"Argentina ha producido su primer carbonato de litio con calidad inferior a la de una batería como parte de la puesta en marcha". Esto lo publicó la transnacional canadiense Lithium Americas recientemente para anunciar uno de los proyectos de producción de litio más grandes de Argentina. Se trata del Caucharí-Olaroz.
Este complejo productivo de dos salares se encuentra en la provincia de Jujuy, en el noreste del territorio argentino, y dentro de lo que se conoce como el Triángulo del Litio (o Triángulo ABC) en la región latinoamericana.
Como atractivo comercial se espera que Caucharí-Olaroz se convierta en uno de los proyectos de extracción de salmuera de ese elemento de menor costo en el mundo, cuestión que llama la atención porque Jujuy es una zona árida y se requerirían vastas cantidades de agua para llevar a cabo el proceso de obtención del mineral, lo que volvería el proceso más costoso.
Se espera que anualmente puedan producirse 40 mil toneladas, logrando una purificación de calidad inferior para obtener el carbonato de litio, y en el segundo semestre de este año se proyecta mejorar esa calidad. Pareciera ser una noticia alentadora para Argentina, pero este proyecto tiene manos extranjeras.
Las transnacionales
Actualmente en Argentina la producción del litio se realiza en dos proyectos: en el salar del Hombre Muerto, por la empresa estadounidense Livent Corp, y el mencionado anteriormente en Jujuy.
Caucharí-Olaroz cuenta con una inversión de más de 900 millones de dólares y un rango de perdurabilidad minera de 40 años. La empresa argentina Minera Exar lleva las operaciones. No obstante, la empresa tiene dueños extranjeros distribuidos de forma tripartita: Lithium Americas y la empresa de China, Gangfeng Lithium, cuentan con casi 50% cada una de participación; y con apenas un 8% en la distribución propietaria, Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse).
Si bien Lithium Americas y Gangfeng Lithium se hicieron socios en esta dinámica de extracción y procesamiento del litio en el país austral en 2017, la empresa canadiense anunció una nueva entidad para operar en Argentina, Lithium Argentina, separándose de cierta manera del socio chino y enfocándose en su proyecto en Estados Unidos. En resumen, la compañía anunció su intención de apartar el negocio en Argentina.
Este movimiento no es casual ya que ocurre cuando el gobierno de Canadá ordenó a tres empresas chinas que se deshicieran de sus inversiones de las mineras canadienses, supuestamente por motivos de seguridad nacional, a los fines de proteger sus cadenas de suministro. Como respuesta, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, dijo que la orden de desinversión violaba las reglas del mercado y el comercio internacional.
En marzo el director ejecutivo de Lithium Americas, Jonathan Evans, asomó la "nueva" visión de su empresa en la que explica que esperaba acortar los largos caminos del procesamiento del litio porque ese mineral puede recorrer un camino muy largo desde la mina hasta el producto terminado: "Si observa el camino actual en el que el litio viaja desde América del Sur o Australia a China (...) es un camino muy largo (…) las largas cadenas de suministro están expuestas a interrupciones geopolíticas".
Este cambio de reglas en el juego minero transnacional muestra clara señales de los nuevos "Juegos del Hambre" por el control del mercado del mineral. Canadá, como socio fiel de Estados Unidos, ha tomado medidas contra la inversión china en este rubro mientras presionan para competir con Beijing por su acceso.
Por otro lado, Lithium Americas no es la única empresa canadiense que opera en Argentina, también Alpha Lithium está presente. Pero la líder en producción de carbonato de litio en Argentina es la estadounidense Livent Corp, que acaba de unificarse con Allkem de Australia para ampliar el rango de producción en salares argentinos.
Se están reajustando las piezas de mano de las empresas extranjeras por obtener mayores ventajas y beneficios en este negocio, cuya participación estatal poco se hace notar.
Disponiendo del litio
Existen varias compañías mineras internacionales activas en Argentina que operan en varios puntos del ciclo productivo del litio. No hay restricciones a la inversión extranjera y a la operatividad de las empresas dedicadas a la exploración y extracción del preciado mineral. Estos grandes empresarios comentan que en Argentina no existe inseguridad jurídica que implique riesgos para sus inversiones.
La raíz del estado actual del circuito de la participación de empresas litíferas viene del gobierno de Carlos Menem (1989-1999), que se caracterizó por impulsar las políticas monetarias de privatización y acompañamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) conducentes a desatar una de las crisis económicas más fuertes en Argentina.
Las cúpulas de Menem otorgaron facilidades. El exministro de interior en su gobierno, José Luis Manzano, actualmente es el dueño de la empresa privada Integra Lithium, la cual posee muchas hectáreas de salares en Catamarca y Jujuy. En pasado abril Manzano se presentó ante ciertos inversores como "el principal jugador del litio local".
Menem estableció que las empresas extranjeras invirtieran sin obstáculos y se diera la total apertura a través de la promulgación de la Ley 24.196 de "Inversiones Mineras", la que permitió a las transnacionales instalarse en los salares argentinos sin ningún problema. Ante esto Martina Gamba, investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y coautora del libro Litio en Sudamérica, explica que en Argentina, "bajo la legislación vigente, la exploración, extracción y comercialización está casi absolutamente en manos de privados transnacionales, sin tener el Estado Nacional ningún tipo de política o participación en la cadena de valor de algún derivado del litio".
En 2011, en pleno kirchnerismo, el litio de Jujuy fue considerado oficialmente como un recurso natural estratégico. En el libro mencionado, Gamba arguye que el "Artículo 124 de la Constitución Nacional, el Código de Minería y la Ley de Inversiones Mineras, es una verdadera triada jurídico-tributaria que impide la elaboración y planificación de políticas en torno a la explotación del litio que le otorguen, genuinamente, un carácter estratégico".
Para ilustrar mejor el escenario Martín Obaya, director del Centro de Estudios para la Transformación de la Universidad Nacional de San Martín, explica que existe un marco normativo para la minería, segúnel que a las empresas extranjeras se "les otorgan un montón de beneficios y las provincias, que son las dueñas de los recursos, no pueden cobrar regalías de más de 3%". El litio que se extrae no genera una renta significativa para el Estado argentino.
De esta manera, Argentina posee un atractivo indudable para las transnacionales del mineral, y más por los años venideros de ascenso en la demanda de ese recurso.
No obstante, Argentina tiene un largo camino que recorrer para palpar los beneficios reales que ofrece la producción del litio. Con cambios en el corpus legal podría formular las políticas públicas necesarias para que el mineral pase a catalogarse como estratégico a escala nacional y el Estado argentino pueda obtener una debida regalía. Con mucha más razón si se toma en cuenta que las proyecciones para 2025 estiman que las exportaciones de litio argentino alcanzarán los 5 mil 600 millones de dólares.