El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó el lunes que la administración Trump puede reanudar la deportación de inmigrantes a países distintos al suyo, sin posibilidad de objetar por el riesgo de que sean torturados. Esto podría allanar el camino legal para que el gobierno envíe a hombres recluidos en una base militar estadounidense en Yibuti hacia la devastada nación de Sudán del Sur, donde se enfrentan a un futuro incierto y a la posibilidad de una detención indefinida. Tres jueces, en una opinión disidente, afirmaron que la sentencia expone a "miles de personas al riesgo de tortura o muerte".

Ese podría ser el mejor de los casos.

Una investigación de The Intercept revela que la administración Trump ha estado trabajando intensamente en son de ampliar su campo de concentración global para inmigrantes expulsados, explorando acuerdos con una cuarta parte de los países del mundo para que acepten a los llamados nacionales de terceros países, es decir, personas deportadas que no son ciudadanos de esos países.

Para crear este archipiélago de injusticia, el gobierno de Estados Unidos está empleando tácticas de mano dura con docenas de naciones más pequeñas, más débiles y económicamente dependientes. Los acuerdos se están llevando a cabo en secreto, y ni el Departamento de Estado ni el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) están dispuestos a hablar de ellos. Con el visto bueno del Tribunal Supremo, miles de inmigrantes corren el peligro de desaparecer en esta red de vertederos de deportados.

"La sentencia del Tribunal Supremo deja a miles de personas expuestas a ser deportadas a terceros países donde se enfrentan a torturas o a la muerte, incluso si las deportaciones son claramente ilegales", afirmó Leila Kang, abogada del Northwest Immigrant Rights Project, un grupo que representa a los inmigrantes que elevaron la demanda.

El Tribunal Supremo no dio explicaciones sobre su decisión, que suspendió la ejecución de la sentencia de un juez federal según la cual los inmigrantes que se enfrentan a la deportación deben tener la oportunidad de demostrar que pueden ser torturados en su destino. Más tarde, el lunes 23 de junio, un juez de distrito de Massachusetts dictaminó que la orden no se aplicaba a los deportados en Yibuti. El Gobierno de Trump instó el martes 24 de junio al Tribunal Supremo a que le permitiera expulsar inmediatamente a los hombres hacia Sudán del Sur, alegando que el juez de distrito estadounidense Brian Murphy estaba actuando en "desacato" a la orden del Tribunal Supremo.

La mayoría del Tribunal Supremo no publicó ninguna explicación sobre su fallo del lunes. En un voto particular discrepante de 19 páginas, la jueza Sonia Sotomayor, junto con las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, escribió que la mayoría había ignorado una ley federal que exige el debido proceso.

"El Congreso otorgó expresamente a los no ciudadanos el derecho a no ser expulsados a un país donde puedan ser torturados o asesinados", escribió Sotomayor, añadiendo que la mayoría había respaldado una política de ilegalidad. "El gobierno ha dejado claro con palabras y hechos que se siente libre de cualquier restricción legal, libre para deportar a cualquiera a cualquier lugar, sin previo aviso ni oportunidad de ser escuchado". Señaló los casos de 13 inmigrantes que "escaparon por poco de ser objeto de una violencia extraordinaria en Libia"; otro que "pasó meses escondido en Guatemala" y los hombres que "se enfrentan a la liberación en Sudán del Sur, que según el Departamento de Estado se encuentra en medio de un 'conflicto armado' entre 'grupos étnicos'".

Tricia McLaughlin, portavoz de la organización matriz de ICE, el Departamento de Seguridad Nacional, calificó la sentencia como "una victoria para la seguridad y protección del pueblo estadounidense".

Los abogados que representan a los inmigrantes que corren el riesgo de ser enviados a países —o incluso continentes— que nunca han visitado en su vida están en desacuerdo. "Las consecuencias de la orden del Tribunal Supremo serán terribles; elimina protecciones fundamentales del debido proceso, que han estado protegiendo a los miembros de nuestra clase de la tortura y la muerte", afirmó Trina Realmuto, directora ejecutiva de la Alianza Nacional de Litigios sobre Inmigración.

Realmuto representa a algunos de los hombres a quienes el Gobierno intentó expulsar a Sudán del Sur, una nación que, una vez más, podría estar al borde de la guerra civil. Su vuelo de extradición al país fue desviado a Yibuti cuando Murphy, el juez federal de distrito, intervino en el caso. Los ocho hombres, todos ellos condenados anteriormente por delitos violentos, permanecen detenidos desde entonces en una base militar estadounidense, Camp Lemonnier.

