Ha sido evidente cómo la embestida de sanciones unilaterales de Washington contra Venezuela ha impactado significativamente en la esfera económica y social de la población.
Sin embargo, desde 2017, los voceros y medios de comunicación del antichavismo se han alineado a una narrativa de encubrimiento que sostiene que las sanciones son individuales y que, únicamente, afectan a funcionarios del gobierno venezolano.
Es decir, mientras la administración de Donald Trump aplicaba la orden ejecutiva 13.808 para ampliar las sanciones financieras contra la República el 25 de agosto de 2017, golpeando a PDVSA principalmente, el antichavismo mass media encaminaba este relato.
Las sanciones siempre han estado dirigidas a sectores específicos de la economía venezolana, y en el caso de la estatal venezolana, han consistido en limitar y destruir sus mecanismos comerciales, propios de la industria petrolera, con el propósito de obstaculizar la capacidad de Venezuela para exportar petróleo o adquirir productos e insumos vitales.
Recientemente el Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a las empresas Libre Abordo y Schlager Business Group, empresas mexicanas que apoyaron un esquema de triangulación para poder exportar petróleo venezolano y recibir a cambio productos alimentarios. El asedio ha sido generalizado y no enfocado en individuos.
Pero últimamente la atención se ha centrado en una sanción económica que aparentemente está en proceso de aplicarse, y va dirigida a otro hidrocarburo crucial?—?hasta los momentos exceptuado de sanciones?—?para el sector eléctrico, agrario y de transporte: el diésel.
En medio de las sanciones financieras, el gobierno venezolano ha maniobrado de diferentes maneras para contener los efectos de estos instrumentos de coerción de la política exterior estadounidense que cada vez se intensifican más.
La organización de evaluación de mercados petroleros londinense, Argus, publicó una nota hace pocas semanas sobre una posible propuesta de la administración Trump para recrudecer las sanciones a Venezuela, prohibiendo los intercambios de diésel que actualmente se llevan a cabo con empresas de Italia, España y la India.
El portal señala que, a la fecha, existen tres grandes cargamentos de este hidrocarburo que llegarían a finales del mes de agosto o septiembre a puertos venezolanos.
En el marco de la estrategia de cerca y asfixia a Venezuela, cualquier excepción que pueda servir de alternativa para que el gobierno venezolano logre frenar los efectos más abruptos de las sanciones en la vida cotidiana de los venezolanos, es razón suficiente para que la administración Trump redoble sus ataques.
El diésel ha sido una opción fundamental en el pulseo energético y económico del país, en tanto:
- El proceso de refinación es mucho más simple que el de la gasolina.
- La mayoría de los camiones de carga y reparto, barcos y vehículos agrícolas, de construcción y militares tienen motores diésel.
- Gran parte del sector eléctrico del país genera energía basada en el diésel, según la Asociación Venezolana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos (Aviem), se trata de unos 300MW.
- Las plantas eléctricas que surten de electricidad a los hospitales son a base de diésel.
- Los generadores de gas natural se utilizan principalmente en áreas que tienen un suministro ininterrumpido de diésel.
- El suministro de gas va de la mano con el uso diésel, debido a que el gas, a nivel macro, se usa en plantas petroquímicas, en complejos agroindustriales y en la fabricación de fertilizantes.
De hecho, la periodista opositora Celina Carquez, a través de su cuenta en Twitter, publicó el dato sobre la demanda de diésel en el sector del transporte en Venezuela, arrojando un 85% en el transporte de carga y un 15% en el transporte de pasajeros.
Los efectos serían notorios y graves por la dependencia de este sector en la economía de cualquier país.
Los voceros del antichavismo se encuentran actualmente en un choque de opiniones sobre las sanciones.
Según el portal Banca y Negocios, los representantes del pseudogobierno de Juan Guaidó están de acuerdo en que se tomen medidas contra la importación de diésel, para evitar cualquier “rendija” que pueda usar el gobierno venezolano. Esto en contraste con otros voceros del antichavismo que rechazan estas sanciones en particular.
Analistas y periodistas contrarios al gobierno venezolano, también han expresado su conmoción ante las posibles sanciones contra el diésel. Tal es el caso del economista Francisco Rodríguez, director del programa “Oil for Venezuela”, quien exhortó a Guaidó a no permitir que Estados Unidos aplique nuevas sanciones a PDVSA y que no se restringa la importación de diésel al país.
Igualmente, el profesor Rafael Quiroz expresó que las sanciones no afectan al gobierno sino a la población venezolana. Para Quiroz, las medidas “tomadas de forma unilateral por parte del gobierno de Estados Unidos, sea con el pretexto que sea, están afectando a la población”.
Hasta el economista, Asdrúbal Oliveros considera que esa posible medida representaría un gran golpe al sector petrolero venezolano.
Es cierto que la imposición de prohibiciones a la importación de diésel pondría en jaque la existencia de combustible en el país, afectando considerablemente a los sectores productivos, que han apuntalado sus operaciones considerablemente estos últimos años.
Las sanciones, más allá de ser un mecanismo de presión de EEUU sobre el gobierno venezolano, en la práctica su efectividad no va dirigida al gobierno sino a la población y al tejido económico. Es en este punto, cuando la irresponsable narrativa de justificación a estas acciones unilaterales, se quiebra.