Este jueves 1° de julio, el Departamento de Estados de los EEUU anunció la aplicación de "sanciones" unilaterales contra figuras políticas e institucionales de El Salvador, Guatemala y Honduras, países que constituyen el denominado Triángulo Norte. Estas medidas se han justificado bajo una modalidad selectiva e interesada de lucha contra la corrupción en Centroamérica e incluyen la restricción de visados para impedir el ingreso de los "sancionados" a los EEUU.
Contexto: A través de un comunicado de prensa, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, anunció las medidas sobre la base de un listado que incluye a 55 personas: 21 de Honduras, 20 de Guatemala y 14 de El Salvador. Se trata de funcionarios políticos e institucionales que actualmente tienen cargos de responsabilidad pública en distintos niveles, también incluye a figuras de renombre ocuparon importantes posiciones de poder en años anteriores.
Acusación y justificación: Las personas sancionadas, según el Departamento de Estado, "se han involucrado en actos que socavan los procesos democráticos" y han participado en actos de "corrupción significativa" relacionados con la obstrucción de la justifica. Las medidas se tomaron de conformidad con la sección 353 de la Ley de participación mejorada del Triángulo Norte de los Estados Unidos, una legislación con perfil extraterritorial aprobada a finales del año pasado para orientar la política exterior estadounidense hacia un mayor involucramiento en la política interna de la zona.
Destacados: En la lista de "sancionados", destacan el expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, y el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, este último señalado de recibir sobornos del grupo narcotraficante "Los Cachiros".
- En Honduras también fueron incluidos diputados del Partido Nacional, vinculados a casos de corrupción de distinta naturaleza.
- En Guatemala, las acciones tienen un perfil orientado a la rama judicial del país, por lo que fueron incluidos Manuel Duarte Barrera (magistrado de Corte Suprema), Néster Vásquez (magistrado de la Corte de Constitucionalidad) y Mynor Moto (exjuez de una instancia penal).
- En El Salvador, los señalados se ubican en el primer anillo de decisión y confianza del presidente Nayib Bukele, como su ministro del trabajo Óscar Castro, su jefa de gabinete, Martha Recinos, y su asesor legal, Conan Castro.
Antecedentes: Las medidas vienen precedidas por un mandato del Congreso de finales de 2020 que exigió al Departamento de Estado publicar un listado de funcionarios involucrados en corrupción en el Triángulo Norte. La "lista Engel", es un mecanismo para endurecer el tutelaje estadounidense de las instituciones centroamericanas, amparado en la cobertura de la "lucha contra la corrupción". Además, durante su visita a Guatemala a principios de junio, la vicepresidenta Kamala Harris anunció la creación de una "Fuerza de Tarea Anticorrupción" regional para intensificar el control sobre las ramas judiciales de los Estados del Triángulo Norte, especialmente.
Doble rasero: El expresidente hondureño Manuel Zelaya rechazó las acciones de Washington y agregó que “no toca ni con un pétalo de rosa a su aliado Juan Orlando Hernández”, y tampoco a miembros del partido Arena de El Salvador, claramente alineado a los EE.UU.
Por qué es importante: Con el listado de "sancionados", según lo explicado por Blinken, la administración Biden espera, entre otros efectos, reducir la migración irregular hacia los EEUU mejorando la gobernabilidad en el Triángulo Norte. Sin embargo, la maniobra parece apuntar a una reconfiguración del enfoque de la política exterior de Washington hacia la zona, en el marco del paradigma del imperialismo liberal que encarna el tándem Biden-Harris, donde los fondos de asistencia de la USAID y otras agencias comienzan a redirigirse a instancias de la "sociedad civil" bajo un enfoque punitivo y gobierno privado indirecto.
Reporte diario del Instituto Samuel Robinson del viernes 2 de julio de 2021.