El Servicio de Investigación del Congreso (CRS) de Estados Unidos publicó un informe en el que señala que las sanciones contra Venezuela fallaron en su objetivo de sacar al presidente Nicolás Maduro del poder. El CRS es un servicio no partidista compartido por comisiones y miembros del Congreso estadounidense.
En el documento titulado “Venezuela: visión general de la política de sanciones de EE.UU.” se hace un recuento de las medidas que desde 2005 se han impuesto contra personas y entidades venezolanas que han, según las autoridades estadounidenses, “participado en acciones delictivas, antidemocráticas y/o corruptas”.
En el desglose y exposición general que se realiza se mencionan los momentos de mayor acoso contra el gobierno de Maduro, como los ocurridos durante la administración de Donald Trump que aplicó, en el marco de su política de máxima presión, el mayor número de sanciones contra personas y empresas venezolanas; pero también detalla el momento actual de "distensión" bajo la administración de Joe Biden, quien condiciona cierta flexibilización de estas a los acontecimientos políticos internos del país.
Pero, quizá, son dos los hechos que más resaltan del documento. Por un lado, se reconoce que el hostigamiento no logró su cometido, y se afirma que contribuyó a una crisis económica en el país, devenida en el “éxodo” de 7,7 millones de venezolanos, fenómeno social denunciado también por el gobierno bolivariano desde hace varios años. Por el otro, se devela que detrás de la flexibilización y el otorgamiento de licencias está la promoción y defensa de los intereses energéticos de Estados Unidos y sus aliados europeos.
Sin embargo, aunque pareciese haber un consenso internacional, en especial dentro del establishment político estadounidense, sobre lo contraproducente que fueron y son las sanciones contra Venezuela, en el documento no se vislumbra alguna propuesta o posibilidad de su levantamiento.
Lo cierto es que las sanciones continúan afectando la economía nacional; una reciente encuesta realizada por Fedecámaras arroja que 81% de los consultados opina que las sanciones han afectado el desempeño de las empresas afiliadas a sus respectivos gremios, a pesar de que la empresa privada venezolana no mantiene ningún vínculo directo con el gobierno venezolano.
Si bien la apuesta debe seguir siendo la consolidacion de las capacidades económicas propias para que el país no dependa del chantaje externo, estos argumentos suman a las denuncias que, desde hace varios años, ha expuesto el gobierno venezolano. Venezuela tiene toda la potencialidad energética que Occidente necesita, solo deben establecerse relaciones enmarcadas en el respeto que el Estado venezolano y sus instituciones merecen.