La extensión de la base militar inglesa en las Islas Malvinas, la compra ilegal de 12 mil hectáreas por un extranjero; así como el uso de guardias civiles para cercarlas; y la usurpación del Lago Escondido, sitio paradisíaco y reserva de agua potable, deja en evidencia la colonización y privatización que pone en riesgo esos territorios argentinos.
Esto ha generado reacciones en el gobierno y la población. El Ejecutivo reclama a su homólogo por la extensión de la base militar, ocupación colonial que se da desde 1833, y manifestantes marchan por la soberanía del lago.
“Las marchas de expedición por la soberanía del Lago Escondido empezaron hace seis años, encabezadas por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca). Los manifestantes deben cruzar ahora vados y montañas, ya que el empresario británico Joe Lewis cerró todos los caminos de acceso al histórico y turístico lago”, señala la periodista Stella Calloni.
Las personas de distintas organizaciones que se sumaron el domingo pasado al exmilitar peronista Julio Cesar Urién, líder de la marcha, fueron detenidas con violencia por guardias civiles armados cuando transitaban por el único camino que por decisión judicial está abierto.
Estas grandes parcelas de Río Negro y otras provincias de la Patagonia fueron compradas por empresas británicas que se hicieron pasar por argentinas. Tal es el caso de Benetton, adquirió 2 millones de hectáreas en el sur con la complicidad del gobierno de Carlos Menem en los años 90.
“La Patagonia está amenazada por británicos, israelíes y estadunidenses. El empresario Lewis está en el número cinco de los más ricos del mundo y también construyó una pista de aterrizaje donde pueden llegar aviones de guerra de última generación”, denuncia la periodista.
El carácter colonial de la vieja potencia sigue vigente en este siglo, pero su accionar es posible gracias a gobiernos entreguistas como el de el expresidente Mauricio Macri, que pasó vacaciones en la finca del empresario Lewis cuando gobernaba este país, y durante su gobierno engavetaron los juicios abiertos contra esta ocupación ilegal desde 2011.