El arresto y presentación ante tribunales de Tareck El Aissami, Simón Zerpa y Samark López, como el hecho más relevante de la lucha contra la corrupción por parte de las autoridades en época reciente, invita a importantes comentarios sobre la política venezolana del momento.

Tareck El Aissami, exministro de Petróleo; Simón Zerpa, exministro de Finanzas; y Samark López, empresario, habrían sido los principales artífices de una intrincada trama de corrupción que ha sido denominada por el Ministerio Público venezolano como el caso PDVSA-Cripto.

Los tres detenidos serán imputados por traición a la patria, apropiación o distracción de patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

En marzo de 2023 habían sido detenidos el diputado Hugbel Roa y el funcionario Joselit Ramírez, superintendente de Criptoactivos en Venezuela (Sunacrip), ambos allegados de El Aissami. Así como Antonio Pérez Suárez, exvicepresidente de Comercio y Suministro de la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), y otros funcionarios de diversas instituciones, empresas del Estado venezolano así como empresas privadas.

El fiscal general Tarek William Saab explicó que, de los 54 detenidos que ha habido desde el año pasado por el descubrimiento de estas tramas de corrupción, cinco de ellos decidieron acogerse al beneficio de la delación, sobre lo cual señaló que sus vidas y la de sus familias, sin embargo, se hallaban en peligro pues estaban siendo amenazados de muerte por otros implicados.

Saab informó que hubo una demora en lograr las condiciones especiales para la protección de estos testigos, que permitieran a su vez que estas personas rindieran su testimonio, lo que ocurrió en las últimas horas. Por esta razón, señaló el Fiscal General que la detención de El Aissami no fue inmediata.

Sobre la trama de corrupción

Según las revelaciones preliminares efectuadas por el fiscal general Saab, la trama PDVSA-Cripto implicó métodos de saqueo directo de productos petrolíferos del Estado, que habrían sido despachados a empresas particulares y a beneficio de empresas fantasmas registradas por El Aissami, sin que esas riquezass terminaran reflejadas en la base de ingresos a la nación.

Adicionalmente, diversos recursos obtenidos de manera fraudulenta habrían sido blanqueados por un conjunto de empresas privadas y asociaciones económicas dentro y fuera de Venezuela.

Saab destacó el "uso de la tecnología digital financiera para encubrir el delito, para no ser captados ni ubicados", la cual se usó para enmascarar y ocultar responsabilidades. Según comentó el alto funcionario, la intrincada estructura tecnológica detrás del desfalco también fue otra causa de la demora en detener a El Aissami.

Señaló que el susodicho es responsable de la asignación de cargas de crudo a la Sunacrip y a particulares, sin control administrativo ni garantías, lo que incumplió con las normativas de contratación de PDVSA. El Aissami habría registrado empresas comercializadoras de crudo venezolano sin que gran parte de estos ingresos fueran retribuidos a la nación.

En el caso de Simón Zerpa, en complicidad con la exviceministra Johana Amorín, ficha y mano derecha de El Aissami, valiéndose de sus cargos desviaban fondos del Estado a través de supuestos proveedores —empresas de maletín— que no cumplían con requisitos para contratar con el Estado, lo que generó un daño patrimonial de millones de dólares.

Por su parte Samark López, en articulación con Joselit Ramírez, a través de un banco digital facilitaba las conexiones entre dinero en efectivo, cuentas digitales y criptomonedas para sostener toda la operación de la mafia criminal.

Saab señaló que López fue juzgado en Estados Unidos, "ganó el juicio y le devolvieron propiedades que le habían incautado". Se preguntó cómo pudo pasar eso.

Objetivos estratégicos de la trama corrupta

Se infiere de los anuncios del Fiscal General que la forma en que Samark López se escabulló de la justicia estadounidense podría ser un indicio de que probablemente haya negociado con autoridades de ese país.

Este hito sería una de las líneas de conexión con otras presunciones que ha revelado el Fiscal; es que detrás de la trama corrupta, además del interés de lucro desmedido, había también intereses políticos.

El plan, según el Fiscal General, era "destruir la economía, colapsar el país y que en 2024 la economía quedara peor". Saab refiere el acompasamiento de la corrupción como un mecanismo estructurado para debilitar los ingresos del Estado y la base de recursos del gobierno venezolano.

Parte de los objetivos de esta trama consistía en debilitar la posición política del presidente Nicolás Maduro en la víspera electoral.

Saab indicó que los imputados se valieron de mafias en PDVSA, en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y en la Sunacrip, concatenadas con banqueros corruptos y agentes extranjeros en el eje Miami-Washington.

Sobre dicho eje, el Fiscal afirmó que "apenas ocurrió la detención, hace minutos, fuentes nuestras en Estados Unidos nos avisaron que ya sabían allá de eso".

Usando criptomonedas y exchanges como Kraken, evadieron toda normativa financiera del Banco Central de Venezuela (BCV) y desestabilizaron la moneda nacional, aumentaron el mercado negro de divisas y causaron daños al Estado venezolano, afirmó Tarek William Saab.

De acuerdo con estas declaraciones, además de menguar la base económica del Estado, la trama PDVSA-Cripto era un acelerante de la inestabilidad monetaria al estimular el tipo de cambio paralelo, lo cual amplificó los efectos de las medidas de sanciones ilegales que ya pesaban sobre la economía venezolana.

Posibilidades e hipótesis

Es de especial notoriedad el énfasis que el fiscal general Tarek William Saab ha hecho sobre la posibilidad de una trama política como cuestión de fondo, lo cual sugiere diversas interpretaciones.

Las funciones que Tareck El Aissami habría cumplido como responsable de la cartera petrolera, pero además como vicepresidente de economía, lo habrían posicionado como un articulador entre el gobierno venezolano y factores de la empresa privada nacional y extranjera.

En ese contexto, El Aissami habría sido considerado un factor "moderado" del gobierno, aunque al mismo tiempo hubiera sido uno de los dirigentes sancionados por Estados Unidos.

Desde estos elementos es posible inferir que, mediante el desarrollo de su trama de corrupción, El Aissami y Samark López en primera línea podrían haberse alineado con sujetos del eje Miami-Washington para proteger posibles bienes financieros del robo, ubicados fuera de Venezuela, a cambio de acelerar el debilitamiento del gobierno y promover un cambio de régimen de manera acompasada con otros factores económicos y políticos dentro de Venezuela.

En ese escenario también confluirían las posibles aspiraciones de El Aissami como un elemento relevante e influyente —con poder político real y no a partir de delegaciones por asumir un cargo de gobierno— en un escenario de "transición" y "postransición", basado en su carácter "moderado" y en los vínculos clientelares que habría construido dentro y fuera del país.

La actuación del Estado venezolano en su lucha contra la corrupción habría detenido la construcción de una estructura capitalista neopatrimonial fundada con recursos de la corrupción, aunada a una articulada degradación de la estabilidad económica y capacidades financieras del gobierno nacional como medios instrumentales para un cambio de régimen y con propósitos restauradores de la hegemonía de Washington en suelo venezolano.

La articulación corrupta de la trama PDVSA-Cripto ha demostrado ser intrincada y extensa en lo económico, pero podría también tener multiplicidad de tentáculos en el desarrollo de sus posibles fines en lo político.

Aunque las autoridades venezolanas no han realizado nuevas revelaciones sobre la faceta política de esta conspiración económica, podrían surgir nuevos elementos que refieran una amplitud mayor de sujetos relacionados directa o indirectamente a este entramado.