No transcurrió mucho tiempo para que se corroboraran las acusaciones del gobierno de Venezuela contra algunas agencias del gobierno de Estados Unidos por actividades conspirativas. Concretamente, The Associated Press (AP) ha publicado recientemente un artículo con pruebas de actividades de espionaje en nuestro país, por parte de la Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

El texto se refiere a un memorando confidencial obtenido que detalla una operación encubierta de un año de duración, con la que se pretendía construir casos de narcotráfico contra los líderes del país. Señala la nota que la intención claramente constituiría una violación flagrante del Derecho Internacional por parte de la DEA, y en consecuencia de Estados Unidos contra Venezuela.

El plan, llevado a cabo en 2018, consistió en enviar agentes encubiertos para grabar subrepticiamente y montar denuncias de narcotráfico contra autoridades gubernamentales de Venezuela, incluido el presidente Nicolás Maduro. Esto forma parte de una ampliación de la "Operación Tejón del Dinero", iniciativa creada en 2013 para investigar a connacionales.

El plan, cuyo objetivo era que los informantes clandestinos grabaran a altos funcionarios supuestamente sospechosos de estar involucrados en actividades relacionadas con el narcotráfico, fue aprobado por el Comité de Revisión de Actividades Sensibles a pesar de la evidente violación de las leyes venezolanas e internacionales, al no informar a las autoridades del país.

El contexto en el que se reveló la actividad conspirativa de la DEA fue un juicio por conspiración de soborno. El memorando fue subido inadvertidamente a un sitio web de intercambio de archivos por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en Manhattan durante el juicio, y fue retirado después de que un reportero de AP comenzara a preguntar por él, según el artículo.

En los documentos internos la DEA reconoce su participación, lo que sorprendió a funcionarios y exfuncionarios de la agencia consultados por AP debido al riesgo de que el ardid saliera a la luz pública.

Es un asunto ampliamente conocido que esta instancia —al igual que otras como la CIA— desempeña un papel fundamental en la configuración de Estados Unidos como un verdadero narcoestado y ha intentado implicar a Venezuela en una patraña sobre actividades relacionadas con el tráfico de drogas, como parte de su expediente para criminalizar el país, utilizando también elementos falsos de terrorismo y represión.

Precisamente 2018, año en que se enmarca la operación relatada por AP, fue cuando se agudizaron los hostigamientos al gobierno del presidente Maduro justficados en la “lucha antidrogas” y en la estrategia fracasada de "máxima presión" de la administración Trump.

No es sorprendente tampoco la falta de discreción de Estados Unidos en cuanto a sus actividades encubiertas, especialmente cuando se hacen declaraciones como las del jefe de la CIA, William Burns, quien admite que su país se siente amenazado por el ascenso de factores geopolíticos como China y Rusia, y se enorgullece de aprovechar cualquier desafección entre funcionarios o seguidores del gobierno ruso para reclutar colaboradores para su agencia.

Estos indicios publicados por AP corroboran las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público y los organismos de inteligencia venezolanos, en las que se implica a la DEA, la CIA y el Comando Sur como operadores de Estados Unidos para erosionar los Acuerdos de Barbados. Además, respaldan las medidas adoptadas por el gobierno venezolano para salvaguardar la paz, la soberanía y la estabilidad del país, sin ceder ante las tácticas de chantaje del enemigo y manteniendo su compromiso con los acuerdos concretados en el diálogo nacional con todos los sectores del país.