A principios del mes de junio un alto funcionario del ICE detalló en una declaración jurada las condiciones espantosas e inseguras —incluidas las enfermedades provocadas por el entorno— a las que se enfrentan los deportados y los funcionarios gubernamentales que los custodian en el campamento Lemonnier.

Un memorándum reciente del secretario de Estado Marco Rubio, reveló que la administración Trump amenazó a docenas de países con una prohibición de viajar, al tiempo que ofrecía acuerdos de deportación a terceros países para evitar las restricciones. Una investigación de The Intercept revela que, con esta nueva estrategia, Estados Unidos habría negociado acuerdos con al menos 53 países, entre ellos muchos que se ven afectados por conflictos o violencia terrorista, o que el Departamento de Estado ha criticado duramente por abusos contra los derechos humanos.

El Departamento de Estado se negó a proporcionar una lista de los países con los que Estados Unidos ha firmado acuerdos para aceptar deportados de terceros países, basado en el alegato de la confidencialidad de las comunicaciones diplomáticas.

La administración Trump comenzó a utilizar el famoso Centro de Confinamiento para Terroristas de Tecoluca, El Salvador, como prisión extranjera para hacer desaparecer a inmigrantes venezolanos en marzo de este año. The Intercept, utilizando información de fuentes abiertas, descubrió que Estados Unidos también ha explorado, buscado o llegado a acuerdos con Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Bután, Burkina Faso, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Costa Rica, República Democrática del Congo, Yibuti, Dominica, Egipto, Esuatini, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guatemala, Guyana, Honduras, Costa de Marfil, Kosovo, Kirguistán, Liberia, Libia, Malaui, Mauritania, México, Moldavia, Mongolia, Níger, Nigeria, Panamá, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Arabia Saudita, Senegal, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Tonga, Tuvalu, Uganda, Ucrania, Uzbekistán, Vanuatu, Zambia y Zimbabue.

"El gran número de países es absolutamente sin precedentes, al igual que la inclusión de muchos de ellos con historiales problemáticos en materia de derechos humanos", declaró Yael Schacher, directora para América y Europa de Refugees International, a The Intercept. "Los acuerdos transaccionales que ofrece la administración Trump convierten a los migrantes y refugiados en peones cuyos derechos no importan. Esto solo demuestra lo que ya es evidente en otras políticas de la administración Trump: no cree que los migrantes tengan ningún derecho".

Los países afectados por la administración Trump se han ampliado recientemente como resultado de un memorándum —firmado por Rubio— que se envió el 14 de junio a los diplomáticos estadounidenses que trabajan en 36 países cuyos ciudadanos podrían verse pronto restringidos a la entrada en Estados Unidos. El cable, del que informó por primera vez The Washington Post, criticaba a los países por no cumplir diversos criterios, desde "no tener una autoridad gubernamental central competente o cooperativa para producir documentos de identidad fiables u otros documentos civiles" hasta ser Estados patrocinadores del terrorismo. Rubio afirmó, sin embargo, que las preocupaciones con respecto a esos países podrían "mitigarse" si estuvieran dispuestos a aceptar a personas deportadas de otros países.

El Departamento de Estado no hizo comentarios sobre el memorándum ni sobre el motivo que lo impulsó, pero emitió una declaración poco sincera que enmarcaba los esfuerzos de Estados Unidos por forjar acuerdos de deportación con terceros países en términos hipotéticos. "En algunos casos, podríamos colaborar con otros países para facilitar la expulsión, a través de terceros países, de personas que no tienen base legal para permanecer en Estados Unidos", declaró por correo electrónico un portavoz del Departamento de Estado a The Intercept.

Muchos observadores —y una minoría de jueces del Tribunal Supremo— señalaron que la presión para enviar a los inmigrantes a centros de detención lejanos parece tan extraña como cruel.

"Aparentemente, el Tribunal considera más aceptable la idea de que miles de personas sufran violencia en lugares remotos que la remota posibilidad de que un Tribunal de Distrito haya excedido sus facultades correctivas al ordenar al Gobierno que proporcione la notificación y el proceso a los que los demandantes tienen derecho constitucional y legal", escribió Sotomayor en su opinión disidente.

