Desde que comenzó la operación militar rusa en Ucrania, la misma ha estado acompañada de una dura guerra informativa y cultural en la que se proscribe toda versión de los hechos proveniente o favorable a Rusia, en los grandes medios y redes sociales, así como se permiten todos los excesos contra los rusos, incluidas acciones genéricas contra las manifestaciones culturales, artísticas y contra el mismo pueblo ruso en el espectro occidental.

Este aspecto no puede ser tomado como menor porque estos discursos pueden hacer que el conflicto, en vez de detenerse en el corto o mediano plazo, se prolongue, en tanto que una de las condiciones más difíciles de cualquier proceso de paz consiste en lograr entender al otro como una persona cuya dignidad y derechos son iguales a los nuestros.

Pensar que el otro es malo, atroz o indigno, es, por el contrario, una de las causas que se sabe puede favorecer que una persona atente contra otra. Así, para las Naciones Unidas, la incitación al odio se ha visto como precursor de delitos atroces, incluido el genocidio, desde Ruanda hasta Bosnia y Camboya.

De manera general, se entiende que un crimen de odio es motivado por un sesgo o un prejuicio respecto a la membresía de la víctima en un grupo específico determinado por su raza, nacionalidad, orientación sexual, género o creencia religiosa, o alguna otra razón que lo distinga. El objetivo de este tipo de actos es causar daños a una persona en virtud de pertenecer a ese grupo que rechaza quien lo ejecuta.

Por ello, desde que se creó como una categoría en los años ochenta se ha trabajado en evitarlos y en que sean castigados con severidad. Se entiende que en estas acciones se está rompiendo con la idea de que toda persona posee una dignidad incondicional que no puede rebajarse, ni siquiera si la persona quisiera renunciar a ella, y que todos deben tener acceso a todos los derechos.

Desde estas premisas, es fácil entender que todas las actuaciones que privan a una persona de su dignidad, como la esclavitud, la discriminación o la cosificación, sean tenidas como contrarias al Derecho, en cualquier momento o circunstancia. Incluidos los períodos de guerra, y aún menos, puede permitirse que así se trate a un pueblo entero, que siempre ha de ser tomado como parte de la indisoluble unidad que es la humanidad.

Entonces, ¿puede privarse a los rusos de su dignidad y alentarse que se cometan crímenes de odio o apología de los mismos? Es evidente que no, por las consecuencias documentadas de este tipo de acciones, por la prohibición expresa en los textos fundamentales y porque generará una dificultad adicional para que las partes puedan acercarse a una solución.

Lo que no quiere decir que no lo estemos viendo ocurrir todos los días, e incluso veamos cómo Rusia y los rusos comienzan a ser objeto de relajamiento del trato que reciben en las redes sociales, donde simultáneamente se borra la existencia oficial del país y de la cultura, así como se despenaliza que se difamen, se ataquen, se amenacen o se llame a atacarlos.

Algunos de los usuarios de las redes, ante este hecho, comienzan a apuntar que no es la primera vez que las políticas que suelen presentarse como muy estrictas, muy favorables al régimen de la libertad de expresión en los términos de las Relatorías que existen en los foros internacionales, se relajen. Pues en la misma categoría excepcional se encuentra el trato que han dado, por ejemplo, sobre Venezuela, que ha sufrido importantes bajas de sus redes sociales oficiales y donde se han permitido -en especial, en los períodos de guarimba- que se utilicen de manera prevista como compatibles con crímenes de odio.

La prohibición de los crímenes de odio es un asunto fundamental para la garantía de los derechos humanos y no es una materia nueva, así, por ejemplo, en la declaración conjunta con el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Opinión y Expresión y el Representante sobre la Libertad de los Medios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) se reconoció que las expresiones que incitan o fomentan "el racismo, la discriminación, la xenofobia y la intolerancia" son perniciosas y que los delitos de lesa humanidad con frecuencia van acompañados o precedidos de esta forma de expresión.

Ante estos hechos, se observa cómo Moscú ha anunciado una "una ley federal que establece multas y sanciones penales por la difusión pública de información falsa sobre las acciones de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) de ese país" que viene a completar el régimen que sobre las redes sociales mantiene desde hace más de un año, mediante el cual los tribunales han sancionado a las plataformas que no cumplen la legislación rusa, en cuya aplicación en este contexto ha tomado decisiones que han generado la salida mayoritaria de las plataformas de Rusia.

Así, el lunes 14 de marzo se podía leer en la prensa que Roskomnadzor, que es el organismo regulador de medios ruso, bloqueó Instagram en todo el territorio en respuesta a la decisión de Facebook de permitir mensajes en apoyo a la violencia contra Rusia y sus soldados, en el marco de la guerra de Ucrania. Esto se suma al anuncio sólo una semana antes de Tiktok de bloquear la posibilidad de subir contenido a personas que estén en Rusia.

Una situación que cada vez era recogida como escandalosa por la prensa mainstream, la misma que reporta sin mucho sonrojo que los tuiteros que insultan a la monarquía española son objeto de multas y hasta penas de prisión, al igual que quien realice algún comentario no autorizado sobre el Presidente de los Estados Unidos.

De modo que aquí estamos viendo una fase más frenética de un problema mayor y más antiguo: el de la soberanía de los Estados y sus regímenes jurídicos sobre estas compañías que operan normalmente fuera de la zona de regulación, pero hacen o permiten actividades que afectan los derechos individuales, así como los intereses nacionales.

Esta y otras aristas van en consonancia con la guerra informativa y cultural que se lleva a cabo desde la postura estadounidense excepcionalista, acompañada de las plataformas corporativas e instituciones políticas que gestionan el mandato antirruso emanado desde Washington.

Cabe comprender todos los mecanismos que no permiten disfrutar los derechos fundamentales que posee todo individuo o pueblo a la luz de las legislaciones internacionales y que son constantemente voladas por Occidente, aun cuando se ponga el disfraz de defensor único de "el orden basado en reglas". Los derechos son, para los operadores políticos y corporativos de Estados Unidos y Europa, una zona de exclusión aérea jurídica.