La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), coalición que integra un sector de las oposiciones en Venezuela, ha emitido un comunicado desmarcándose de las declaraciones realizadas el pasado 10 de junio por el expresidente estadounidense Donald Trump en un mítin político en Carolina del Norte.
Durante el acto, el magnate afirmó: "Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. Nos habríamos apoderado de ella, nos habríamos quedado con todo ese petróleo".
Pero, ¿es cierto que este sector opositor está en desacuerdo con que Estados Unidos se apropie del petróleo venezolano? Veamos.
1. La estrategia de "máxima presión" implementada por Trump fue la guía de acción del "proyecto Guaidó" durante el "interinato". Además de los hechos, el exasesor de su administración, John Bolton, lo relata en su libro The Room Where It Happened. En un pasaje detalla cómo el 22 de enero de 2019 le planteó al entonces presidente la recomendación de reconocer a Guaidó. Trump "quería garantías con respecto al acceso después de Maduro a los recursos petroleros venezolanos".
2. Líderes de esa oposición realizaron giras en las que exigían "sanciones" al gobierno estadounidense, lo que incidió en el deterioro de la industria petrolera, especialmente porque Trump firmó más de 80% de los instrumentos que se volcron sobre ella . Esto limitó la compra de aditivos y repuestos —casi todos estadounidenses— por parte de Venezuela para las refinerías, también la producción de combustibles y la exportación de petróleo, fuente principal de divisas para adquirir bienes y servicios vitales en el área de la salud, y para cumplir con salarios, infraestructura y otros derechos socioeconómicos de la población.
Con vistas a evadir dichas medidas, Venezuela se ha visto en la obligación de vender petróleo y derivados a terceros, lo que ha impactado en el precio y los costos comerciales, en las ganancias y, por tanto, en la capacidad de reinversión en la industria.
3. La industria petrolera ha sido altamente afectada por el bloqueo derivado de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos. Para "reflotarla", la precandidata opositora María Corina Machado ha anunciado que privatizaría PDVSA en caso de ganar la presidencia de la república. Resulta obvio que una operación de este calibre, además de inconstitucional, se realizaría en beneficio de los intereses estadounidenses dado que dicho país erigió la industria energética venezolana durante un siglo y es el principal patrocinador de este sector político. Excepto individualidades, la PUD no ha rechazado la idea de Machado.
4. Durante el "interinato" Juan Guaidó nombró como directivos de Citgo a personajes cercanos a los acreedores de la empresa, lo que facilitó el robo de este activo y dificultó la posibilidad de acceso a repuestos y aditivos. Según relata Bolton en su libro, el exdiputado pidió asesoría al gobierno estadounidense respecto a la selección de integrantes de las juntas directivas de PDVSA y Citgo.
En la actualidad ese sector está a punto de perder la empresa debido al doble papel que ha jugado la directiva nombrada por Guaidó, la cual ha entorpecido el proceso judicial en favor de los acreedores mientras responsabiliza al gobierno venezolano de las trabas, componendas y conflictos de intereses en torno a la defensa del activo. La PUD no ha dicho nada oficial al respecto.
5. En agosto de 2020 Estados Unidos, a través de su Armada, interceptó en el mar Arábigo cuatro tanqueros: Bella, Bering, Pandi y Luna, que se dirigían a Venezuela con gasolina comprada a Irán. El entonces secretario de Justicia Auxiliar de Seguridad Nacional, John Demers, dijo en una conferencia de prensa que "en agosto de 2020, un tribunal de distrito emitió una orden de arresto real y, posteriormente, Estados Unidos transfirió aproximadamente 1,1 millones de barriles de petróleo refinado de los cuatro buques. Estados Unidos ahora ha vendido y entregado ese petróleo". Silencio total en el G4, a pesar de que afectaba a toda Venezuela y fue una noticia con rango internacional.