El Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS, por sus siglas en inglés) publicó su tradicional informe de inicio de año sobre la solicitud de la administración de Joe Biden para la asignación del presupuesto a la asistencia exterior hacia América Latina y el Caribe, correspondiente al año fiscal 2023, cuya cifra ronda los más de 2 mil 400 millones de dólares, el mayor financiamiento que se ha asignado a la región en más de una década.
Cada año el Congreso estadounidense presupuesta una determinada cantidad de dólares, de acuerdo con el criterio del gobierno de turno, que en el discurso se justifica con "brindar ayuda", aunque realmente el único propósito es ganar influencia sobre las políticas de los gobiernos extranjeros para que apoyen los intereses de Estados Unidos. Así lo confirma Matthew Rooney del Instituto George W. Bush: "Al proporcionar estos fondos, Estados Unidos presiona a esos países para que prioricen sus objetivos en la región".
¿A quiénes entregan tal dotación? El CRS señala que la mayor parte de esos recursos se envían a las llamadas organizaciones no gubernamentales (ONG) en lugar de a gobiernos. También, Rooney aclara que el capital no se entrega al Estado o al gobierno del país receptor sino que se crea un esquema de tercerización de la operación política: "Estados Unidos contrata a terceros, como a las ONG o instituciones educativas, para proporcionar bienes y servicios a los ciudadanos del país".
De esta manera, las ONG implementan la agenda estadounidense en las comunidades o sectores donde oficialmente las instituciones gubernamentales de ese país no pueden llegar directamente. Entonces la asistencia material, técnica y hasta axiológica la trabajan desde una base social clave con un fin último que tributa a los intereses de Estados Unidos.
En el informe el CRS revela la distribución de los fondos, tanto a cada país como hacia el sector adonde se brindará el financiamiento, sean asuntos concernientes a migración, narcotráfico, seguridad, democracia o asistencia militar. Sobre Venezuela, el CRS indica que la solicitud de este año fue 55 millones de dólares para apoyar, grosso modo, a "los actores democráticos y otras organizaciones de la sociedad civil". El texto subraya cómo ha ocurrido su preocupación al respecto desde hace un par de lustros:
"Estados Unidos tradicionalmente solo ha proporcionado pequeñas cantidades de asistencia debido a la riqueza petrolera del país y al nivel de ingreso per cápita relativamente alto. La asistencia se ha centrado en programas de democracia a ONG (…) la solicitud del año fiscal 2013 es de 3 millones de dólares en apoyo a la democracia, implementado por USAID (…) al mismo tiempo, algunos congresistas del comité se opusieron a los recortes en financiamiento a la democracia en Venezuela, ya que ellos sostienen que son vitales para ayudar a los defensores de la democracia".
Asimismo, en 2021 señalaron abiertamente que su participación no es tanto para fortalecer la democracia sino que el monto asignado de 33 millones de dólares iba destinado a impulsar "la transición democrática en Venezuela". El texto también expresa que Venezuela "es uno de los pocos países de la región para los que la administración solicitó mayor asistencia" debido a que asumían "que habría progreso hacia el restablecimiento de la democracia el año fiscal 2021".
Esto no es sorpresivo porque los gobiernos estadounidenses desde hace más de dos décadas se han dedicado a invertir en regímenes que benefician su propia conveniencia. No obstante, llama la atención que la cifra va en aumento en los últimos seis años, y destacan así tres rasgos:
- El gran salto. En 2017 la asistencia rondaba los 7 millones de dólares que, al comparar con el año corriente, la asignación a la "democracia" aumentó a 55 millones de dólares.
- Tendencia en aumento. Desde 2017 la curva va in crescendo. En ese año la administración de Donald Trump impuso la Orden Ejecutiva 13808, a partir de la que recrudeció el esquema "sancionatorio" contra Venezuela.
- Inversión. Desde 2011 hasta el presente año, el total de financiamiento acumulado que ha reportado y proporcionado Estados Unidos a terceros para fortalecer el sector "democrático" de Venezuela registra más de 250 millones de dólares.
Cabe resaltar que en 2017 Venezuela empezó a aparecer como parte importante en las consideraciones sobre asignación de presupuesto, lo cual es corroborable en las siguientes cifras incluidas en el informe de este año:
- Colombia: 462,9 millones de dólares para programas de antinarcóticos, acuerdo de paz y seguridad.
- México: 141,6 millones de dólares para robustecer el estado de derecho.
- Cuenca del Caribe: 63,5 millones de dólares.
- Venezuela: 55 millones de dólares para actividades de democracia y derechos humanos.
Queda en evidencia que cada año la cantidad canalizada hacia proyectos "democráticos" en Venezuela aumenta. En 2019, el presupuesto solicitado para fortalecer la democracia era de 22,5 millones de dólares; en 2022 el monto a invertir doblaba esa cifra hasta alcanzar unos 48 millones de dólares.
El primer frente de este circuito político lo lleva la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), que en su manual de asistencia a partidos políticos, en el apartado "Apoyo a los intereses nacionales de Estados Unidos", explica que se fomenta dicha colaboración para que, en el marco de la gobernabilidad, los partidos políticos puedan contribuir a la seguridad nacional de los Estados Unidos y promover los objetivos de su política exterior.
Aunado a esto, exponen que el propósito de la implementación de esa asistencia a los partidos políticos o actores democráticos es que estos puedan reflejar "los intereses" de todos los grupos sociales, lo que en realidad se constituye en una pantomima discursiva debido a que aquellos sectores políticos financiados deben encubrir las pretensiones de Estados Unidos y aparentar que les importa el bienestar de alguna comunidad, sector o localidad con el fin de lograr la legitimidad impulsada "desde las bases". Sin embargo, desde su concepción realmente se trata de la imposición de la agenda estadounidense porque, para ser precisos, se dedican con prioridad a preparar personas proclives a cooperar con ellos. Así que resulta importante identificar y separar las organizaciones que intentan abordar los problemas y necesidades reales de las comunidades, de aquellas que promueven la agenda interna de Estados Unidos bajo el pretexto de la "democratización de la sociedad".
Aunque la USAID es el centro emanador de este poder blando, en el informe reciente del CRS se reporta que ahora se asignaría 38 millones de dólares a otro brazo de asistencia a la región, la Fundación Interamericana (IAF, por sus siglas en inglés), entre cuyos planes figura "integrar a los venezolanos en las comunidades anfitrionas".
De esta forma, Estados Unidos se inmiscuye directamente en los asuntos internos del país, especialmente en los relacionados con temas de "democracia", y utiliza las ONG como pantalla detrás de la cual opera su intervencionismo. Así, promovidas como agrupaciones independientes, preocupadas por gestionar recursos hacia comunidades vulneradas o en situación de riesgo, las ONG solo operan como otro apéndice del ejercicio imperialista y, en realidad, están vaciadas de toda intención genuinamente humanitaria.
Los informes del CRS presentan una imagen instantánea, mas no completa, del financiamiento de lo que denominan "ayuda al exterior" de Estados Unidos a Venezuela —y la región latinocaribeña—, y así ilustran que algunas ONG fungen como instrumento de la política exterior de Washington. En este caso, el capital dinerario incrementado año tras año confirma que el plan injerencista de "transición democrática" tiene preeminencia en los intereses estadounidenses.