El caso de Álex Saab, más allá de evidenciar el alcance de los planes de asfixia contra Venezuela puestos en marcha por Estados Unidos y sus países satélites, pone a prueba, de nuevo, los principios del derecho internacional que regulan tanto las relaciones de soberanía, independencia y no injerencia entre los países como la justicia y el respeto a las personas para garantizar su integridad.
Estados Unidos aplica contra Venezuela y otros países un conjunto de medidas económicas de extorsión que afectan la vida de sus ciudadanos pero las hace ver como castigos a individuos a los que no ha sometido a juicio, por lo que las medidas coercitivas unilaterales no son decisiones judiciales sino políticas, cuando no ataques deliberados.
Como se hizo público recientemente, los fiscales de Ginebra (Suiza) decidieron, después de tres años, cerrar la investigación sobre el enviado especial venezolano detenido en Cabo Verde desde el 12 de junio de 2020, a la espera del resultado de un proceso de extradición solicitado por Estados Unidos.
Switzerland are saying there is not enough evidence of money laundering so they have stopped the investigation on Alex Saab #freeAlexSaab https://t.co/bjJ7DRrmZL
— Kelechi (@JustKelechi) March 26, 2021
Un proceso y una campaña en contra
Saab, nacido hace 49 años en Colombia, pero con nacionalidad venezolana, fue detenido en la isla de Sal por las autoridades policiales de Cabo Verde, esto debido a una supuesta alerta roja de Interpol que, por cierto, apareció con fecha del día siguiente. Se trataba de una solicitud de búsqueda de Estados Unidos, país que lo acusa de lavar dinero y tener "negocios corruptos" con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Pedían su extradición acusándole de haber blanqueado 350 millones de dólares para pagar "actos de corrupción" del presidente venezolano, a través del sistema financiero estadounidense.
La detención ocurrió cuando el avión en que viajaba hizo una escala técnica, Saab viajaba entre Venezuela e Irán con el propósito de realizar operaciones comerciales para garantizar la compra de alimentos y combustibles para Venezuela. Fue internado en la cárcel de la Ribeirinha en São Vicente y el Tribunal Supremo, que ha rechazado dos veces su liberación, aprobó recientemente el pedido formal de extradición por parte de Estados Unidos.
La prensa alineada a Washington utiliza abiertamente calificativos y narrativas que van desde "testaferro" hasta "guarda muchos secretos sobre cómo Maduro, su familia y sus principales ayudantes supuestamente desviaron millones de dólares en contratos gubernamentales en medio del hambre generalizada en la nación rica en petróleo".
La defensa de Saab, encabezada por Femi Falana, un abogado nigeriano especializado en derechos humanos y expresidente del Colegio de Abogados de África Occidental, ha escrito al presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, para pedir su liberación inmediata, esto debido a que consideran que ha sido el Ejecutivo quien ha violado el debido proceso.
Por otra parte, la Fiscalía colombiana reflotó en septiembre pasado una acusación de 2007 en su contra por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito junto al contador de una de sus empresas, Deivis José Mendoza Lapeira. Alegan que han participado en presuntas operaciones ilícitas para evitar responsabilidades tributarias y aduaneras que representaron pérdidas al Estado colombiano, de allí los cargos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, estafa agravada y exportación o importación ficticia.
Según el ente, Mendoza presuntamente llevaba una doble contabilidad de la empresa Shatex S.A. que tuvo un crecimiento inusual del 923% en el año 2007, mientras que entre 2004 y 2006 esa firma tuvo pérdidas de 33%.
#ATENCIÓN | Ante juez de #Barranquilla, #Fiscalía acusó formalmente a Alex Saab y al contador de una de sus empresas por presuntas operaciones financieras ilícitas para evadir responsabilidades tributarias y aduaneras, y aumentar su patrimonio. pic.twitter.com/OVsQ4RKno3
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 4, 2020
El pasado 15 de marzo la Corte de Justicia de la Comunidad de los Estados de África Occidental (Cedeao) ordenó que Saab debía ser puesto en libertad y darse por terminado su proceso de extradición a Estados Unidos ya que su arresto fue "ilegal", según informó su defensa, exhortando el pago de 200 mil dólares como indemnización.
Al día siguiente el Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde negó un recurso de apelación y decidió que "la extradición que ahora se autoriza es para que el extraditado sea sujeto al procedimiento criminal por uno de los crímenes que se le ha imputado, en conformidad por la garantía ofrecida por el Estado solicitante". Su defensa ha presentado una apelación ante el Tribunal Constitucional de Cabo Verde.
La defensa y el gobierno venezolano han protestado repetidas veces que Cabo Verde no reconozca la jurisdicción de la Cedeao a pesar de que forma parte de ese organismo y ha aceptado ser miembro de pleno derecho del Tribunal.
La decisión desde Suiza
Suiza, que es el principal centro financiero del mundo hecho país, cuenta con experiencia en materia de investigación de delitos financieros, por lo que la conclusión de su fiscalía inhabilita en el papel la intención de Estados Unidos de juzgar a Saab por lavado de dinero.
