Este martes 31 de marzo, el gobierno estadounidense, mediante el secretario de Estado Mike Pompeo, ha propuesto lo que denominaron un “Marco Democrático para Venezuela”, el cual consiste en una hoja de ruta para, en teoría, dar con una “solución política” al conflicto venezolano.

Mediante vía de presiones políticas y a expensas de un grave bloqueo contra la economía venezolana, Washington presentó una propuesta para formar un “gobierno de transición” en Venezuela, en el que tanto el presidente Nicolás Maduro como el diputado opositor Juan Guaidó no estarían incluidos, lo cual supondría un desmantelamiento del gobierno legítimo en funciones y una victoria estratégica de la Administración Trump.

Ese “Consejo de Estado” estaría conformado por cinco miembros, tanto del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) como de los opositores liderados por Voluntad Popular que forman parte de la Asamblea Nacional (AN). Dicho consejo gobernaría hasta las elecciones presidenciales y legislativas, a finales de 2020.

Este mecanismo desconoce los procedimientos previstos en la Constitución de Venezuela para un cambio de gobierno por circunstancias excepcionales.

Según Pompeo, de cumplirse todos los requerimientos de la Casa Blanca, podrían “levantarse” las medidas de bloqueo contra Venezuela.

Esta hoja de ruta ya había sido adelantada en la opinión pública por Elliot Abrams, designado por el Departamento de Estado para propiciar un cambio de régimen en Venezuela, en un artículo publicado en The Wall Street Journal.

Abrams indicó que la proposición busca “ayudar a los venezolanos a escapar de la crisis nacional que la actual caída de los precios del petróleo y el coronavirus han profundizado”, aunque es sabido que el antichavismo ha jugado un rol clave en los últimos años en solicitar y avalar las medidas de cerco financiero-comercial ejecutadas por Washington y sus aliados, y que han profundizado la crisis económica interna.

Tutelaje y anulación de las posibilidades políticas dentro y fuera de Venezuela

Esta “propuesta” del Departamento de Estado es revelada días luego de que el Departamento de Justicia estadounidense pusiera precio por la captura del Presidente venezolano y parte de su gabinete ejecutivo y alto mando militar bajo falsas acusaciones de “narcoterrorismo”.

Pero es, adicionalmente, un nuevo “inamovible” de los estadounidenses para determinar, según ellos, una “solución” a la crisis venezolana. Una crisis en la que la Administración Trump ha sido un factor clave, especialmente desde inicios de 2019 cuando programaron el ascenso de Juan Guaidó como “presidente encargado” al margen de la Constitución venezolana y dando forma a un desestabilizador proto-gobierno paralelo sin ningún poder real en Venezuela.

Ha sido precisamente el diputado Guaidó quien desde hace días había anticipado en sus redes sociales la “urgencia” de darle paso a un “gobierno de transición” en Venezuela y declaró “hacerse a un lado” de su presidencia inexistente para tales fines.

Estas recientes “propuestas” desde Washington vienen al unísono de la crisis sanitaria, pero que también es económica y política a escala planetaria, que pretenden emplear como un espacio de oportunidad política para cabildear las posiciones en la política venezolana.

En este punto el máximo empleo de las presiones económicas son fundamentales.

Sin embargo, Venezuela ha actuado en el escenario multilateral en días recientes. De manera simultánea se han resquebrajado los consensos alrededor del bloqueo en Venezuela, mediante el apoyo de la Unión Europea a la solicitud del Gobierno Bolivariano ante el FMI, el pronunciamiento del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU para suspender el bloqueo y las solicitudes que han hecho senadores demócratas al despacho de Mike Pompeo de detener el bloqueo económico ante la crisis del Covid-19.

Dentro de Venezuela, el presidente Maduro está acoplando lo que podrían ser consensos esenciales entre los factores dentro de la política, aislando a Guaidó, quien tiene como soporte único a Washington.

En días recientes, Maduro propuso un acuerdo político con partidos opositores que, en teoría, estarían dispuestos a una solución política de emergencia para que Venezuela pueda afrontar la crisis de la pandemia mundial.

Ello supone un diálogo político para que el Ejecutivo en funciones y la AN con mayoría opositora soliciten a las instancias internacionales una suspensión del bloqueo y acciones de apoyo humanitario. Lo cual implicaría un flujo de recursos por valor de miles de millones de dólares que hoy están congelados en el extranjero y probablemente el uso conjunto de ellos por parte de las fuerzas políticas de Venezuela para abocarse en la atención de la población.

En ese ítem, Maduro ya cuenta con un sólido respaldo de Rusia, China y Cuba, países que están liderando la acción humanitaria internacional en la lucha contra la pandemia.

