El Gobierno del presidente Nicolás Maduro solicitó a la Organización Mundial del Comercio (OMC) formar un panel para investigar al Gobierno de Estados Unidos por las medidas coercitivas unilaterales impuestas al país latinoamericano, y determinar si violan las normas comerciales.
Jorge Arreaza, canciller venezolano, hizo el anuncio el viernes 26 de marzo. “Más temprano que tarde, Venezuela derrotará con el Derecho lo que Estados Unidos pretende imponer por la fuerza”, expresó.
El Estado venezolano acudió al organismo multilateral para que revise el esquema de bloqueo, especialmente las medidas que violan los principios de la OMC relacionados al comercio de bienes y servicios, como el trato nacional y de nación más favorecida.
La Administración de Joe Biden presionó a la OMC para que la solicitud sea revocada. El portavoz del representante comercial de EEUU, Adam Hodge, siguiendo la línea de no reconocer a las autoridades legítimas de Venezuela, dijo que el Gobierno Bolivariano no puede “atacar” a Washington por lo que, según su percepción, son “sanciones estadounidenses que buscan restablecer las buenas prácticas de derechos humanos y la democracia en Venezuela".
Producto de la intervención de Hodge, se suspendió una reunión de la OMC sobre el tema y otros asuntos comerciales, dijo un funcionario de la organización con sede en Ginebra.
La Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos (GAO) y la relatora especial de Naciones Unidas, Alena Douhan, refutan las palabras del funcionario estadounidense. Según un informe de la GAO publicado el 8 de febrero, con sustento en entrevistas a expertos, las "sanciones" de Estados Unidos han hecho que menos compradores estén dispuestos a negociar petróleo venezolano.
Del mismo modo, Alena Douhan, quien estuvo diez días en Venezuela reuniéndose con distintos actores de la vida política y económica del país, concluyó en un documento oficial que las medidas coercitivas unilaterales violan el derecho internacional e instó a los responsables dar fin al bloqueo, devolver los activos en el extranjero y las garantías de acceso a los recursos que han sido congelados en el mundo.
Un funcionario en Ginebra dijo que Perú, Brasil y Colombia apoyaban la posición de Estados Unidos, en tanto que Cuba y Rusia dijeron que Venezuela tenía derecho a presentar la solicitud.