El 8 de febrero de 2024 se cumplieron 20 meses desde que autoridades argentinas impidieron, en un primer momento, la recarga de combustible y posterior despegue de la aeronave Boeing 747-300M, propiedad de la empresa venezolana Emtrasur.

Cuatro días más tarde, el 12, las autoridades argentinas, en colusión con las estadounidenses, concretaron el robo de este activo del Estado venezolano con el traslado de la aeronave hacia Estados Unidos, y así se cerró un nuevo capítulo de saqueo contra la nación que se suma a los bienes incautados, confiscados y robados en el marco del régimen de sanciones contra Venezuela.

La acción atropellada con que se le despoja a la república de un nuevo activo, en pleno proceso de negociación de cara a las elecciones presidenciales de 2024, demuestra una vez más que Washington es un actor en el que Venezuela en particular, pero ningún país en general, pueda confiar.

De allí la urgencia de crear espacios donde este tipo de tropelías y desmanes se eviten y la ley del más fuerte no termine imponiéndose sobre el Derecho Internacional, según el cual existe igualdad soberana entre los Estados.

Lo del 12 de febrero refleja nuevamente la crisis del actual orden mundial y la necesidad de transitar hacia uno nuevo regido por liderazgos que se legitimen más allá de las sanciones y el abuso de poder.

Estados Unidos celebra la incautación

El Departamento de Justicia informó, el mismo 12, que realizó la ejecución de una orden final de decomiso sobre un avión de carga Boeing 747 de fabricación estadounidense, propiedad de la empresa venezolana Emtrasur, pero que previamente pertenecía a Mahan Air, una aerolínea iraní sancionada y afiliada a la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC-QF), “una Organización Terrorista Extranjera (FTO) designada”.

El 11 de febrero el gobierno argentino transfirió la custodia física de la aeronave a Estados Unidos, en cumplimiento con la orden final de decomiso emitida por el Tribunal de Distrito de Columbia de ese país, el 3 de mayo de 2023.

Dicha orden confiere todos los derechos, títulos e intereses sobre la aeronave en territorio estadounidense. El avión de carga Boeing 747 arribó al Distrito Sur de Florida, donde se encuentra en proceso de preparación para su eliminación.

Según el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Markenzy Lapointe, “los malos actores, tanto cercanos como lejanos, están en alerta de que Estados Unidos utilizará todas sus herramientas para hacer rendir cuentas a quienes violen nuestras leyes. La exitosa incautación del Boeing 747 subraya nuestro compromiso de prevenir la exportación ilegal de tecnologías estadounidenses y hacer cumplir las leyes de control de exportaciones de Estados Unidos”.

En ese mismo orden de ideas, Matthew M. Grave, fiscal federal para el Distrito de Columbia, dijo que “los adversarios extranjeros, que buscan utilizar ilegalmente productos fabricados en Estados Unidos para promover sus esfuerzos, deben saber que el gobierno trabajará con la comunidad internacional para hacerlos responsables de su conducta ilegal. Estados Unidos agradece la colaboración de nuestros socios argentinos, encargados de hacer cumplir la ley y el poder judicial”.

Actuar como pandilla

Viendo el proceso de despojo que con el régimen de sanciones se ha implementado contra Venezuela, resalta que la eficiencia del mismo no habría sido posible sin la anuencia y apoyo de gobiernos que, con acciones claramente serviles a los intereses estadounidenses, atentan contra el patrimonio de toda una nación.

Desde el Reino Unido, con la confiscación del oro venezolano, hasta la Colombia de Iván Duque, con la toma de Monómeros del Caribe, así como con el gobierno de Cabo Verde, que entregó a las autoridades estadounidenses al diplomático venezolano Álex Saab, asistimos a una crisis sin precedentes del Derecho Internacional.

Con Emtrasur la actuación de Argentina es doblemente vergonzosa porque todo inició durante la administración de Alberto Fernández, un gobierno que estaba llamado a actuar con base en el Derecho Internacional, pero al que su incompetencia y don de indefinición perpetua le impidió frenar el proceso de despojo. Tras la llegada de una nueva administración, con Javier Milei a la cabeza —abiertamente proestadounidense—, se logró gestionar con una eficiencia inusitada el despojo en solo dos meses que el susodicho lleva sentado en el sillón de Rivadavia.

De este modo, tanto Argentina como los países que permitieron el tránsito del avión robado por sus espacios aéreos, por la ruta del Pacífico para evitar cualquier complicación soberana o apagando el transpondedor cuando hiciera falta, son cómplices de un “procedimiento” que viene a sumar desconfianza y recelo en una región que dista mucho de consolidarse en un espacio de concertación y respeto, cuando se trata de otro acto en el marco de la demente “jurisdicción extraterritorial” de los Estados Unidos.

Todo ocurre días después de que Brian Nichols, justo una semana antes de que se concretara el robo, visitó Argentina y se reunió con su canciller, Diana Elena Mondino.

La medida de fuerza que plantea el robo del avión da una señal positiva y un guiño a los halcones de las sanciones y eleva la apuesta a quienes prefieren un enfoque que aumenta la presión estadounidense de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

No obstante, como ha quedado demostrado durante más de ocho años, la postura estadounidense de presionar y extorsionar a la parte venezolana no es garantía de que el gobierno bolivariano modificará la postura que viene manteniendo en temas concretos, ni mucho menos para la oposición extremista de que conseguirá sus objetivos inmediatos.

Por otro lado, pareciera que inicia un nuevo ciclo en la región, en el que algunos gobiernos retomarán posturas serviles contra Venezuela, reeditando escenarios como los de 2017-2020, cuando desde el Grupo de Lima se tomaron medidas altamente perjudiciales para el país bolivariano.

Tal afirmación encuentra ilustracion en las recientes declaraciones del presidente Lacalle Pou, de Uruguay, y Daniel Noboa, de Ecuador, quienes han cuestionado las próximas elecciones en el país con argumentos que refuerzan el planteamiento.

¿Qué sigue en lo inmediato?

A pesar del amargo sabor que deja el traslado del avión a territorio estadounidense, sabemos que aun no se puede dar por concluida la lucha por el rescate de este activo. En comunicado de la empresa Emtrasur se deja abierta la posibilidad de que se ejerzan las acciones judiciales correspondientes a fin de que el activo vuelva a las manos de sus legítimos dueños.

La cancillería venezolana ha expresado que “dará una respuesta contundente, directa y proporcionada ante este ataque, para lo cual usará todos los recursos disponibles en el marco de la Constitución nacional, la diplomacia y el Derecho Internacional”, así como que “ejercerá todas las acciones que permitan restablecer la justicia y lograr la restitución de la aeronave a su legítimo propietario”.

La próxima reunión de la Celac, a celebrarse en marzo, donde participarán los Jefes de Estado y de Gobierno de los 33 países miembros, es el escenario idóneo para que el gobierno nacional exponga, de forma clara, esta nueva forma de relaciones que va cobrando fuerza en la región.

Al final, en poco más de año y medio, asistimos a la violación sistemática del Derecho Internacional Público y de las normativas aplicables a la aeronáutica civil internacional; presenciamos, también, la manera en que opera la extraterritorialidad de las leyes estadounidenses, con la anuencia de autoridades nacionales en distintos países; y cómo, ante las pretensiones de los poderosos, solo queda la dignidad de quienes, sabiendo que actuaron a derecho, se niegan a sus abusos y arbitrariedades.

En fin, fuimos testigos de una novela que develó cómo opera el supuesto “orden basado en reglas” que tanto pregona Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, y que se materializa en el robo de activos de sus principales y más cercanos adversarios.