El atentado magnicida contra Cristina Fernández en Argentina pone en alerta máxima a un país en un álgido momento político. La vicepresidenta, una lideresa con la mayor popularidad en la sociedad argentina en la última década, está siendo objetivo de una campaña política, judicial y mediática desde hace años, cuyo punto de inflexión es este intento de asesinato.

Las manifestaciones de apoyo a la vicepresidenta Fernández se despliegan con intensidad en las calles del país rioplatense y en los canales de comunicación digital, en repudio a los métodos de delito político. En un contexto de lawfare, confrontación política interna, crisis económica y social, injerencia extranjera (léase el caso Emtrasur), infodemia, una conmoción como la presente desataría escenarios donde la violencia física política toma fuelle.

• El presidente Alberto Fernández repudió el intento de magnicidio y le dio debida importancia al acontecimiento: "Estamos ante un hecho que tiene una gravedad institucional y humana extrema. Se ha atentado contra nuestra vicepresidenta y la paz social ha sido alterada".
• Políticos argentinos (incluso de la oposición, como Mauricio Macri), de la región y otras partes del mundo han manifestado solidaridad y/o rechazo ante el suceso.

En otras latitudes, como en Venezuela, se han experimentado escenarios similares. La violencia política deja saldos dolorosos en las sociedades, pues toca los grados estructurales del estado y la población, se instrumentalizan los imaginarios de acuerdo a las agendas y tácticas, la violencia sistémica y cotidiana se agudiza. Un paseo por la historia reciente del continente americano da cuenta de los precedentes inmediatos. Argentina está siendo llevada a esos derroteros consistentemente desde el auge del kirchnerismo como actor gubernamental y fenómeno político-social.

Si bien hay sectores que se atreven a banalizar el suceso, existen datos fácticos sobre el intento de magnicidio como la identidad del agresor y su componente ideológico, además de los audiovisuales donde se muestra claramente el engatillamiento del arma de fuego apuntando a Cristina Fernández.

Lo fáctico y lo que está bajo sospecha

El hombre que apretó el gatillo es Fernando Andres Sabag Montiel, de profesión transportista automotor, quien llevaba una pistola Bersa calibre .38 con cinco proyectiles. Disparó apenas a centímetros de Fernández, pero las balas no salieron.

El sujeto fue apresado en el acto.

La vicepresidenta argentina se encontraba, alrededor de las 9 de la noche del jueves 1° de septiembre, en las adyacencias de su domicilio, entre Juncal y Uruguay, en Recoleta (Buenos Aires), firmando autógrafos y saludando a simpatizantes y militantes. Entre el montón, Sabaq Montiel arremetió infructuosamente contra ella, en una maniobra que apunta a un trabajo no individual.

Página/12 recoge que el abogado de Cristina Fernández, Gregorio Dalbón, aseguró que "falló la custodia".

El mismo medio cita al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien declaró que "todo el accionar fue de la custodia oficial. Después de los análisis se tendrá más información al respecto. Esperemos un poco para dar detalles sobre el arma".

La Policía Federal, responsable de la custodia de Cristina Kirchner, comunicó hoy 2 de septiembre que para la investigación sobre el atentado se creó "un equipo interdisciplinario" de esa fuerza, que por el momento se encuentra en la etapa de recolección de "elementos probatorios para la causa".

El equipo está al frente del Juzgado nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal 5, integrado por el Ministerio Público y todas las dependencias de la Policía Federal.

• Al cierre de esta nota, se está analizando en el edificio del Tribunal de la Capital Federal de Argentina el teléfono del detenido: ya se logró ingresar al mismo y se están analizando todos sus mensajes.

De confirmarse la tesis de que hubo un "accionar" (un complot) por parte de la Policía Federal, la trama se complicaría a nuevos niveles en el actual escenario argentino. En un análisis anterior recordábamos la conexión entre la justicia, los servicios de inteligencia y seguridad, la clase política antikirchnerista y los lobbys políticos extranjeros en Argentina, a propósito del caso Emtrasur, una componenda que se puede extender a los hilos aún no velados detrás del intento de magnicidio.

