1. Contrato, recompensa y autoría intelectual

El contrato entre el diputado Juan Guaidó y la empresa de seguridad Silvercorp para ejecutar una intervención armada contra Venezuela fue firmado el 16 de octubre del año 2019 según consta en el papel.

Jordan Goudreau, CEO de Silvercorp y cara visible de la “Operación Gedeón” que encalló en las costas venezolanas de La Guaira y Aragua hace par de días, ha reconocido públicamente que nunca recibió el monto acordado, aun cuando desde Colombia, específicamente en Riohacha y la alta Guajira, ya venían realizado en el trascurso de 2020 las actividades de entrenamiento dirigido al pelotón de mercenarios que haría el intento de incursionar al país por sus costas.

Goudreau afirma que decidieron ir por su cuenta, aunque habían sido prácticamente estafados por Guaidó. El objetivo era capturar a Maduro, indicó según sus propias palabras.

Pero es el 26 de marzo, día en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lanzó la falsa acusación por “narcoterrorismo” contra el presidente Maduro (y otros altos líderes militares e institucionales), cuando ese objetivo de captura al que se refiere Goudreau fue acompañado por una recompensa de 15 millones de dólares. Se hacía oficial la tercerización de una nueva maniobra golpista, horas después de la intentona fallida de Clíver Alcalá por la frontera terrestre con Colombia.

Viéndose estafados por Guaidó, sin el dinero prometido para mantener unidos a los mercenarios, el cazafortunas Goudreau vio en los 15 millones de dólares ofrecidos por el Departamento de Estado de Mike Pompeo una oportunidad. Al fin y al cabo, Washington había transformado en un acto “legal” el secuestro de Maduro, su derrocamiento y hasta lo premiaría con la jugosa recompensa.

La narrativa judicial de la “captura” difuminaría una nueva maniobra de golpe de estado artillado.

La falsa acusación fue el disparo de salida, el acto que le otorgó una falsa legalidad y un incentivo económico directo a la aventura de Goudreau y compañía. Washington tenía conocimiento de la operación desde el principio, así que al fallar el movimiento de Clíver Alcalá, lanzaron la recompensa por la cabeza de Maduro como un incentivo directo, un pago a futuro, una promesa de beneficio a los mercenarios de Silvercorp.

Al fin y al cabo, quien matara o secuestrara a Maduro se ganaría los millones de la recompensa. ¿Quién pagaría? Mike Pompeo como secretario de Estado.

2. Tutelaje financiero y control de los recursos económicos

Es bien sabido que el ciclo de saqueo a los activos y recursos venezolanos en el extranjero a raíz de la autoproclamación de Guaidó en 2019 ha desembocado en el control directo de los Estados Unidos.

El dinero público venezolano no es controlado directamente por el gobierno fake de Guaidó, sino por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y sus agencias, institución que autoriza la transferencia de los recursos robados al país para ejecutar pagos ilegales de deuda, pero también para el pago de dietas, viajes y onerosos salarios a los diputados sometidos a las directrices estadounidenses.

Dado que Guaidó no maneja directamente los recursos que le han sido pirateados a la nación, es imposible que haya firmado un contrato por 212 millones de dólares con Silvercorp sin la autorización previa del Departamento del Tesoro.

En el hipotético caso de que la operación triunfara, el dinero hubiera sido transferido desde las cuentas nacionales venezolanas en poder de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, sus siglas en inglés), hacia el bolsillo de Goudreau.

En última instancia, Estados Unidos se encargaría de pagar a los mercenarios que asesinarían o capturarían a Maduro: “indirectamente” con la recompensa del Departamento de Estado dirigido por Mike Pompeo o directamente autorizando la transferencia a Silvercorp por parte del gobierno imaginario de Guaidó. Un acto de guerra mezclado con las corruptelas del fascismo criollo.

3. La DEA y su red de narcos en el terreno

Tradicionalmente, la DEA suele usar como estrategia la infiltración de sus agentes en carteles narcotraficantes. La premisa es que pueden capturar inteligencia, desmantelar grupos rivales y obtener información privilegiada para sus operaciones antidrogas. Solamente en las películas estos objetivos se cumplen. Es una constante, como indicamos en una investigación reciente en esta tribuna, que los agentes se ven comprometidos con el tráfico de drogas, trabajando para carteles y gestionando parte del negocio.

Los agentes de la DEA suelen captar o cooperar con narcotraficantes para perseguir objetivos que solo existen en el papel. Los narcos se transforman en agentes, negocian treguas, condiciones legales favorables en caso de caer, entre otros beneficios. Así, la DEA y los narcotraficantes se transforman en una sola institución. Nadie sabe dónde empieza y termina cada entidad.

La división criminal de la DEA, su oficina de distrito en Orlando (Florida) y el subjefe interino Charles Miracle, contribuyeron de manera decisiva a darle forma a la acusación artillada del Departamento de Justicia contra Maduro.

Según ha confirmado el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez, el agente de la DEA José Alberto Socorro Hernández, alias “Pepero”, sería el encargado de entregar a los mercenarios las camionetas con ametralladoras y el resto del material bélico una vez desembarcaran en Macuto, hecho que impidió las fuerzas de seguridad del estado. El narco fue capturado por las FAES.

