La operación militar ejecutada por Estados Unidos contra Venezuela el pasado 3 de enero fue presentada por la administración de Donald Trump como una acción "precisa" y "perfectamente ejecutada". Desde Washington, el énfasis oficial estuvo puesto en el éxito operativo y en el carácter supuestamente quirúrgico de los ataques.

Sin embargo, a medida que han transcurrido los días, han comenzado a emerger reportes que cuestionan de manera directa ese encuadre, al documentar un saldo de víctimas civiles y daños a infraestructura que no ha sido explicado ni asumido públicamente por las autoridades estadounidenses.

Una investigación reciente de The Intercept aporta elementos clave para comprender esta dimensión del operativo. A partir de información obtenida de funcionarios del propio gobierno estadounidense y de organizaciones de monitoreo de conflictos, el medio revela fallas estructurales en los mecanismos destinados a registrar, evaluar y mitigar los daños causados a la población civil durante la operación.

Silencio oficial tras los ataques

La investigación pone el foco en una dimensión de la operación estadounidense que la Administración Trump busca que quede fuera del discurso oficial: la existencia de víctimas civiles y la incapacidad de las propias estructuras militares de Estados Unidos para gestionar el volumen de reportes derivados de los ataques. El texto describe una falla estructural en los mecanismos destinados a registrar, evaluar y responder a los daños causados a la población civil durante la operación ejecutada el 3 de enero.

Según el reportaje, el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) no cuenta actualmente con un mecanismo funcional para recibir informes sobre bajas civiles. Airwars, una organización independiente con sede en el Reino Unido especializada en documentar daños a civiles en conflictos armados, intentó presentar documentación sobre víctimas derivadas de los ataques en Venezuela, pero se encontró con que el comando no tenía cómo procesarla. Tras varios intentos, la organización fue instruida a remitir directamente los informes al Pentágono.

"Unos días después de los ataques, el equipo del Centro de Excelencia para la Protección Civil del Departamento de Defensa se puso en contacto con nosotros para saber si habíamos estado documentando daños a civiles causados por las acciones estadounidenses", explicó Emily Tripp, directora ejecutiva de Airwars.

De acuerdo con dos funcionarios del gobierno estadounidense citados por el medio, esta situación responde a un debilitamiento deliberado de los programas de mitigación de daños a civiles dentro de las fuerzas armadas. En el caso específico del Comando Sur, el personal dedicado a estas tareas habría sido reducido de cuatro empleados a un solo contratista, una cifra que resulta insuficiente incluso para procesar un número limitado de incidentes.

Esta reducción ocurre en el marco de decisiones impulsadas por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, orientadas a recortar programas vinculados a la protección de civiles. El resultado es que, ante los reportes surgidos tras la operación en Venezuela, SOUTHCOM no ofrece respuestas claras sobre cómo se están evaluando los daños.

Consultado por The Intercept, el coronel Emanuel Ortiz, jefe de asuntos públicos del Comando Sur, evitó precisar cuántas personas trabajan actualmente en la mitigación de daños civiles y se limitó a afirmar que el comando "cumple con los requisitos legales y reglamentarios", derivando el resto de las preguntas a la Oficina del Secretario de Guerra, que no respondió antes de la publicación del reportaje.

Airwars ya ha identificado al menos siete incidentes en los que civiles murieron o resultaron heridos, o en los que se produjeron daños significativos a infraestructura civil.

"Entre ellos se incluye un ataque aéreo que, según se informa, causó la muerte de una anciana y dejó a otras dos heridas en Prolongación Soublette, en Catia La Mar, Caracas, el 3 de enero. Otra mujer murió y su hija resultó herida en un presunto ataque aéreo estadounidense contra una antena de televisión y telefonía en el estado Miranda. Dos civiles también murieron, según se informa, cerca del Aeropuerto Óscar Machado Zoluaga, en Charallave, en un presunto ataque aéreo estadounidense esa misma mañana".

El informe sitúa estos episodios dentro de un patrón más amplio. Desde septiembre, el ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos 35 ataques conocidos contra embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico oriental, que han dejado un saldo mínimo de 123 civiles muertos, a quienes Washington atribuye vínculos con el narcotráfico, sin mostrar ninguna evidencia.

Una narrativa que se resquebraja

Mientras en Estados Unidos persisten los silencios y las evasivas, desde Venezuela las autoridades comenzaron a ofrecer un balance propio sobre las consecuencias humanas de los ataques del 3 de enero.

Las declaraciones del ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, describen un escenario que profundiza el contraste con el discurso de "precisión" difundido por Washington y pone el impacto sobre la población civil en el centro del debate.

Cabello informó que la cifra de fallecidos "sobrepasa las 100 personas asesinadas" como resultado de los bombardeos ejecutados en Caracas, Miranda y La Guaira. Según explicó, la violencia de las explosiones fue tal que un número indeterminado de víctimas no podrá ser identificado.

"Las explosiones fueron tan fuertes que hay personas de las que no sabemos dónde están, fueron fragmentadas de tal manera que es imposible identificarlas", afirmó el ministro.

De acuerdo con la información oficial venezolana, el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), con apoyo del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), se encuentra realizando estudios especiales de ADN a partir de restos humanos recuperados tras los ataques.

Esto se vuelve aún más significativo cuando se pone en continuidad con los ataques previos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, que han dejado más de un centenar de civiles muertos en los últimos meses, configurando un patrón que excede el caso venezolano y se extiende a una amenaza existencial a la región bajo el rótulo de "lucha contra el narcotráfico".

El contraste entre el discurso oficial y los datos que emergen desde el terreno erosiona la capacidad de sostener el encuadre de "aplicación de la ley" que la administración Trump intentó imponer desde el inicio, dificulta la legitimación política de la incursión militar y deja al descubierto los límites de la narrativa estadounidense frente a las consecuencias reales de su uso de la fuerza.