Anwen Hughes, directora sénior de estrategia jurídica para programas de refugiados en Human Rights First, señaló que había ciudadanos mexicanos detenidos en el sur de Texas que iban a ser deportados tanto a Libia como a Sudán del Sur. "La frontera mexicana está justo ahí. Llevo mucho tiempo trabajando en el ámbito de la detención de inmigrantes. Nunca en mi vida he visto a México negarse a aceptar de vuelta a uno de sus ciudadanos", declaró a The Intercept. "Estados Unidos parece estar buscando destinos realmente inverosímiles para enviar a estas personas. No es solo punitivo, es deliberadamente aterrador y, sinceramente, perverso".

"Presionar a naciones que se encuentran en una situación vulnerable frente al poder y la diplomacia de Estados Unidos para que acojan a ciudadanos de países con los que no tienen nada que ver es preocupante, porque es evidente que sienta las bases para abusos muy graves", afirmó Hughes.

La administración Trump está pagando 6 millones de dólares al gobierno del presidente Nayib Bukele en El Salvador para encarcelar a los ciudadanos venezolanos. En mayo, Rubio presentó una demanda ante un tribunal federal en la que se hacía referencia a las negociaciones de deportación entre la administración Trump y Libia y Sudán del Sur.

Schacher dijo que las políticas del gobierno de Trump ponen de manifiesto su "desprecio por los inmigrantes" y la importancia que se da en algunos lugares a su expulsión. "Si tiene que permitir cierta inmigración procedente de África, solo lo hará a cambio de la deportación", señaló. "Realmente considera que la inmigración beneficia a los países de origen y no a los intereses de Estados Unidos, por lo que exigirá un intercambio".

Debido al carácter secreto de los acuerdos, no está claro qué destino les espera a las personas deportadas a estos países. Se desconoce si serán deportadas de nuevo a su país de origen o a otro no relacionado, donde se enfrentan a la posibilidad de sufrir persecución o abusos; si se les permitirá permanecer en el tercer país y en qué circunstancias; o si serán detenidas o encarceladas, como en El Salvador.

Schacher señaló que, si bien casi todos los países africanos y las naciones de América son partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados, países como Kosovo, Moldavia, Mongolia, Arabia Saudita, Siria y Uzbekistán no lo son. Si expulsaran a los inmigrantes que recibieron como parte de un acuerdo con la administración Trump, no tendrían ninguna obligación, en virtud del derecho internacional, de examinar a los deportados para garantizar que no sean enviados a un país donde corran peligro su vida o su libertad.

Durante los primeros días de junio Estados Unidos llegó a un acuerdo con Kosovo, el país más joven de Europa, para aceptar a 50 deportados de otros países. La nación balcánica sin litoral dijo que los inmigrantes expulsados serían "reubicados temporalmente" en Kosovo, mientras que las autoridades facilitarían "su regreso seguro a su país de origen".

"Me preocupa mucho que estos lugares se conviertan en estaciones de paso o puentes para la deportación desde Estados Unidos a los países de origen", declaró Schacher a The Intercept. "Bután, que no es signatario, ya ha aceptado a nepalíes procedentes de Estados Unidos y básicamente los abandonó en la frontera con la India".

"En cuestiones de vida o muerte, es mejor actuar con cautela. En este caso, el gobierno adoptó el enfoque contrario", escribió Sotomayor, detallando los esfuerzos del Gobierno por deportar a personas a lugares remotos e inseguros. "Deportó injustamente a un demandante a Guatemala, a pesar de que un juez de inmigración determinó que era probable que allí fuera torturado. Luego, en clara violación de una orden judicial, deportó a seis personas más a Sudán del Sur, una nación que el Departamento de Estado considera demasiado insegura para todos, excepto para su personal más esencial. La oportuna intervención de un atento tribunal de distrito solo evitó por poco una tercera serie de expulsiones ilegales a Libia".

Nick Turse es investigador de seguridad nacional para The Intercept, donde escribe sobre seguridad nacional y política exterior. Ha escrito para el New York Times, Los Angeles Times, Rolling Stone y Harpers, entre otras publicaciones. Recibió el premio Ridenhour por sus reportajes de investigación, el premio de la Asociación de Periodistas y Editores Militares a la mejor cobertura en el extranjero y el premio Deadline Club al mejor reportaje de medios digitales independientes. Turse también es miembro del Type Media Center.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en The Intercept el 25 de junio de 2025 y fue traducido para Misión Verdad por Spoiler.