Pero hay más datos que contradicen la poco afortunada teoría del "lobo solitario", que maneja la hipótesis de que se trataba de un trabajo individual.

Sabaq Montiel había aparecido apenas semanas y meses atrás en Crónica TV, canal de información del Grupo Olmos, característico por la estridencia amarillista y el sensacionalismo politiquero. En el momento del video, él y su novia hablaron en contra de los planes sociales para los sectores más empobrecidos del país, un corte que se viralizó hace pocas semanas.

En este otro, aparece como un transeúnte más, solícito de contribuir al reportaje del canal, a declarar en contra del nombramiento de Sergio Massa como miembro del gabinete del presidente Fernández.

Sabaq Montiel, en marzo de 2021, "fue interceptado por la Policía a bordo de un Chevrolet Prisma negro, sin patente, que dijo ser empleado de una compañía telefónica. Al abrir las puertas, la policía encontró un cuchillo de 35 centímetros de largo. Por ese episodio, se le labró un acta contravencional e intervino la Fiscalía Nº 8, aunque el expediente fue archivado tiempo después", informa Página/12.

• También, tiene en su piel tatuados simbolismos esotéricos relacionados con ideologías de extrema derecha, como el nazismo.
• Entre ellos, el sol negro, Sonnenrad o rueda del sol, lo tiene tatuado en el codo. Se trata de un símbolo esotérico que el general nazi Heinrich Himmler puso de moda y es muy extendido en la ultraderecha actual, visto cientos de veces en Ucrania y sus alrededores.
• El mismo Payton S. Gendron, asesino de la masacre de Buffalo (Estados Unidos) en mayo reciente, portaba el símbolo en el chaleco antibalas y miembros del Regimiento Azov lo tenían tatuado.

En todo caso, lo que sí podemos afirmar es que el atentado no se trató de "un acto de violencia individual", como lo calificó la política opositora y exministra de Seguridad Patria Bullrich, proveniente de la organización guerrillera Montoneros y probablemente una ficha política de importancia de Estados Unidos, sino más bien de un delito político a todas luces. Se trate de un "lobo solitario" o de un complot, la acumulación de operaciones psicológicas, mediáticas, políticas y judiciales contra la propia Fernández ha creado un clima social para que se abriera un escenario de violencia política estremecedora como el actual.

Los aparatos ideológicos del odio

Desde que el kirchnerismo tomó las riendas del estado, las campañas destituyentes de criminalización y propaganda son el pan de cada día en Argentina.

Las figuras de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner han sido atacadas sistemáticamente con una diversidad de maniobras que van de lo mediático a lo judicial, pasando por las confrontaciones políticas y ahora violentas. En sus dos periodos presidenciales, y ahora como vicepresidenta, Fernández ha experimentado la escalada de agresiones e intentos de anularla del ejercicio político y militante por parte de los sectores nacionales más reaccionarios, e incluso internacionales.

• En 2009, en un vuelo del helicóptero presidencial donde se trasladaban la presidenta Cristina Fernández y su esposo, entonces diputado Néstor Kirchner, vía a Buenos Aires, se interceptó la comunicación radial y se escucharon voces aludiendo a sus tripulantes. "Maten a la yegua", "Maten al pescado", "Mátenla", fueron las frases que aparecieron junto a un fragmento de "Avenida de las Camelias", marcha militar que acompañó durante años los comunicados de la última dictadura. La interferencia pudo haber sido suficiente para provocar peligro: "Si hubieran dado instrucciones a un avión –dijo el piloto Jorge Pérez Tamayo–, podría haber colisionado en el aire".

El actual presidente argentino no es el único actor de importancia en el país que llama a repudiar este tipo de campañas estratégicas. Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, llamó a "impedir que la mafia del odio avance". Nora Cortiñas, co-fundadora de Madres de Plaza de Mayo, denunció:

"No es posible tolerar este odio, ni este veneno que larga la derecha. Desparraman veneno. Este odio fue creciendo en la derecha de manera inusitada, hay una violencia contra Cristina producto del odio manifiesto que hasta ahora no llegaba a esto".

