Mié. 22 Septiembre 2021 Actualizado ayer a las 10:15 pm

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Exministro de defensa boliviano y otros miembros del alto mando militar planificaban otro golpe de Estado (Foto: Ministerio de Defensa de Bolivia)
Cuando Arce ganó las elecciones en 2020

Ala militar de Áñez planificaba otro golpe en Bolivia con mercenarios de EEUU

A casi dos años del golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales, se suman otros elementos que confirman la participación de actores e intereses foráneos en la ejecución del mismo.

Recientemente, en unas grabaciones de llamadas difundidas por The Intercept entre Luis Fernando López, quien fue nombrado como Ministro de Defensa durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, y Joe Pereira, un antiguo administrador civil del ejército estadounidense enviado a Bolivia y señalado como organizador de una misión con mercenarios en el país sudamericano, queda en evidencia, nuevamente, la injerencia de Estados Unidos en la agenda de cambio de régimen en la región.

En otra grabación, Pereira identifica a un traductor como "Cyber Rambo", apodo de Luis Suárez, un exsargento del ejército estadounidense boliviano conocido por crear un algoritmo que impulsó los tweets anti-Morales durante la crisis política de 2019.

Aunque Suárez negó el contacto con López y Pereira, dijo que después de ser contactado por The Intercept encontró un mensaje previamente no leído y sin respuesta de Pereira, mensaje que según él "Pereira podría haber estado tratando de engañar a López haciéndole creer que estaba involucrado".

De acuerdo a los periodistas Laurence Blair y Ryan Grim, por las referencias a la victoria de Luis Arce en Bolivia, las llamadas pudieron haberse realizado antes del 5 de noviembre, cuando López huyó a Brasil tres días antes de la toma de posesión del nuevo presidente.

"La grabación comienza en medio de la conversación, con el hombre identificado como López diciendo: 'el armamento y otros equipos militares son obviamente muy importantes para reforzar lo que estamos haciendo'", reseña el trabajo periodístico. Asimismo, refiere que también estaba coordinando estas acciones con las autoridades policiales.

La planificación de estas acciones armadas se dan tras el rumor de que el nuevo gobierno electo quería reemplazar a las fuerzas armadas y la policía boliviana por milicias cubanas y venezolanas.

"Ese es el punto clave. Ellos [la policía y las fuerzas armadas] van a permitir que Bolivia se levante de nuevo y bloquee un gobierno de Arce. Esa es la realidad".

Por estas supuestas decisiones políticas que tomaría el nuevo gobierno boliviano se jugaba posición adelantada y se planificaba un golpe de Estado "preventivo" contra Arce. López en la llamada señala que sería el comandante de las fuerzas armadas quien "inicie la operación militar".

En la llamada López enfatiza que Sergio Orellana, el general de mayor rango designado por Áñez, estaba trabajando en dichos planes golpistas. Loa periodistas no pudieron contactar a Orellana y se cree que huyó de Bolivia a Colombia en noviembre.

"Llevamos toda la semana trabajando en esto", subraya López en la llamada, al tiempo que garantiza que para ese momento tenían a la fuerza armada para la causa del golpe de Estado. Sin embargo, también señala no es el 100% porque también hay militares que no se plegarían a esos planes. "Es probable que algunos militares apoyen 'al caballo ganador' (Arce) porque ganó las elecciones", pero admite que son "muy pocos".

"Llevo 11 meses trabajando para que las Fuerzas Armadas tengan dignidad, tengan moral, sean probadas y piensen en la patria por encima de todo. Les garantizo que esto no va a fallar", dice el ministro de defensa de Áñez sobre el control de la fuerza armada por parte de una clase militar y política.

Sobre los planes que estaban en marcha en el contexto de la toma de posesión, Evo Morales, que todavía se encontraba en el exilio, afirmó que Orellana había estado tratando de persuadir a los oficiales superiores para que establecieran una junta militar, utilizando el argumento de que Arce planeaba sustituir las fuerzas armadas por milicias. Morales sugirió que un general había desautorizado a Orellana y canceló rápidamente una movilización de tropas élites. Estas afirmaciones de Morales fueron ignoradas en ese momento por los medios de comunicación internacionales.

El general retirado y jefe de operaciones del ejército hasta 2010, Tomás Peña y Lillo, dijo a The Intercept que el complot no era más que un deseo. "Escuché rumores al respecto, pero nada concreto, nada sobre movimientos [de tropas]", afirmó.

