Este 18 de octubre se dio a conocer una noticia importante para Venezuela. Como resultado de los acuerdos firmados en Barbados por el gobierno del presidente Nicolás Maduro y un sector de las oposiciones agrupado en la Plataforma Unitaria Democrática, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha suspendido temporalmente algunas órdenes ejecutivas emitidas contra Venezuela durante la campaña de "máxima presión" llevada a cabo por la administración de Donald Trump.

A continuación, presentamos cuatro claves para entender esta medida y sus repercusiones.

¿Se levantaron las sanciones?

Mediante un comunicado oficial, el Departamento del Tesoro anunció la emisión de licencias generales que permitirán efectuar transacciones relacionadas con el sector de petróleo y gas, así como el área del oro en Venezuela. Esta medida también incluye la eliminación de la prohibición para el comercio secundario en el país.

Algunos medios han presentado la decisión de la Administración Biden como un "levantamiento" de las sanciones ilegales contra Venezuela. Si bien se puede traducir en un avance hacia la flexibilización del total de las medidas coercitivas que pesan sobre el país, es pertinente subrayar el carácter de temporalidad de las licencias y las condicionantes de Washington.

Se ha puesto un margen de vigencia de seis meses para las medidas que están relacionadas con el sector petrolero y gasífero. Además, el gobierno estadounidense ha puesto determinaciones relacionadas con "avances hacia unas elecciones democráticas" y la "liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela" para la continuidad de las licencias.

Adicionalmente, se han mantenido varias restricciones como la prohibición a negociar con entidades rusas en el sector petrolero o gasífero, la prohibición a las transacciones con deudas del gobierno de Venezuela o adquirir más de 50% de acciones en ciertas entidades, y la negativa a que propiedades incautadas sean desbloqueadas, a menos que se autorice por separado.

Considerando el historial de Estados Unidos en el incumplimiento de acuerdos y negociaciones previas, resulta necesario tener a la vista la probabilidad de que el establecimiento de límites en la flexibilización de las sanciones, y condiciones ambiguas, sean estrategias que puedan utilizar a su conveniencia en el futuro, en caso de que decidan revertir su decisión.

En ese sentido, ya se ha comenzado a crear narrativas falsas que sugieren que el gobierno venezolano se habría comprometido a levantar las inhabilitaciones y otros puntos que no están en los acuerdos firmados en Barbados. Un vocero del Departamento de Estado ha difundido esta información, pero el jefe de la delegación venezolana en la mesa de negociaciones, Jorge Rodríguez, junto con el presidente Nicolás Maduro, han desmentido esta afirmación y dejado en claro que las inhabilitaciones no forman parte de lo convenido.

De esta manera, la medida estadounidense consiste más bien en la administración o gestión de licencias generales que permiten a Estados Unidos maniobrar su propio esquema de sanciones a conveniencia según los intereses de turno. Cuestión que de por sí abre una ventana de oportunidades para Venezuela en sectores estratégicos, aun cuando esté condicionada por las prerrogativas de la Casa Blanca.

Alcances en los sectores industrial, económico y comercial de Venezuela

Las licencias generales emitidas el 18 de octubre tendrán un impacto directo en las operaciones del sector de petróleo y gas, así como en el sector aurífero de la economía venezolana. Además, afectan las compras realizadas por ciudadanos estadounidenses en el mercado secundario de ciertos bonos y acciones soberanas de Venezuela.

Estos son los detalles de algunas de ellas, reseñados en un documento de la OFAC:

• La Licencia General de Venezuela (GL) 44 autoriza temporalmente todas las transacciones relacionadas con las operaciones del sector de petróleo y gas en Venezuela, incluidas las financieras con ciertos bancos bloqueados (Banco Central de Venezuela y Banco de Venezuela).
• La Licencia General de Venezuela (GL) 43 autoriza ciertas transacciones que involucran la CVG Compañía General de Minería de Venezuela CA (Minerven) y aclara que no se sancionará a ninguna persona por operar en el sector del oro.
• Las Licencias Generales de Venezuela (GL) 31 y (GL) 9H eliminan las prohibiciones de negociación en el mercado secundario para bonos soberanos venezolanos y bonos o acciones emitidos por Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) antes de 2017.

Durante una reunión liderada por el presidente Maduro en la sede del gobierno, en la que participó la delegación que mantuvo un encuentro con la opositora Plataforma Unitaria Democrática en Barbados, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, destacó algunos aspectos fundamentales que tendrán un impacto significativo en la industria petrolera venezolana.

En primer lugar, se permitirá la comercialización de materiales y servicios, cuya prohibición fue una de las formas más perjudiciales para la industria petrolera ya que impedía el mantenimiento adecuado de los campos, pozos y refinerías. En segundo lugar, se abre completamente la posibilidad de que cualquier empresa o entidad internacional pueda invertir en los sectores de petróleo y gas en Venezuela.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez resaltó que las autorizaciones otorgadas al Banco Central de Venezuela y al Banco de Venezuela permitirán el uso de mecanismos de pago en operaciones como las que ya se están poniendo en marcha con Trinidad y Tobago en la exploración y comercialización de gas natural en Campo Dragón.

