William "Billy" Lavigne y Mark Leshikar —dos amigos veteranos militares—, un fin de semana de alcohol y drogas, armas, una pelea que escaló a tragedia y menores de edad en medio de todo. Desde allí enfoca Seth Harp la crisis moral que ronda al Fuerte Bragg —o Fort Bragg—, una instalación militar en la que se forman Fuerzas Especiales estadounidenses en Carolina del Norte.
Estados Unidos ha construido durante décadas una narrativa hegemónica en torno a la "guerra contra las drogas" y la "lucha contra el terrorismo" con el objetivo de presentarse como garante para salvar el mundo del caos, de la inseguridad y del crimen organizado.
Sin embargo, una mirada profunda a sus propias estructuras militares y judiciales revela que, lejos de erradicar el narcotráfico, estas guerras han acelerado su integración en el corazón del aparato de seguridad estadounidense y han generado una crisis de adicciones, criminalidad e impunidad que es sistemáticamente ocultada.
Fort Bragg: epicentro de la impunidad y la adicción militar
La base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte, es el símbolo de la crisis interna que vive Estados Unidos respecto al tema de las drogas. Según la investigación recientemente publicada por Harp en "El cártel de Fort Bragg", esta base, hogar de unidades de élite como la Fuerza Delta y los Boinas Verdes, se convirtió en el centro de una red criminal que operaba con impunidad absoluta. Las estadísticas son alarmantes:
- Entre 2020 y 2021 hubo 109 muertes en Fort Bragg, de las cuales solo cuatro ocurrieron en combate. El resto fueron suicidios, sobredosis y homicidios.
- La tasa de suicidios en la base es de aproximadamente 40 por cada 100 mil militares, el triple del promedio nacional (13,5 por cada 100 mil).
- Según el Pentágono, la tasa de sobredosis mortales en Fort Bragg fue de 36 por cada 100 mil soldados, superior al promedio nacional de 28.
- Entre enero de 2017 y septiembre de 2022 15 mil 293 militares en servicio activo sufrieron sobredosis de drogas, 322 de ellas mortales. "El número de muertes por sobredosis relacionadas con el fentanilo se ha duplicado en los últimos cinco años", advirtió el Pentágono en su informe.
- La base registró 142 sobredosis en 2023, 300% más que en 2020.
Esta epidemia tiene sus raíces en las guerras globales. El alto ritmo operativo de unidades como la Fuerza Delta en Irak y Afganistán —que llegaron a realizar hasta 10 redadas nocturnas— generó un trauma generalizado. Para soportar la carga, los médicos del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC, por sus siglas en inglés) distribuían anfetaminas, como Dexedrina y Adderall, para combatir el agotamiento; también opioides como Tramadol y benzodiazepinas como Xanax para la ansiedad y el dolor. Esta "cocina farmacéutica" normalizó el consumo de sustancias y facilitó el paso a drogas ilegales como cocaína, heroína y MDMA (éxtasis).
La cultura de impunidad permitió que esta adicción derivara en crimen. El sargento mayor William "Billy" Lavigne, de la Fuerza Delta, era un adicto y traficante que vendía metanfetaminas y cocaína desde la base. En marzo de 2018 asesinó a su compañero Mark Leshikar, otro miembro de la unidad, tras un fin de semana de consumo intensivo de drogas. A pesar de que la evidencia forense contradecía su versión de legítima defensa, nunca fue procesado. La inteligencia militar y la fiscalía cerraron el caso rápidamente, manipulando incluso el testimonio de una niña de seis años.
Lavigne era solo un eslabón de una red mucho mayor. Liderada por Freddie Wayne Huff, un exagente estatal con conexiones con el cártel de Los Zetas, y Timothy Dumas, un soldado activo que manipulaba los inventarios de armas en Fort Bragg, la organización importaba cocaína desde México y "kilos y kilos de coca" distribuía dentro y fuera de la base utilizando técnicas de ocultamiento avanzadas.
La red también traficaba con armas robadas de las armerías, que luego eran vendidas en el mercado negro, incluso a grupos vinculados con el crimen organizado como los Bloods y los Crips. Este patrón de impunidad revela que, mientras los civiles son criminalizados, los soldados de élite son protegidos.
Una maquinaria de encubrimiento judicial y manipulación mediática
Según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA, por sus siglas en inglés), 11% de los militares activos reporta uso de drogas ilegales, una cifra que aumenta a 25% entre los veteranos de Irak y Afganistán. Antes que abordar la crisis de manera integral, el ejército ha optado por despedir a soldados adictos sin ofrecer tratamiento, por lo que ha sido demandado en varias ocasiones.
El sistema judicial y los medios de comunicación han jugado un papel crucial en ocultar esta crisis. Los casos que involucraban a miembros de unidades de élite eran sistemáticamente desviados a tribunales militares opacos, donde la impunidad estaba garantizada.
La obra de Harp también detalla el emblemático caso de Cristóbal López Vallejo, acusado de violar a la teniente Erin Scanlon en septiembre de 2016. Tras una presión institucional masiva, los registros judiciales fueron expurgados y el caso fue trasladado a un tribunal militar en Fort Bragg. El juicio, compuesto por diez oficiales superiores, todos vinculados con el mando de operaciones especiales (Usasoc, por sus siglas en inglés), desestimó los cargos a pesar del testimonio de la víctima. Las grabaciones del juicio fueron destruidas por Usasoc, lo que impidió cualquier revisión transparente.
La DEA, por su parte, ha falseado datos sobre el origen de la heroína en Estados Unidos, atribuyéndola a México ("Mexican White") a pesar de que las muestras coinciden con el perfil afgano. En 2017, mientras Afganistán producía 80% de la heroína global, dicha agencia endilgaba toda la responsabilidad a los cárteles mexicanos.
Los medios han actuado como eco de la narrativa oficial. En lugar de investigar el problema de fondo, canales como New York Times y Associated Press difundieron teorías que atribuían los crímenes y comportamientos violentos al Lariam, un antipalúdico, lo que desvió la atención del consumo generalizado de drogas y la cultura tóxica dentro de las Fuerzas Especiales.
Esta manipulación se extendió hasta la cúspide del poder. El médico personal de Donald Trump, Ronny Jackson, conocido como "el Candy Man", distribuía estimulantes y ansiolíticos sin control en la Casa Blanca. Su nombramiento, a pesar de las acusaciones de malversación y prescripción indebida, envió un mensaje claro de tolerancia institucional hacia el abuso de sustancias.
La contradicción entre la retórica de Washington y la realidad de Fort Bragg es el producto de un sistema que prioriza el poder y el control sobre la vida y la justicia. Las guerras globales contra el terrorismo y las drogas han servido para militarizar regiones enteras, desestabilizar países y abrir mercados para el capital extractivista, mientras que, internamente, han dado pie a una generación de soldados traumatizados, adictos y abandonados por el mismo sistema que juraron servir.
La red criminal de Fort Bragg opera porque el Estado lo permite a través de sus aparatos judicial, militar y mediático. Es la manifestación más clara de que la "guerra contra las drogas" nunca fue para erradicar el narcotráfico sino una herramienta para gestionarlo, controlarlo y, sobre todo, ocultar su profunda complicidad con esta industria global.