El militar retirado afirmó que hay figuras militares bolivianas que siguen realmente preocupadas por el hecho de que el MAS albergue planes de marginar al ejército armando a sus propios partidarios, lo que demuestra el peligro que representa la nueva administración para el imaginario militar del país suramericano y la tensión que pudiera devenir en caso que se tomen medidas, que no necesariamente tengan que ver con la creación de milicias, sino la intervención del Ejecutivo en la estructura castrense. "Obviamente les gustaría hacerlo, podrían intentarlo. Pero la Constitución no lo permite. Y el ejército acatará la constitución", añadió el militar.

No hay que perder de vista que el golpe de Estado contra el presidente electo Evo Morales en 2019 se consolidó con la intervención de los altos mandos militares, que se plegaron a la agenda golpista orquestada por Estados Unidos y sus satélites.

¿Milicias Armadas?

Los periodistas refieren que la relación entre Evo Morales y las fuerzas armadas de Bolivia se fue deteriorando en los 14 años que duró su mandato, aun cuando el expresidente había formado parte de sus filas. Los roces con el alto mando militar, que en su mayoría fue formado en Estados Unidos, llegaron al punto de la fractura total.

El acercamiento a la izquierda, los elogios a Ernesto "Che" Guevara -asesinado en Bolivia con el apoyo de la CIA- y la creación de una academia militar "antiimperialista" son enfoques que evidentemente van en dirección contraria a la tradición de formarse bajo las políticas de seguridad estadounidense.

"Las quejas sobre los salarios también fueron compartidas por la policía. Su negativa a sofocar las protestas a raíz de las controvertidas elecciones de 2019 fue fundamental para obligar al presidente más antiguo de Bolivia a exiliarse, primero en México y luego en la vecina Argentina", recoge The Intercept.

Entendiendo esta lógica de formación es evidente que Morales y el MAS representaron una anomalía a la que no se podía volver. Por esta razón, algunos altos mandos militares no solo participaron en el golpe de Estado en 2019, sino que harían todo lo posible para sacar al MAS de la escena política.

Por eso -refiere el medio- los generales de alto rango estaban deliberando sobre cómo impedir que el MAS volviera al poder bajo Arce un año después, desconociendo el resultado de las elecciones de 2020, contraviniendo la Constitución y, sobre todo, desconociendo la voluntad de la gran mayoría de los bolivianos que llevaron al MAS de nuevo al poder.

"Mi trabajo en este momento se centra en evitar la aniquilación de mi país y la llegada de tropas venezolanas, cubanas y de Irán", remarcó López durante su llamada con Pereira. De igual manera, en un discurso pronunciado en octubre de 2020, con motivo del aniversario del asesinato de Guevara, López igualmente sacó a relucir su paranoia al prometer que los invasores extranjeros de cualquier nacionalidad -cubanos, venezolanos o argentinos- encontrarían la muerte en territorio boliviano.

"La afirmación de que los agentes cubanos, venezolanos e iraníes se han infiltrado con éxito en los gobiernos, los partidos de izquierda y los movimientos de protesta en toda América Latina se ha convertido en un tema de conversación frecuente de la derecha en toda la región en los últimos años, pero -fuera de la propia Venezuela- tiene pocas pruebas concretas que lo respalden", sostiene la revista digital.

Ciertamente, en enero de 2020, mientras se encontraba en el exilio en Buenos Aires, Morales dijo que intentaría organizar "milicias armadas del pueblo", siguiendo el modelo venezolano, si volvía a su país, aunque luego afirmó que se refería a "una tradición de patrullas de autodefensa locales en las comunidades andinas".

El politólogo boliviano y profesor de la Universidad Internacional de Florida, Eduardo Gamarra, afirma que en las fuerzas armadas había temor por que temían las represalias del MAS si llegaba al poder nuevamente, por lo que sugiere que a la cúpula militar le convenía que Arce estuviera fuera del gobierno.

Los planes para evitar el retorno del MAS

Se intentaba a toda costa que el MAS regresara a tomar posesión en la escena política boliviana, incluso persiguiendo a su líder más allá de las fronteras de ese país. The Intercept señala que Pereira también vigilaba el paradero de Evo Morales. En otra llamada telefónica, habla amistosamente con un hombre mayor, Manuel, quien le informa que Morales se ha mudado de una residencia temporal cerca de un colegio americano en el barrio de La Lucila de Buenos Aires.

"Qué dolor. Qué pena que nuestro compañero Evo se haya ido de ese lugar", dice Pereira. Su interlocutor responde: "Habrá que averiguar dónde está. Tiene que estar en algún sitio".