Alias “Pepero” confirmó públicamente en una confesión que otro agente de la DEA, Orlando Laufer, le instruyó gestionar un enfrentamiento simulado entre bandas criminales en la barriada de Petare (estado Miranda), uno que no debía tener bajas pero que tendría que hacer el suficiente ruido para distraer a las fuerzas de seguridad mientras la operación avanzaba hacia Macuto.

A la luz de estas pruebas, la DEA estuvo involucrada a nivel institucional configurando la falsa acusación contra Maduro, pero también en el terreno, brindando apoyo logístico a los mercenarios y movilizando maniobras irregulares en la barriada de Petare, a través de su red de narcos colombianos y venezolanos. Su narcomaquinaria funciona de esta manera, a partir de tentáculos y narcos militantes. El mecanismo está hecho para lavarse las manos cuando la maniobra falla.

4. Habla el mercenario Luke Denman

En la incursión fallida en Chuao fueron capturados Luke Alexander Denman y Airan Seth Barry, ambos mercenarios contratados por Silvercorp según los documentos obtenidos y presentados públicamente por el presidente Nicolás Maduro, y también confirmados por Jordan Goudreau.

Denman, en una confesión pública mostrada en rueda de prensa por el jefe de estado venezolano este 6 de mayo, confirmó que Jordan Goudreau era comandado por el presidente Donald Trump, una declaración que le da mayor realismo a lo dicho por Adolfo Baduel, capturado también en Chuao, quien afirmó que los mercenarios estadounidenses estaban vinculados al equipo de seguridad privada del jefe de la Casa Blanca.

Durante el video presentado, Denman se explayó y explicó sus movimientos por Colombia, los contactos con Antonio Sequea, su rol como entrenador frente al esquema general de la operación, además de confirmar las denuncias previamente realizadas por el Gobierno Bolivariano sobre el involucramiento de factores estadounidenses en los campos de entrenamiento en Colombia, al momento de fracasar el intento de Clíver Alcalá.

Denman tenía las instrucciones de asegurar un aeropuerto (el de Maiquetía, lógicamente) para garantizar la entrada y salida del avión donde iría secuestrado Maduro rumbo a Estados Unidos. La clave de la recompensa vuelve a aparecer.

Las fotos de Goudreau en el corrupto Venezuela Aid Live en Cúcuta en 2019 y algunas imágenes que lo vinculan a eventos públicos de Donald Trump, refuerzan la credibilidad de lo comentado por Denman. Muy probablemente Silvercorp ha sido contratada para labores de seguridad de eventos de Trump en Florida, donde funciona la empresa y se dan recurrentes eventos políticos de la diáspora de línea dura intervencionista.

La gravedad de esta confesión vincularía al gobierno de Estados Unidos en un acto de guerra ilegal a la luz del derecho internacional, y ha obligado a que Washington se ve forzado a negar cualquier vinculación con la operación.

5. La estrategia y una nueva frustración

Ha sido recurrente la incitación al levantamiento militar y al golpe de estado por parte de los altos funcionarios que dirigen el gobierno estadounidense.

Incluso han llegado al extremo, en varias oportunidades, de ofrecer la suspensión de las sanciones a todos aquellos dirigentes militares que contribuyan a derrocar al Gobierno Bolivariano. No solo apoyaron públicamente el fallido golpe del 30 de abril, haciendo evidente su complicidad, sino que también han delineado un discurso que promueve la permanente desestabilización a lo interno de la FANB.

En este sentido, las sanciones ilegales de la Administración Trump han sido moldeadas para generar divisiones dentro de la dirigencia civil y militar del país, fomentando un esquema de incentivos y recompensas para quienes cooperen en el derrocamiento de Maduro.

Este objetivo tan perseguido, virtualmente, se estaba cumpliendo con las incursiones mercenarias sobre territorio venezolano. Si hubiera logrado su cometido la “Operación Gedeón”, Washington hubiera mostrado su alegría y satisfacción.

Sin embargo, la operación encalló catastróficamente y han optado por lavarse las manos, pero solo porque el movimiento fracasó. El gobierno estadounidense fomenta el magnicidio y el golpe contra Maduro, pero paradójicamente niega su relación con el intento más sonoro de los últimos meses.

Esto hace imposible confiar en su versión de la situación.

Las revelaciones de las últimas horas desvelan el organigrama de la operación en general, la jerarquía de los actores involucrados y la distribución de sus roles en cada momento.

Esta radiografía también permite visualizar cómo actuó el gobierno estadounidense: operó con su brazo judicial a finales de marzo para “legalizar” el magnicidio o el secuestro de Maduro que estaba en marcha, autorizaron los fondos a Silvercorp desde 2019, la DEA se encargó de la fontanería del golpe en el terreno (la distracción mediante una balacera en Petare y la distribución del material bélico), mientras el esquema de incentivos y sanciones abriría, en teoría, un canal de negociación para favorecer la caída del Gobierno Bolivariano cuando empezaran los combates. Un sueño húmedo en toda regla.

Su negación es directamente proporcional a su participación. Porque la estrategia la han diseñado ellos.