El mismísimo presidente Maduro comentó en este sentido:

"Venezuela, con estos acuerdos y estas decisiones que se han tomado, entra con fuerza en el mercado petrolero y gasífero nuevamente, de manera progresiva".

Fracaso de la campaña de "máxima presión"

En los últimos tiempos, se ha observado un cambio gradual en la narrativa en torno a la estrategia de "máxima presión" contra Venezuela implementada durante la administración de Donald Trump. Esta alteración se ha producido especialmente desde que comenzó la Operación Militar Especial rusa en febrero de 2022 y Estados Unidos y la Unión Europea se enfrentaron a Moscú con sanciones económicas que afectaron especialmente el sector energético.

A partir de ese momento, ha habido acciones un tanto dubitativas en relación con continuar con las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Esto se debe a que Estados Unidos necesita mejorar su posición en el mercado energético mundial, que se ha visto desmejorada por el efecto búmeran ocasionado por las sanciones contra Rusia, y que también se ha extendido a sus aliados europeos.

Este complejo cuadro global convierte a Venezuela en un factor valioso para revertir las consecuencias. Desde esta tribuna ya veníamos señalando y analizando algunas de las medidas que había tomado el gobierno estadounidense, diferentes a la radicalización de la "máxima presión". Entre ellas destaca la autorización a empresas europeas como Repsol (España) y Eni (Italia) para operar en Venezuela, así como la renovación y actualización de licencias a Chevron.

Lo anterior muestra la cierta urgencia que existe, ya no solo desde el punto de vista de la economía venezolana ni regional, sino del propio Occidente, por reinsertar al país en el mercado energético global. Sin embargo, la política estadounidense no ha estado exenta de contradicciones internas para acceder a un paso de mayor relevancia como el ocurrido ahora.

Esto se debe, sobre todo, al costo político que puede significarle a la administración demócrata en funciones y que el ala republicana puede utilizar a su favor en el contexto de las elecciones presidenciales de 2024.

Entre las presiones económicas, por un lado, y las políticas por otro, se puede decir sin lugar a dudas que la campaña de "máxima presión" ha terminado cediendo. Aunque esto no significa que el gobierno estadounidense haya descartado la posibilidad de volver nuevamente a tal postura y arreciar con el esquema de sanciones, sí deja claro que tal decisión es completamente ineficaz para imponer sus intereses y que Washington está atrapado en un callejón sin salida respecto a su estrategia para intentar doblegar a Venezuela.

La victoria del diálogo político

Durante la reunión del gobierno nacional para discutir las medidas estadounidenses, el presidente Nicolás Maduro expuso su perspectiva. Destaca que estas decisiones son un primer paso hacia un acuerdo global necesario. Maduro enfatizó la importancia del diálogo y el respeto, así como el marco de la Constitución, la soberanía y las instituciones democráticas para avanzar en procesos superiores, tanto en lo económico como en lo político.

Es importante destacar la habilidad del gobierno del presidente Maduro para desarticular las agresiones provenientes desde Washington y obligar a sus oponentes a reconocer la legitimidad de las instituciones venezolanas mediante el diálogo y la negociación.

Desde el principio, el gobierno venezolano ha mantenido condiciones inamovibles para avanzar en el proceso, todas ellas enfocadas en el bienestar social del país. Estas incluyen la flexibilización y levantamiento progresivo de las sanciones, la liberación de activos incautados ilegalmente en el extranjero y la repatriación de miles de millones de dólares bloqueados en cuentas venezolanas en el exterior.

Tal como lo ha expresado el primer mandatario nacional, la medida de suspender temporalmente algunas sanciones representa un avance significativo en el proceso para eliminar por completo el bloqueo. De persistir la flexibilización, habría efectos beneficiosos de gran envergadura en la economía, el comercio y las finanzas del país.

Respecto al último condicionante, Bloomberg ha informado que el secretario general de la ONU, António Guterres, ha dado luz verde para el manejo del "Fondo para la Protección Social del Pueblo", que forma parte de los acuerdos firmados en México a finales del año pasado y cuenta con un monto de aproximadamente 3 mil 200 millones de dólares.

Los acuerdos actuales también han permitido la repatriación segura y ordenada de connacionales en situación humanitaria crítica en Estados Unidos, así como la suspensión de sanciones contra Conviasa para que esta aerolínea venezolana pueda seguir ejecutando el Plan Vuelta a la Patria y asistir a migrantes venezolanos en cualquier parte de la región latinoamericana que necesiten regresar a su país.

La efectividad estratégica del Gobierno Bolivariano se pone de manifiesto en su capacidad para preservar los intereses nacionales y lograr avances notables tanto en el ámbito económico como político.