Con la inminente llegada de un segundo mandato presidencial, Donald Trump ha situado la inmigración como una prioridad central, un tema que ya marcó su primera campaña pero que ahora adquiere una nueva dimensión: el plan de la deportación masiva.

Durante el proceso Trump reiteró su promesa de "lanzar el mayor programa de deportación de criminales en la historia de Estados Unidos", lo que evoca la controvertida "Operación espalda mojada" de 1954. Tal iniciativa, bajo la presidencia de Eisenhower, resultó en la detención de más de un millón de inmigrantes mexicanos, e incluso algunos ciudadanos estadounidenses.

Más allá de la analogía histórica, el presidente electo ha mencionado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 como herramienta potencial para acelerar la deportación de indocumentados. 

El vicepresidente electo, J.D. Vance, ha advertido a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se preparen para la deportación. "Si están en este país ilegalmente dentro de seis meses, hagan las maletas porque se van a casa", dijo.

Esta amenaza se intensifica con la posibilidad de revocar protecciones humanitarias temporales, lo que podría sumar otros 2,7 millones de personas, según estimaciones previas del asesor de Trump, Stephen Miller.

Efectos económicos de la deportación masiva en EE.UU.

La economía estadounidense se apoya en la significativa contribución de sus 31 millones de trabajadores inmigrantes (19% de la fuerza laboral en 2023). La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) señala que la tasa de participación laboral de los extranjeros (casi 67%) supera la de los nacidos en Estados Unidos (aproximadamente 62%).

Según Ernesto Castañeda, profesor en la American University, los inmigrantes, tanto documentados como indocumentados, contribuyen aproximadamente con 2,2 billones de dólares anuales al PIB del país, lo que equivale a cerca del 8% del total.

Esta estimación se basa en el análisis de las remesas enviadas a sus países de origen, que en 2022 alcanzaron más de 81 mil millones de dólares, lo que permite inferir indirectamente el valor económico de la mano de obra inmigrante en el país.

Su presencia en el mercado laboral estadounidense es diversa, abarca numerosas áreas. El Consejo Estadounidense de Inmigración lo cuantifica así:

• Agricultura: más de una cuarta parte de los trabajadores del sector agrícola estadounidense está compuesta de inmigrantes. 
• Construcción: uno de cada cuatro trabajadores de la industria de la construcción del país es inmigrante. 
• STEM: 23,1% de todos los trabajadores de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en Estados Unidos lo constituyen inmigrantes. 
• Sanidad: 15,6% de todas las enfermeras y 27,7% de todos los auxiliares sanitarios son inmigrantes. 

Un reciente análisis del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, basado en datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, analiza la participación económica de los inmigrantes. 

Con casi 48 millones residiendo en el país —aproximadamente 14% de la población—, se generó una actividad económica de 1,6 billones de dólares en 2022, el último año con datos disponibles. Este impacto se extiende también al sistema tributario, con una contribución superior a los 579 mil millones de dólares en impuestos locales, estatales y federales. 

La proyección a futuro es igualmente positiva, según la Oficina de Presupuesto del Congreso: un incremento en la inmigración podría reducir el déficit presupuestario federal en aproximadamente 897 mil millones de dólares durante los próximos diez años. 

Expertos del Instituto Peterson de Economía Internacional advierten que el plan de deportación masiva de Trump perjudicaría gravemente la economía estadounidense. Un estudio de esa institución proyecta un aumento de precios de 9,1% en 2028 si se deportan 8,3 millones de inmigrantes, y de 1,5% con la deportación de solo 1,3 millones.

Sectores como la agricultura, la minería y la manufactura, que dependen considerablemente de trabajadores informales, sufrirían una importante contracción de su capacidad productiva, lo cual a su vez impactaría sobre los precios al consumidor.

A modo de comparación, el programa "Comunidades Seguras" de Obama, que deportó a casi medio millón de inmigrantes, causó una disminución del empleo y los salarios de los trabajadores estadounidenses nativos, con una pérdida de 88 mil plazas por cada millón de trabajadores no autorizados deportados.

Llevar a cabo la deportación masiva, además de ser casi imposible de cumplir en el tiempo que promete la administración Trump, también es costosa para los contribuyentes.

Un artículo de CBS News revela que la deportación de un inmigrante indocumentado cuesta, en promedio, 19 mil 599 dólares. Esta cifra, basada en datos federales de los últimos cinco años fiscales, incluye aprehensión, detención, proceso judicial y traslado. 

Durante la primera presidencia de Donald Trump, este costo era de 14 mil 614 dólares. Deportar a los 11 millones de indocumentados estimados en ese momento habría supuesto entre 40 mil y 54 mil millones de dólares anuales, o 216 mil millones de dólares en un mandato. Esta cifra supera ampliamente el presupuesto del ICE y equivale al costo de la construcción de aproximadamente medio millón de viviendas. 

Otros estudios citados por CBS News, como uno del Consejo Americano de Inmigración, estiman un costo aun mayor de 315 mil millones de dólares.

La deportación masiva planteada por Trump representaría una amenaza existencial para la economía estadounidense, según el Consejo Americano de Inmigración, y causaría una contracción del PIB anual estadounidense entre 4,2% y 6,8% (1,1 a 1,7 billones de dólares en 2022).

En esencia, esta medida podría provocar una situación económica adversa, muy posiblemente contradictoria con la narrativa del "renacimiento económico" propuesta por Trump para EE.UU.