Un tribunal de Washington, a cargo del juez Carl Nichols, ordenó a Venezuela pagar unos 8 mil 700 millones de dólares a la empresa petrolera estadounidense ConocoPhillips por la nacionalización de sus activos en Venezuela.

ConocoPhillips, e igualmente la estadounidense Exxon, fueron las únicas empresas extranjeras que no se sometieron a los procesos de nacionalización parcial de empresas y proyectos, mediante la modalidad de Empresas Mixtas en la Faja Petrolífera del Orinoco en el año 2007, por lo cual sus activos fueron expropiados.

El Tribunal estadounidense emitió este lunes 22 de agosto su orden para hacer cumplir un laudo arbitral que ConocoPhillips ganó en 2019.

ConocoPhillips tras los activos de Venezuela en varios frentes

La empresa estadounidense es la más activa en la busca de recursos venezolanos en el extranjero para "hacer valer y cumplir" los fallos lesivos a Venezuela y que les han favorecido en tribunales internacionales.

ConocoPhillips se encuentra entre varias empresas que apuntan a apoderarse de las acciones de CITGO Petroleum Corporation, filial de PDVSA en suelo norteamericano. CITGO cuenta con tres refinerías, plantas de distribución de combustible y una franquicia con 7 mil estaciones de servicio en ese país.

Pero, además de ello, ConocoPhillips ha reclamado para sí los fondos de PDVSA que se encuentran en el Novo Banco de Portugal.

En agosto del año pasado, trascendió que la petrolera estadounidense actuó intentando cobrar unos 115 millones de dólares que el gobierno de Jamaica debe a Venezuela, todo para hacer cumplir parcialmente otro laudo arbitral de 2 mil millones favorable a Conoco y ganado en tribunales fuera de Venezuela.

En 2018, Venezuela y la empresa estadounidense habían alcanzado un acuerdo para el pago de 1 mil 870 millones de dólares por parte de Venezuela, mediante acuerdos de conciliación para recuperar el monto total adeudado y responder a los laudos.

La empresa estadounidense debía suspender o dejar sin efecto todas las medidas tomadas para ejecutar el laudo arbitral, pero el bloqueo a Venezuela ha inhabilitado al país a intercalar financieramente su venta de crudo, base de ingresos y pago de deudas a causa del cierre de cuentas y congelamiento de fondos.

Venezuela sin derecho a la defensa

El modelo de cerco económico a Venezuela tiene un componente de uso de mecanismos legales y pseudo-legales para ejercer presión (lawfare). Este ha sido clave para inhabilitar las facultades de defensa de Venezuela ante instancias internacionales.

Aunque el país ha contado con limitadas facultades para defenderse en Reino Unido, Portugal y otros países, el caso estadounidense es particular por su grave lesión a los intereses venezolanos. De acuerdo a los poderes ejecutivo y judicial en ese país, solo están facultados para ello los personeros del llamado "gobierno interino" de Juan Guaidó, instancia que aún se sostiene precariamente fuera de Venezuela gracias a ese mismo aparato institucional estadounidense.

De acuerdo al juez Nichols, el fallo por incumplimiento de la moción de la compañía se otorgó favorablemente a ConocoPhillips porque Venezuela no compareció ni respondió con documentos judiciales.

En otras palabras, acorde a este tribunal estadounidense, Venezuela no hizo ejercicio de la defensa.

Esto se explica mediante la fallida estructura mafiosa denominada "Procuraduría especial", que no tiene asidero institucional en Venezuela y que es un órgano del autodenominado "gobierno interino". En teoría, esta instancia tiene el rol de defender los intereses de Venezuela en países y cortes donde se reconoce a Juan Guaidó como "presidente" de Venezuela.

En los años 2020 y 2021, este órgano ilegal ha clamado por el uso de recursos congelados a Venezuela para pagar costosos bufetes en el extranjero, usando dinero de manera discrecional y sin sujetarse a ningún mecanismo contralor en Venezuela. Pero ahora el esquema ha colapsado.

En agosto pasado, tres firmas de abogados dieron un ultimátum a la oposición venezolana debido a la "falta de pagos de sus honorarios" por representaciones en litigios sobre activos en el extranjero, según advirtió el Procurador Especial para esos asuntos designado por el "gobierno interino" de Juan Guaidó, Enrique Sánchez Falcón.

Sánchez participó en la sesión de una comisión delegada del autodenominado "vigente" parlamento electo en 2015, que la oposición considera como la única institución legítima del país.

Allí Sánchez aprovechó para remarcar la importancia de que esa instancia opositora apruebe fondos para honrar las deudas contraídas con los bufetes legales en casos contra Venezuela, como la demanda judicial de la empresa petrolera ConocoPhillips.

Sánchez mencionó la urgencia de aprobar el pago de una deuda con la firma de abogados Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle para evitar su retiro formal del juicio contra Venezuela por parte de la empresa petrolera ConocoPhillips, indicó.

"Pudiéramos correr el riesgo de que desatiendan el juicio (…) podríamos dejarnos en una situación bien difícil".

Al parecer el riesgo al que aludía, se ha consumado.

El "funcionario" del "gobierno interino" refirió por el orden de 63 millones de dólares en gastos legales de la "procuraduría" desde 2019, que consisten en los honorarios totales de las firmas legales involucradas. El actual "procurador" declara adeudar unos 18 millones de dólares a los bufetes.

Conviene agregar que todas las gestiones del "gobierno interino" en tribunales extranjeros, en su supuesta defensa de Venezuela en los litigios, han resultado fallidas y perjudiciales para el país.

Venezuela denuncia "fraude procesal"

Mediante un Comunicado Oficial, la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela denuncia la forja de un fallo judicial, violando el derecho de la nación a defender sus activos, bienes y recursos "con la complicidad de extremistas apátridas venezolanos", refiere, aludiendo a Juan Guaidó y José Ignacio Hernández, el anterior "procurador especial".

A juicio del gobierno venezolano, han actuado en componenda con agentes extranjeros para favorecer a la transnacional estadounidense.

"Venezuela denuncia ante el mundo esta acción írrita, ilegal y violatoria del derecho internacional, cuya pretensión en consumar la intrincada trama de corrupción que facilite la entrega de activos venezolanos a potencias extranjeras", indicó el comunicado.

El documento denuncia que, mediante un gigantesco fraude procesal, se impide a los representantes legales legítimos de la nación a la defensa integral de los intereses patrimoniales de PDVSA y del país, justificando todo con las medidas coercitivas unilaterales y criminales del gobierno de Estados Unidos.

De igual manera ha sucedido en Argentina con el caso Emtrasur, cuando el 20 de agosto reciente el juez Federico Villena rechazó la representación del gobierno venezolano en el litigio por la incautación estadounidense del avión  y la retención injustificada de la tripulación en Buenos Aires.

La ofensiva judicial extraterritorial sigue en marcha contra la República Bolivariana.