Estados Unidos ha decidido recientemente tercerizar su agenda de desmantelamiento violento del gobierno de Venezuela, colocando precio a la alta dirigencia política del país y atizando acciones desde Colombia para el desarrollo de acciones mercenarias.

Mediante la acción concreta del Departamento de Justicia a cargo de William Barr, quedó expuesto que la conjura contra Venezuela parece de tipo mercenaria.

Una declaratoria que, además, ha dado un marco jurídico para criminalizar, por vía de decreto, a parte de la dirigencia política y castrense venezolana, encabezada por el presidente Nicolás Maduro como primero en la lista.

El sentido de “oportunidad”

La Casa Blanca dio un paso para intentar acelerar el cambio de régimen en Venezuela, pero este acto administrativo del despacho del Secretario de Justicia en términos reales no es ninguna “novedad” para el gobierno venezolano.

El presidente Maduro vivió en carne propia un atentado contra su vida y parte de su gabinete en 2018 mediante un ataque con drones artillados.

A finales de abril de 2019 Juan Guaidó y Leopoldo López lideraron un fallido intento de golpe de Estado que suponía una acción de sedición militar, implicando la captura y el asesinato de Maduro y la dirigencia chavista.

Recientemente también tuvo lugar la revelación de una operación a gran escala con el ex general Clíver Alcalá Cordones a cargo. Han organizado campamentos paramilitares y acciones de magnicidio en Venezuela. Tal como en los otros eventos anteriores, este también ha tenido al territorio colombiano como portaaviones operacional para la planificación y ejecución.

Siendo esos eventos expresión nítida de la agenda de cambio de régimen por vías violentas, queda entonces por aclarar la pertinencia del nuevo acto administrativo de Washington. La explicación más fiable yace en su propósito jurídico así como el contexto y el sentido de oportunidad política en que la acción es tomada.

La guerra mercenaria por decreto

Washington ha entendido que su concepto de guerra contra el mundo es polivalente y multifuncional. Han ido de las guerras regulares al auspicio de las acciones irregulares en diversos momentos y contextos.

Parece que en el caso venezolano, las posibilidades de una acción de tipo convencional o modalidad de guerra formal abierta, como la que ejecutaron contra Irak en 2003, no parecen política y militarmente viables, hasta ahora.

De ahí que la vía mercenaria parece la acción más expedita como acto “quirúrgico” de destrucción del mando político y militar de la nación petrolera.

Colocar precio a la cabeza de Maduro es una implicación política que da cuerpo legal a la mercenarización contra Venezuela.

La preservación de la guerra por otros medios

Hay un momento de excepcionalidad en la política desatada por la crisis sanitaria del Covid-19, la cual está removiendo y atizando presiones de un país al otro y detonando efectos en cadena en la política dentro de los países.

Por ello, Venezuela, país bloqueado, solicitó un préstamo expedito al Fondo Monetario Internacional (FMI), tal como recientemente lo ha hecho Irán, otro país bloqueado por medidas coercitivas y unilaterales estadounidenses.

Ambos países fueron a contracorriente de sus propias posiciones históricas frente a dicha instancia y tales medidas, por contradictorias que parezcan en lo político, han tenido el propósito de crear una distensión a la situación de bloqueo económico de las dos naciones.

Casi en simultáneo, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a cargo de Michelle Bachelet fustigó a Washington instándolo a suspender o degradar las sanciones contra Venezuela, indicando que sólo atizaban las vulnerabilidades del país frente a la crisis sanitaria.

La Unión Europea (UE) y su principal vocero en las relaciones diplomáticas, Josep Borrell, respaldaron la solicitud de Venezuela e Irán ante el FMI, un tiro por elevación que también refiere la situación de bloqueo financiero sobre ambos países.

También fue elevada ante la Secretaría General de la ONU, concretamente al despacho de Antonio Guterres, una carta firmada por países que sufren acciones de bloqueo económico estadounidense, con China incluida, para que dicha instancia presione por distensiones o aflojamiento de medidas de cara a la crisis sanitaria mundial.

En la escena norteamericana, medios como The New York Times y The Financial Times han declarado la pertinencia de suspender el bloqueo contra Venezuela.

Adicionalmente, 11 senadores del Partido Demócrata han escrito una carta a Mike Pompeo, responsable del Departamento de Estado, para que difiera o suspendan las medidas coercitivas, por tratarse de acciones que lesionan a Venezuela en el marco crítico que ha dibujado el Covid-19. En su carta, los senadores explicaron que, en efecto, las medidas de bloqueo sí han afectado el sistema de salud pública de Venezuela, lo cual es una confesión de parte.

Tal como se evidencia, las presiones al escritorio de la Oficina Oval son ahora multidireccionales y más consistentes. Aunque Washington se aferre a su política de asfixia, los consensos alrededor del bloqueo a Venezuela están cada vez más rotos.

La ruptura de la cohesión política entre Washington y sus aliados al respecto de los bloqueos económicos no sólo está signada por la crisis sanitaria. La pérdida de liderazgo de Estados Unidos y la gestión errática de Trump frente a la actual crisis en su país, así como su controvertida agenda de relaciones internacionales, son efectos desencadenados que se han generado desde un deterioro sostenido que viene sufriendo la hegemonía norteamericana.

La pandemia y estas nuevas presiones sólo han venido a acelerar un ciclo ya existente y la excepcionalidad política actual es su mecanismo de bifurcación.

Para Washington, esto enciende las alarmas. Su gobernanza se diluye y las narrativas que habían “legitimado” los cercos económicos quedan expuestas por su falacia.

Las sanciones nunca fueron contra los funcionarios de los países bloqueados: han sido crímenes de lesa humanidad y las víctimas han sido los pueblos de los países bloqueados.

Trump ha decidido por vías “legales” inmovilizar el levantamiento de sanciones. La declaración de Venezuela como país “narcoterrorista” pretende inhabilitar a Washington para hacer un levantamiento supuestamente para no oxigenar al “régimen” de Venezuela.

Por lo tanto, esta acción sólo puede considerarse como un acto administrativo para continuar la guerra por otros medios, que es precisamente la forma en que debe definirse la hoja de ruta de asfixia y bloqueo contra Venezuela.

Venezuela ha demandado a Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad contra la población venezolana y esto ha exasperado a los factores del gobierno estadounidense. Ello explica las acciones destempladas de Washington, como una manera de gestionar su agenda fallida que no concreta el desmantelamiento de Venezuela.