Los periodistas afirman que durante la llamada de 15 minutos, Pereira dice que la petición de armas "no es un problema" y pregunta cuántos de aviones Hércules C-130 dispone el ministro de Defensa. La respuesta de López: solo hay tres C-130 en toda Bolivia, y él solo tiene el control de uno, mientras que la policía nacional tiene dos. En ese momento Pereira ofrece tranquilidad porque también estaba coordinando los planes con las autoridades policiales y el alto mando.

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El exministro de Defensa Luis Fernando López, a la derecha, durante la ceremonia de ascenso de altos mandos de las Fuerzas Armadas de Bolivia en el Gran Cuartel de Miraflores el 20 de julio de 2020, en La Paz (Foto: Gaston Brito / Getty Images)

Pereira dice que las aeronaves son necesarias para recoger personal del Comando Sur en la Base Aérea de Homestead en Miami. También afirma que al llegar a dicha base los mercenarios ya estarían contratados, equipados y armados.

El traductor detalla: "Las tropas serían recogidas como contratistas privados" de manera que Estados Unidos no tenga ninguna responsabilidad. "Vamos a poner a toda esa gente bajo contratos ficticios para empresas bolivianas que ya operan en el país", continúa Pereira, con López asintiendo en cada punto.

Esto demuestra que el intercambio militar entre ambos países también servía para ocultar el ingreso de mercenarios al país sudamericano.

"Puedo conseguir hasta 10 mil hombres sin problema (…) Todas las fuerzas especiales. También puedo traer unos 350 que llamamos LEP, Law Enforcement Professionals, para guiar a la policía. (...) Conmigo [en Bolivia] tengo una plantilla de personal que puede ocuparse de varios trabajos diferentes. Si hay algo más que necesito, haré que vuelen como encubiertos, como si fueran fotógrafos, fueran pastores, fueran médicos, fueran turistas", promete Pereira.

Uno de los reclutadores radicados en Estados Unidos encargado por Pereira para organizar a esos hombres posteriormente dijo a The Intercept que la cifra de 10.000 era absurda. “No se podrían conseguir 10.000 personas ni siquiera si Blackwater volviera a funcionar y regresara a Irak, dijo David Shearman en junio.

Pero no solo eso era absurdo, también lo era el hecho de que Pereira afirmara que esta cohorte de mercenarios sería recibida con los brazos abiertos por los bolivianos, incluyendo a los más de 3 millones que votaron por el MAS.

De acuerdo a Joe Pereira, la organización del plan dentro de Bolivia estaría a cargo de Arturo Murillo, entonces ministro del Interior y responsable de la policía. En efecto, en las semanas previas a las elecciones de 2020, Murillo advirtió repetidamente en público y en privado que el MAS planeaba una insurrección armada si perdía la votación. En octubre, viajó a Washington para reunirse con diplomáticos estadounidenses, la OEA y la Casa Blanca, donde dijo que se discutieron asuntos de "seguridad nacional" y "amenazas" a las elecciones.

"Estados Unidos puede ayudar en muchas cosas", dijo Murillo, y luego confirmó que Bolivia estaba comprando armas para "defender la democracia" a "cualquier precio". En mayo de 2020, se jactó de haberse reunido con la CIA, afirmando que Mauricio Claver-Carone, el responsable de la administración Trump para asuntos latinoamericanos, les había "abierto muchas puertas".

Lo que queda claro de estas conversaciones grabadas es que se le quiere despojar a Estados Unidos de cualquier relación directa con la ejecución del plan golpista.

"Si nos ven como mercenarios o nos ven como [un] Estado contratado o como quieran vernos, me importa poco mientras no nos puedan vincular con la [participación] directa de las Fuerzas Especiales, el Ejército o la Fuerza Aérea", dice Pereira.

Los periodistas argumentan que las promesas de la operación armada en Bolivia expuestas por Pereira son exageradas y fantasiosas. Sin embargo, ello no le quita veracidad al plan de querer introducir mercenarios en vísperas de las elecciones de 2020. "Las pruebas vistas por The Intercept sugieren que los planes para desplegar a cientos de mercenarios, incluyendo a antiguos miembros del servicio estadounidense, para coincidir con las elecciones estaban muy avanzados en las semanas previas al 18 de octubre".

En correos electrónicos compartidos antes de las elecciones con The Intercept por un contratista de seguridad retirado -cuyo nombre no fue revelado- Pereira es nombrado como uno de los tres organizadores de la misión. Los otros dos, David Shearman y Joe Milligan, tienen una amplia experiencia en contrainsurgencia y operaciones encubiertas en el extranjero.

