El alcalde demócrata de Los Ángeles, Eric Garcetti, firmó una legislación que criminaliza los campamentos de personas sin hogar en varios lugares de la ciudad. La ley fue aprobada por unanimidad por el Concejo Municipal.
Alrededor de 66 mil ciudadanos en Los Ángeles no tienen hogar y viven en las calles, una crisis que ha ido creciendo por diversos factores, pero que tiene como principal detonante el alto costo de las viviendas y la ausencia de políticas públicas por parte del gobierno para ayudar al acceso a ellas.
Al contrario, en la capital del estado de California se ha venido fomentando legislaciones que protegen a los propietarios de inmuebles. El medio de información The New Republic enumera algunos de los factores que lo evidencian:
- La aprobación de la Proposición 13 en 1978 congeló los impuestos a la propiedad desde el momento de la compra. Por lo tanto, los propietarios que negocia con el alquiler de viviendas casi no tienen responsabilidades en la contribución fiscal de California.
- Las leyes aprobadas en la década de 1990 hacen que el control de los alquileres sea ilegal.
- Los precios de las casas durante veinticinco años en el distrito de Venecia han aumentado de $ 300.000 a $ 2 millones.
- El alquiler ha aumentado en un 65 por ciento en solo 10 años, y el programa de vales de vivienda de la ciudad ha estado cerrado por la misma cantidad de tiempo.
Estas situaciones que llevan a los inquilinos de bajos ingresos a quedarse sin vivienda, están siendo impulsadas por propietarios interesados en que los inmuebles sean desalojados para utilizarlos como alojamientos vacacionales que les pueda generar mayores ganancias.
Las leyes de la ciudad no demandan que haya espacios de refugio para atender la crisis. Los pocos sitios que están disponibles tienen severas exigencias como que los residentes se deshagan de sus posesiones antes de ingresar o que las parejas vivan por separado.
De los que habitan los refugios, solo el 15 por ciento hace la transición a una vivienda permanente.
La gente sin vivienda queda prácticamente sin otra opción que no sea la de armar campamentos improvisados en las calles de la ciudad. Pero hasta en esa condición también están siendo atacadas, y ahora podrían ser acusados de infracciones y llevados a las cárceles.
En los últimos tiempos, la represión policial en ese sentido ha incrementado considerablemente, y The New Republic lo vincula a la necesidad de ir “limpiando” las áreas que escenificarán los Juegos Olímpicos de 2028.
“Los intereses adinerados están invirtiendo cada vez más recursos en su lucha sin límites contra los residentes más vulnerables de la ciudad”, señala el medio.