra la Corrupción y 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

El sitio de periodismo de datos e investigación La Tabla publicó una nota donde devela las tramas delictivas en las que estaba incurso el ex ministro venezolano de Petróleo y ex presidente de PDVSA.

Tras la designación de Tarek William Saab como Fiscal General por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en el último trimestre de 2017, se han venido conociendo distintos hechos de corrupción que sugerían una trama en la que Ramírez fungía como un eje, siendo éste el principal director de la política energética de Venezuela por una década.

Tres de los casos más sonados en materia de desfalco y coimas en la industria petrolera venezolana lo tienen en el centro. Se tratan de:

1. Legitimación de capitales a través de la Banca Privada de Andorra en cuentas de su primo Diego Salazar Carreño.

2. Contratación del barco de perforación Petrosaudi Saturn, que por su estado de deterioro no podía cumplir con los requerimientos de trabajo.

3. Subvaloración y manipulación de los precios de los crudos venezolanos a través de modificaciones al Factor K.

Andorra en el mapa venezolano

En su momento, el Fiscal General de la República Bolivariana aseguró que, según los documentos de la investigación desarrollada por las autoridades judiciales del Principado de Andorra, Ramírez está involucrado en un caso de legitimación de capitales de su primo Salazar, quien lo menciona como socio en actividades de intermediación de compra-venta de petróleo.

Salazar, un ex vendedor de seguros, trabajó como gestor ante PDVSA con el objetivo de obtener la adjudicación de contratos a las compañías que supuestamente asesoraba y que le pagaron comisiones millonarias, sin embargo dichas adjudicaciones no tuvieron ningún tipo de documentos que avalaran la prestación legítima de servicio alguno.

Cuando Saab presentó las pruebas del caso, preguntó ante los medios de comunicación: “¿Cómo logró su primo-hermano hacer esto sin su complicidad?”. La respuesta, dictan las pruebas, se brinda por sí sola.

Los datos arrojan que Salazar Carreño habría movilizado más de 1 mil 345 millones de euros desde cuentas a su nombre en paraísos fiscales, donde se depositaban recursos obtenidos de manera irregular, producto de comisiones y contratos ficticios realizados con la estatal venezolana.

Entre los beneficiados se encuentran familiares y allegados como el médico Fidel Ramírez Carreño, hermano del ex presidente de PDVSA.

La estafa de un barco taladro

Ramírez también está vinculado a la contratación de un barco taladro, Saturn, para la realización de perforaciones en yacimientos de gas, localizados costa afuera, en el oriente de Venezuela.

Según el Ministerio Público, Rafael Ramírez es el “padre intelectual de esta trama bochornosa” (Saab dixit), pues el contrato cerrado por siete años con la compañía Petrosaudi fue auspiciado directamente por el ex presidente de PDVSA.

Las condiciones deterioradas del taladro, construido en 1983, no le permitió operar ni el 60% del tiempo para el cual fue contratado y por el que se cancelaban cerca de 500 mil dólares diarios.

En total, PDVSA pagó más de 1 mil 100 millones de dólares por un servicio que nunca fue prestado.

La Tabla realizó “una pesquisa hemerográfica” con la que se

“permitió precisar que el barco taladro Songa Saturn (o Petrosaudi Saturn), uno de los dos contratados por PDVSA para la perforación de campos de gas en el mar Caribe, fue presentado como de ‘última generación’ por el entonces ministro de petróleo Rafael Ramírez, según lo reseñó una nota de prensa de la estatal divulgada el 24 de septiembre de 2010, lo que demuestra lo afirmado el jueves por Saab”.

La web de investigación cita las palabras de Ramírez en 2010, cuando anunció la llegada del equipo:

“Se trata de un barco taladro de última generación que nos permitirá comenzar a taladrar a una profundidad de hasta 1 mil 200 metros y perforar hasta 1 mil metros a partir del fondo marino”.

Según el mismo ex ministro, la incorporación del barco taladro al desarrollo gasífero venezolano costa afuera era parte de un acuerdo con Arabia Saudí para la conformación de una compañía mixta en Venezuela, y destacó que sería “la primera vez en la historia que se constituye una empresa de estas características entre Venezuela y otra nación miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)”, cita La Tabla.

Sin embargo, refiere el sitiado manejado por el periodista Víctor Hugo Majano, “Petrosaudi es una compañía privada creada por el ciudadano saudita Tarek Essam Ahmad Obaid en 2005 y con sede en Inglaterra, por lo que sería impreciso definir la negociación como un acuerdo entre estados”.

Ramírez aseguró que la conformación de la empresa mixta, con mayoría venezolana, requeriría “una inversión de 2 mil 500 millones de dólares”. Un dato no menor, ya que, dice el sitio periodístico:

“Llama la atención el elevado monto, puesto que días después (octubre) se hizo público que el Songa (Saturn) había sido adquirido por Petrosaudi a la compañía Songa Offshore, por la cifra de 260 millones de dólares, según lo reseñó el sitio PennEnergy”.

El “Factor K” como mecanismo de manipulación

Las investigaciones del Ministerio Público indicaron que Rafael Ramírez también es responsable directo de la manipulación de los precios del crudo venezolano, a través de la desconexión del llamado “Factor K”, un componente de cálculo que incorpora elementos coyunturales del mercado petrolero, para obtener ganancias ilícitas.

“El mecanismo delictivo utilizado fue la subvaloración de los precios de los crudos venezolanos a través de la desconexión del cálculo del llamado del conocido «Factor K»”, escribió en Twitter el Fiscal General en su momento.

Saab dijo que el Factor K “es un elemento de cálculo que toma en cuenta las situaciones coyunturales para la determinación de los precios e incluye componentes cualitativos como las condiciones geopolíticas” y cuantitativos como la disponibilidad de almacenes y transporte.

Para realizar estos cálculos el ministro Ramírez creó una oficina de inteligencia de mercados (EPRS, por sus siglas en inglés) bajo la dirección de Bernard Mommer (autor y experto petrolero de larga data), con sede en la ciudad de Viena, Austria, y dependiente de PDVSA Europa.

Esta oficina fue autorizada en 2009 para contratar a la firma JBC Energy para asumir la determinación del “Factor K” y de los escaladores AGA (que miden la relación de entre los grados API y el porcentaje de azufre).

Según los documentos que obtuvo La Tabla,

“tal contratación fue ordenada por Ramírez luego de negar un punto de cuenta del viceministerio de Hidrocarburos que proponía que tales tareas se hicieran en Venezuela y por personal del propio despacho de Petróleo”.

El mecanismo de cálculo terminó por generar pérdidas al país por una suma que supera los 5 mil millones de dólares, entre 2009 y 2015.

El Ministerio Público logró precisar el fondo de esta trama a raíz del error de cálculo del “Factor K” reconocido en marzo de 2013 por Citgo Petroleum, filial de PDVSA en Estados Unidos, que en consecuencia pagó cerca de 900 millones de dólares para compensar el error.