De modo que la instrumentalización violenta del odio es un componente que se reconoce está en el centro de la confrontación política (recuérdese las pintas de "Viva el cáncer" por la muerte de Eva Perón), en el entendido de que toda acción discursiva y simbólica, bien alimentada y extendida a todas las esferas de la sociedad, es susceptible de tener distintas respuestas en la realidad física.

En este sentido puede entenderse el caso desde el punto de vista del "terrorismo estocástico", que de acuerdo al académico español Miguel Palomo es una "noción que viene a señalar actos de terrorismo llevados a cabo por lobos solitarios que han sido alimentados con elementos informativos que refuerzan continuamente la ideología radical que han ido adquiriendo paulatinamente gracias a la desinformación, al funcionamiento de las redes y a las echo chambers [cajas de resonancia]".

El atentado fue un acto de terrorismo magnicida; el estremecimiento y la consternación social en un contexto de inseguridad política que se abre en el escenario argentino es un elemento terrorista contundente. La psiquis social y política bombardeada constantemente de toxicidad ideológica y desinformativa es también una norma en las operaciones de terrorismo mediático, con implicaciones prácticas en el campo político y social.

Una muestra:

Lawfare en el contexto

Cristina Fernández ya estaba siendo la protagonista de muchas portadas en la prensa argentina, esta vez por la causa llamada Vialidad, en la que se busca condenarla por supuestamente favorecer al empresario Lázaro Báez en la concesión de obras públicas en Santa Cruz.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron 12 años de prisión para la actual vicepresidenta e inhabilitación perpetua para ejercer cargos, tras acusarla de liderar una asociación ilícita para defraudar al estado.

Ante el rechazo del tribunal en su pedido para hablar, la lideresa peronista denunció en redes sociales, el 24 de agosto, que estaba frente a un "pelotón de fusilamiento mediático-judicial", y alegó que ya la sentencia está firmada desde antes del comienzo de la causa. Describió la corrupción en el seno del Poder Judicial como un festín para sus agentes, en este caso los fiscales, presidentes de tribunales, jueces e integrantes fundamentales de la Cámara Federal de Casación, quienes tienen lazos con el macrismo y otros grupos de poder opositores.

Y se refirió a la judicialización de su figura por motivos políticos, apuntando a las cloacas judiciales de su país:

"El lawfare tiene un escalón superior. Siempre hemos ido un poquito más allá los argentinos. Cuando vivimos la tragedia de la dictadura genocida, fue la más sangrienta de todas (…) En esta farsa de hoy que es lawfare en América Latina, cuando ya no hay partidos militares, pero hay Partido Judicial, dan un paso más. Acá no se trata de estigmatizar o confundir a los gobiernos populares con asociaciones ilícitas, ahora protegen a los que verdaderamente roban en el país".

Con Vialidad, la vicepresidenta acumula 10 causas judiciales en las que fue procesada, siete de ellas a cargo del juez federal Claudio Bonadio, fallecido en 2020. Cinco de esas causas están a la espera de un juicio oral, es decir, que luego de su procesamiento, la justicia dio por cerrada la etapa de instrucción y ahora otro tribunal juzgará su culpabilidad.

De modo que estamos en presencia de una persecución, en la búsqueda de borrar a Cristina Fernández del panorama político, el social nacional y el físico, a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2023. La inestabilidad es la nueva estabilidad en Argentina (y en gran parte del continente americano desde hace unos años), teniendo el lawfare como un elemento central en la dinámica institucional.

Ahora, se agrega el ingrediente de la violencia política en un escenario altamente volátil y lleno de incertidumbres en el país sureño. Un intento de magnicidio es la prueba de que Argentina está atravesando un umbral que no cruzaba desde los años de la última dictadura militar, cuando el terrorismo de Estado estaba en connivencia con los poderes judiciales y la muerte era un remedio aceptado políticamente.