Una vez más Estados Unidos queda al descubierto en su estrategia de emplear el chantaje de las medidas coercitivas ilegales como medio de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, con el objetivo de atacar la economía de Venezuela y someter a su población a un sufrimiento ya denunciado hasta por el mismo Congreso estadounidense, todo ello para imponer su propia agenda política en el país.

Esta táctica ha quedado patente en la reciente decisión de reimponer sanciones en respuesta a la inhabilitación de María Corina Machado. A pesar de la narrativa que se está construyendo en los medios de comunicación, es importante destacar que el Estado venezolano no ha incumplido lo establecido en los Acuerdos de Barbados durante el proceso de revisión de las inhabilitaciones.

Según un documento compartido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, las partes que suscribieron el Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos, es decir, el gobierno venezolano y los partidos de oposición agrupados en la Plataforma Unitaria Democrática, aceptaron, entre otros puntos:

• Acatar en el marco constitucional la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que emane de este recurso.

• Rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela.

En un artículo previo, presentamos los argumentos que respaldan la validez de la inhabilitación política de la lideresa de Vente Venezuela y cómo esto no infringe los Acuerdos de Barbados. Visto así, resulta evidente que tanto ella como sus seguidores, así como el gobierno estadounidense, violentan estos puntos al desestimar la decisión del TSJ y amenazar con sanciones que ponen en peligro la estabilidad económica y social del país en franca recuperación.

Este clima de hostilidad ha llevado al gobierno del presidente Nicolás Maduro a defender el orden constitucional.

En este sentido, y en el marco de los Acuerdos de Barbados, se anuncia la convocatoria a una "mesa de diálogo nacional amplia e inclusiva", que contará con la participación de todos los sectores políticos, económicos y sociales del país, con el fin de discutir y elaborar una propuesta de cronograma electoral para ser presentada ante el Consejo Nacional Electoral.

Tal anuncio fue ratificado por unanimidad, a través de un acuerdo de la Asamblea Nacional de Venezuela, donde los distintos factores políticos que hacen vida en la sede del poder legislativo venezolano apuestan por la realización de las elecciones presidenciales en un clima libre "de cualquier injerencia de potencia extranjera" que pudiera atentar contra la soberanía venezolana y sus instituciones.

En un contexto donde los sectores violentos de la oposición apuestan por reeditar escenarios de conflicto en el país, las instituciones del Estado venezolano, al igual que otros momentos como el de 2017, apuestan sin dilación a la convocatoria de elecciones como mecanismo democrático contra los atajos inconstitucionales y el chantaje internacional.

Las posturas manipuladoras y extorsivas del tipo "no pueden hacer elecciones sin mí", amparadas en una política ilegal de sanciones y bloqueo económico, no hacen sino develar quién representa los intereses estadounidenses y quién los intereses venezolanos.

La resistencia a esta presión ejercida por Machado se extiende a facciones no extremistas de oposición que admiten, según Copei, que lo que ella encarna son las posiciones "abstencionistas, solicitantes de sanciones, solicitantes de bloqueo, de personas que desconocieron todas las instituciones de Venezuela".

Las declaraciones de algunos voceros de la oposición, con las que pretenden ignorar la decisión del TSJ, permiten prever la apuesta que se estaría realizando en reeditar escenarios como los del interinato de 2019, con una candidatura fake que desde ya comienza a aglutinar apoyos internacionales en busca de un nuevo Grupo de Lima.

No obstante, la realidad terminará demostrándoles que la estabilidad política, económica y social de Venezuela va más allá de los caprichos de "X" o "Y" persona o actor político y que el talante democrático de la población venezolana terminará imponiéndose una vez más.