El escándalo de Prevent Senior ha tomado los titulares de los medios de comunicación en Brasil la última semana. Antiguos médicos de la red hospitalaria entregaron a la Comisión Parlamentaria de Investigación del covid-19 (CPI) un expediente con una serie de acusaciones de irregularidades.

Los profesionales denuncian que la empresa utilizó sus hospitales como laboratorios para probar la hidroxicloroquina, la azitromicina y otros medicamentos del llamado "kit covid", en colaboración con la llamada oficina paralela del Ministerio de Salud del gobierno de Jair Bolsonaro.

Según el documento, Prevent Senior alteró los resultados del estudio para dar soporte a la afirmación de que los medicamentos, que no tenían comprobación científica, sí eran efectivos en el tratamiento de la enfermedad.

La empresa llegó al punto de alterar los certificados de defunción para ocultar la muerte de pacientes por covid-19 después de que fueran medicados. Tampoco informaron a los pacientes ni a los familiares qué medicamentos le iban a prescribir.

El medio GloboNews tuvo acceso a la hoja de cálculo con los nombres e información sanitaria de todos los participantes en el estudio. Nueve de ellos murieron durante la investigación, pero los autores sólo mencionaron dos muertes.

Los primeros resultados del estudio fueron publicados por Prevent Senior el 15 de abril de 2020. Tres días después, en su cuenta personal de Twitter, el presidente Jair Bolsonaro dio a conocer el experimento realizado.

"De un grupo de 636 pacientes acompañados por médicos, 224 no usaron hidroxicloroquina. De estos, 12 fueron hospitalizados y 5 fallecieron. De los 412 que optaron por el fármaco, solo 8 fueron hospitalizados y, además de no estar intubados, el número de fallecidos fue cero. El estudio completo se publicará en breve", dijo el presidente.

Dos de sus hijos, el diputado federal Eduardo Bolsonaro y el senador Flávio Bolsonaro, también fueron defensores del experimento de Prevent Senior.

Los parlamentarios del CPI se comprometieron a remitir los documentos y pruebas contra el operador sanitario al Ministerio Público de São Paulo (MP-SP), que continuará el proceso.