Según reportó recientemente la agencia Reuters, “el FBI está investigando a varias compañías mexicanas y europeas presuntamente involucradas en el comercio de petróleo venezolano mientras reúne información para una pesquisa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre posibles sanciones”.

En su reporte, Reuters cita en condición de anonimato a cuatro personas familiarizadas con estas “investigaciones” y también a fuentes cercanas de la Casa Blanca.

Los funcionarios estadounidenses consultados por la agencia confirmaron “que el poco impacto que las medidas (sanciones) han tenido sobre el mandatario venezolano (Nicolás Maduro) constituye una fuente de frustración para el presidente Donald Trump, cuya administración ha endurecido la implementación de sanciones en los últimos meses”.

Como ya lo demostró esta tribuna hace pocas semanas en un artículo de investigación, las presiones ilegales para romper los vínculos comerciales entre las compañías petroleras europeas y la estatal petrolera PDVSA han precipitado la escasez de gasolina en Venezuela.

A estas medidas de extorsión se une el bloqueo a decenas de buques petroleros con los que el país caribeño exporta su petróleo e importa los aditivos necesarios para la refinación de gasolina.

Si bien estas medidas ya destacan por su agresividad y efectos nocivos, Washington parece decidido a una nueva escalada de sanciones criminales para restringir aún más el comercio petrolero venezolano, fracturando con ello la principal fuente de ingresos del país (más del 90% de sus divisas provienen de la venta de petróleo).

Este movimiento ocurre días después de la incursión mercenaria fallida por las costas venezolanas bajo la denominada “Operación Gedeón”. El plan de asesinar a Maduro fracasó y expuso las vinculaciones de la Casa Blanca.

Estas nuevas acciones anunciadas de presión económica pueden interpretarse como una salida hacia adelante, en el marco de un esfuerzo por endurecer la vía económica de la desestabilización: el combustible indispensable del cambio de régimen y de nuevas intentonas golpistas fundamentadas en el colapso económico que busca precipitar Washington.

Reuters precisa que el FBI está recabando información sobre las empresas mexicanas Libre Abordo, Schlager Business Group y Grupo Jomadi Logistics & Cargo, y las europeas, Elemento Ltd y Swissoil Trading SA, por comercializar petróleo y otros productos asociados con Venezuela.

La medida apunta a afianzar el bloqueo a la importación de gasolina y de importaciones básicas con el propósito de obstaculizar la reactivación económica de Venezuela una vez la pandemia de Covid-19 esté totalmente controlada.

Washington se ampara en la naturaleza ilegal de la Orden Ejecutiva 13844 del 5 de agosto de 2019, que “autoriza” la aplicación de “sanciones secundarias” a empresas fuera de la jurisdicción estadounidense que se relacionen comercialmente con instituciones y empresas venezolanas incluidas en la lista OFAC del Departamento del Tesoro.

Por otro lado, Reuters cita un documento enviado por la empresa Libre Abordo y su afiliada Schlager.

Según la agencia

“los dos convenios que firmaron en 2019 con la estatal Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) para intercambiar alimentos y camiones cisterna para agua por crudo venezolano, conocidos como acuerdos de petróleo por alimentos, estaban permitidos bajo las sanciones siempre que no hubiera pagos en efectivo al gobierno de Maduro”.

“Ni Libre Abordo ni las compañías navieras contratadas para realizar los movimientos del hidrocarburo de PDVSA son sujeto de sanción, primaria o secundaria, por parte del gobierno de Estados Unidos”, afirma un comunicado citado por Reuters.

Ahora el Departamento del Tesoro podría apuntar a Corpovex y a las empresas comentadas para fortalecer el bloqueo.

En repetidas oportunidades, Washington ha insistido en que las sanciones ilegales contra el estado venezolano no incluyen las importaciones de alimentos y medicinas.

Sin embargo, esta narrativa se encuentra en tela de juicio, ya que las presiones para bloquear la importación de gasolina y la exportación petrolera tienen un efecto directo en la capacidad del estado de acceder a alimentos y medicinas para cubrir las necesidades del país.

A mediados de abril, el Departamento del Tesoro emitió una licencia general para proyectar la narrativa de que las sanciones no bloquean el envío de material humanitario. Pero la incorporación del FBI a la persecución económica y financiera del país deja ver que se trata de una falacia.

Reuters afirma que

“los acuerdos de petróleo por alimentos de Libre Abordo y Schlager con Venezuela las comprometen a entregar 1,000 camiones cisternas para agua y 210,000 toneladas de maíz al país (…) Si bien los camiones fueron entregados parcialmente, las empresas dijeron que hasta ahora no habían suministrado ningún tipo de alimentos, ya que los bajos precios del petróleo habían afectado el cronograma original de entregas”.

Contrariando la retórica humanitaria de las sanciones, ahora el FBI reúne la información necesaria para viabilizar nuevas sanciones que paralicen estos acuerdos de intercambiar petróleo por alimentos y otros insumos humanitarios, que han venido funcionando durante los meses de marzo y abril, según reportes de medios mexicanos.

La presencia del FBI en la trama del bloqueo a Venezuela confirma la persecución de tipo policial que sufre el país caribeño en sus esfuerzos por transportar alimentos y otros insumos al margen del bloqueo estadounidense.

Al mismo tiempo, la investigación de la agencia norteamericana desnuda la falsa retórica de que las sanciones no obstaculizan la importación de bienes básicos.

En la última llamada telefónica que sostuvieron el secretario de Estado Mike Pompeo y el autoproclamado Juan Guaidó a finales del mes de abril, “ambos condenaron enérgicamente el bloqueo de Maduro a la asistencia médica y alimentaria internacional”, aun cuando las únicas muestras de bloqueo directo y comprobado vienen de Washington.

Mientras Venezuela sufre una agresiva caída de los precios del petróleo y la pandemia de Covid-19, Washington apuesta a una escalada del bloqueo para apuntalar el cambio de régimen evitando que el estado venezolano pueda atender con efectividad la emergencia humanitaria internacional.

Estas nuevas maniobras se enmarcan en una estrategia que también incluiría la colaboración de la República Islámica de Irán para reactivar las refinerías de Venezuela.

Reuters también afirma que Washington ha anunciado represalias y una nueva batería de sanciones por estos acuerdos que apuestan hacia la estabilidad económica del país.