Sin embargo, aunque aún son muy intrincados los detalles de un eventual acuerdo entre el chavismo y factores mayoritarios de la dividida oposición venezolana, tal parece que Washington juega por adelantado colocando nuevos inamovibles que en primer plano parecen irrealizables.

No solo porque implican la dimisión de Maduro, sino que además suponen un decreto de tutelaje que anula otras alternativas y posibilidades que podrían surgir de los factores de la política interna.

Las amenazas desatadas por el Covid-19 han colocado a los factores de la política venezolana en estado de alerta. Ninguno de ellos quiere lidiar el costo político de un desbordamiento de la crisis sanitaria, sin embargo, es la oposición la que más responsabilidad tiene en ese escenario, por haber promovido un bloqueo que ha degradado significativamente la base de recursos de la nación (así reconocido por actores multilaterales en el concierto internacional) y, por ende, las condiciones del sistema público de salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado que habrá disponibilidad de una vacuna contra el Covid-19 dentro de año y medio. Lo cual es un plazo sumamente extenso, de estado de alerta permanente e incertidumbre para los gobiernos. Es una crisis proyectada al mediano trecho y obliga a los gobiernos a estar preparados.

Para Venezuela, la persistencia del bloqueo económico es un obstáculo y aparentemente hay sectores dentro de la oposición que lo han entendido así, aunque no les agrade la presencia del presidente Maduro en su cargo.

Por otro lado, Venezuela se prepara para unas elecciones parlamentarias este año. Las facciones de la oposición, con mayoría en el parlamento, conjuntamente con diputados chavistas, han convenido renovar las autoridades electorales y establecer una hoja de ruta política. Importantes partidos que han apoyado a Guaidó, acudirán a la cita electoral.

Esto también implica que la agenda del “cese de la usurpación” para que haya elecciones se ha ido al traste. De manera que esta “propuesta” de Washington intenta revitalizarla.

Todo parece indicar que Washington está gestionando su agenda fallida en Venezuela anticipándose a la posibilidad de que el gobierno de Nicolás Maduro articule una solución política dentro y fuera de Venezuela, con una participación protagónica y esencial de factores muy importantes de la oposición.

De hecho, la posibilidad de que varios partidos opositores abandonen a Guaidó y den al traste con la agenda de la Administración Trump yacen en que la presencia de Guaidó, impuesta por los estadounidenses, solo ha propiciado prerrogativas desestabilizadoras que han inhabilitado a las fuerzas opositoras más allá de Guaidó y, en consecuencia, han imposibilitado un acuerdo político entre venezolanos.

La crisis sanitaria abre así un marco de oportunidad inédito. Urge a los venezolanos superar la coyuntura mediante un acuerdo en el corto plazo.

“Las decisiones sobre Venezuela se toman en Caracas”

El canciller venezolano Jorge Arreaza respondió a la “propuesta” de Mike Pompeo y el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano emitió un comunicado.

De acuerdo con Arreaza, Venezuela no aceptará tutelajes ni de Washington ni de otro actor internacional: “Ellos pierden el tiempo en su laberinto”.

Agregó que el gobierno no discutirá la propuesta estadounidense:

“La oposición y el gobierno tenemos acercamientos diarios y cualquier propuesta que surja en las mesas de diálogo se van a estudiar siempre y cuando se apeguen a las leyes venezolanas”.

Arreaza, tal como ya lo mencionara recientemente el presidente Maduro, señala nuevamente “acercamientos” entre los políticos venezolanos. En ese escenario, las figuras esenciales en la oposición venezolana podrían ser Henrique Capriles de Primero Justicia, Henry Ramos Allup de Acción Democrática y Manuel Rosales de Un Nuevo Tiempo, partidos que integran el llamado G4, de la que también forma parte la tolda de Leopoldo López y Juan Guaidó: Voluntad Popular (VP).

Si aquellos tres partidos coinciden en un acuerdo con el chavismo, aislando a VP, la agenda estadounidense naufragaría sin remedio.

Es por ello que, para la Administración Trump, se ha hecho impostergable acelerar la colocación de obstáculos e incluso mercenarizar el desmantelamiento del chavismo del poder.

Venezuela ha sido para los estadounidenses un nudo crítico de valor estratégico y la actual administración de la Casa Blanca ha colocado su modelo de presión contra el país como “vitrina” de su gestión para América Latina.

Un fracaso de Trump en Venezuela se sumará a su cada vez más comprometida reelección, de cara al escenario adverso de los Estados Unidos frente a la pandemia actual y los múltiples fracasos de su gobierno en materia de política exterior.