"Según el correo electrónico, el despliegue se retrasó debido al aplazamiento de las elecciones del 23 de julio, del 6 de septiembre al 18 de octubre. 'Todavía estamos en vías de conseguirlo con la suficiente antelación para hacer el tema del tren y el engranaje'", continúa Milligan, recoge la revista.

A los destinatarios del correo electrónico se les pidió que llamaran a un número registrado a nombre de Milligan, un vendedor de armas con licencia en Dallas, Texas. En una página de LinkedIn se describe a Milligan como entrenador policial y militar y jefe de seguridad de una empresa de chatarra de Dallas. Entre 2006 y 2012, trabajó en operaciones de contrainsurgencia y desactivación de bombas en Afganistán con la empresa militar privada MPRI, y entrenó a la policía iraquí con Blackwater, famosa por perpetrar una masacre de civiles en Bagdad en 2007.

En un principio, Milligan negó tener conocimiento sobre el plan, pero luego reconoció que los correos electrónicos eran auténticos y que Pereira, que organizaba la campaña, se había puesto en contacto con él a través de una red mutua.

Por su parte, Shearman, el otro contacto de la lista, se describe como un exmarine estadounidense que ha trabajado en todo el mundo en una variedad de "operaciones encubiertas", incluyendo la protección de funcionarios estadounidenses en Irak y Sudamérica.

De acuerdo a los planes, los grupos se moverán de forma escalonada según se fuera cumpliendo el cronograma.

"Todos ustedes recibirán sesiones informativas cuando viajemos, y tendrán una visión más amplia de la operación, la misión y las preocupaciones/sensibilidades de la misma", dice Shearman.

Prontuario de Pereira:

  • Llegó a Bolivia hace aproximadamente una década como miembro de una iglesia bautista en la ciudad oriental de Santa Cruz, cuna del golpismo contra Evo, y dijeron que se creía que era un exsoldado y pastor que trabajaba en la industria petrolera.
  • Durante un tiempo, dirigió la Fundación Bridge 2 Life, que afirma llevar a pastores, médicos y maestros a trabajar por toda América Latina y Oriente Medio.
  • Un anuncio de 2014 para una charla motivacional de Pereira lo describe como un "exoficial del ejército de las fuerzas especiales" y un "exmarine". La documentación pública se refiere a él como un contratista civil.
  • Según un boletín interno, había trabajado anteriormente como planificador de movilización de asuntos de la reserva en el Centro y Escuela de Guerra Especial John F. Kennedy de Fort Bragg, Carolina del Norte -un centro de entrenamiento del Ejército para el Mando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos, o SOCOM- en 1999. Otra publicación lo describe como contratista civil en la misma función en 2002.
  • Citación por fraude en 2016.
  • Prácticas comerciales engañosas.
  • Contratos ficticios para introducir mercenarios extranjeros en Bolivia "de forma encubierta" bajo la apariencia de pastores, médicos y turistas.

Pese a este prontuario de fraude, es innegable que Pereira tenga contacto con numerosos militares de alto rango, activos y retirados, así como con contratistas de seguridad privadas (mercenarios). Actualmente se desconoce su ubicación.

The Intercept insinúa que el golpe fracasa por desacuerdos entre el ministro de defensa López y Murillo por el control de la policía.

"Las grabaciones sugieren que López no solo estaba implicado, sino que los conspiradores le habían ofrecido la posibilidad de convertirse en presidente en lugar de Arce".

El desenlace ya lo conocemos y Murillo y López tuvieron que huir juntos a través de la frontera con Brasil el 5 de noviembre. Se escaparon en un avión de la Fuerza Aérea Boliviana poco antes de que se formularan acusaciones de corrupción contra ellos.

"Se sospecha que recibieron sobornos después de que una empresa de seguridad privada con sede en Florida, Bravo Tactical Solutions, obtuviera un contrato para suministrar gas lacrimógeno a las fuerzas de seguridad de Bolivia a precios muy elevados", refieren los periodistas.

Sin embargo, Murillo no encontró refugio fuera del país y el 26 de mayo de este año el FBI anunció que lo había arrestado por cargos de conspiración para cometer lavado de dinero relacionado con el caso del gas lacrimógeno. Ese mismo día, el ministro del Interior de Arce indicó que también solicitaría la extradición de López desde Brasil en relación con el caso.

De todo lo expuesto en esta nota quedan dos realidades insoslayables. Por una parte, el intervencionismo de Estados Unidos a través de la tercerización de la guerra por medio del contrato de mercenarios, vía funcionarios propios del gobierno de facto de Áñez y, por otra, las fisuras que pudieran existir entre el Ejecutivo y el poder militar una vez que se detectaron los planes de golpe de Estado.

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