Un portavoz de la fiscalía indicó que el empresario está vinculado a 22 cuentas en la Unión de Bancos Suizos (UBS), una de las mayores firmas de gestión de capitales del mundo y que todas fueron allanadas. Agregó que "la fiscalía de Ginebra ha cerrado la investigación sobre Alex Saab por sospecha de blanqueo de capitales a través de cuentas en paraísos fiscales suizos".
Varios bancos remitieron sus informes a la Oficina de Información sobre Delitos de Blanqueo de Capitales (MROS), que se encarga de analizar los datos y documentos aportados y proceder con los casos, según el portal especializado en investigaciones financieras Gotham City.
Casi la mitad de los 350 millones de dólares supuestamente malversados por Saab pasaron por bancos privados suizos, pero no hay pruebas de ilegalidad. La misma fuente periodística asegura haber visto la orden de la fiscalía de Ginebra que cierra las investigaciones contra el diplomático venezolano. Afirmó que "Los fiscales concluyeron que las pruebas eran insuficientes para abrir cargos formales contra Saab y otro hombre", escribe el portal, informando que el fiscal sopesó información de UBS que solo mostraba movimientos de dinero entre cuentas con sede en bancos suizos.
Es posible que los jueces del Tribunal Constitucional de Cabo Verde desconozcan esta información debido a que no está incluida en el recurso presentado por la defensa en esa instancia cuando apeló la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de confirmar la extradición.
Extraditar al diplomático y empresario significa un premio tanto para el halconato estadounidense como para su prensa, difícilmente accederán a dejarlo libre debido a las siguientes razones.
Exhibición del supremacismo por parte del halconato global
La potencia del Norte tiene un amplio expediente de violaciones al derecho internacional en el que resaltan casos como la detención del fundador de WikiLeaks, Julian Assange; la toma de la Embajada de Venezuela y arresto de sus huéspedes en 2019; los asesinatos selectivos de Qasem Soleimani y Abu Mahdi Al-Muhandis en Irak; o el apoyo demostrado a mercenarios contra el gobierno legítimo de Nicaragua en 1984 que derivó en el minado de puertos del país, ataques contra instalaciones petroleras, sobrevuelo ilegal del territorio nicaragüense en medio de un embargo general contra el país.
La acusación contra Saab, con la que Estados Unidos intenta demostrar nuevamente su omnipotencia, parte de un móvil que es legalmente difuso: las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Estados Unidos acusa al gobierno venezolano de realizar gestiones para sortear las "sanciones" que le impone y que afectan a la población venezolana.
Se trata de imputaciones basadas en acusaciones sin pruebas sólidas, realizadas en territorio estadounidense, en las que Saab aparece como "uno de los principales lavadores de dinero" del gobierno de Venezuela cuando dicho gobierno ejerce su deber y derecho a erogar gastos para cumplir sus obligaciones. También se le acusa de "ser testaferro" de Nicolás Maduro, presidente constitucional de Venezuela, por realizar operaciones que Estados Unidos ha bloqueado deliberadamente.
Desde que Estados Unidos declarara a Venezuela una "amenaza inusual y extraordinaria" se ha desarrollado una guerra multifactorial contra el chavismo que tiene en el lawfare su faceta judicial y en el bloqueo/saqueo de activos su faceta económica. Es inútil buscar cualquier intento de lógica respecto a qué legitima a un país para juzgar a un presidente de otro sin acudir a instancia alguna que no sea un tribunal de su territorio. Mucho más inútil es tratar de comprender, dentro del derecho internacional, acciones como el emplazamiento de un crucero misilístico frente a las costas de un tercer país donde ordena detener a un diplomático del país del presidente "acusado".
Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Saab se habría beneficiado de varios "contratos sobrevaluados", incluidos los del programa gubernamental de subsidios alimentarios de Venezuela (CLAP) y habría participado en "operaciones ilícitas" con el oro del país. Una instancia del ejecutivo estadounidense, dictaminando sentencia sobre procesos administrativos del patrimonio venezolano, emite órdenes de captura extraterritoriales contra las personas a las que implica.
Solo la teoría del Destino Manifiesto, según la cual Estados Unidos es el país escogido por Dios para dominar el mundo, del cual se origina su proyecto geopolítico de la "guerra eterna" con el que su élite blanca exterminó a más de 12 millones de indígenas, ha repartido bombas, arrebatado territorios y se autoproclamó luz y faro del mundo libre, pilar de la "democracia representativa".
Esta condición solo la ejerce demostrando que tiene el poder para convencer al resto del mundo de que es así, explicándolo solamente no basta.
Demostración de subordinación por parte del gobierno de Cabo Verde
El papel del gobierno de Cabo Verde ha respondido a la mencionada lógica, su presidente Fonseca declaró sobre las implicaciones del caso por los muchos intereses jurídicos en torno a él, agregó que no recordaba "haber recibido nunca tantas llamadas de jefes de Estado extranjeros".
Fonseca dijo que, como presidente de Cabo Verde, siempre ha considerado que "en cualquier circunstancia, sea cual sea el caso, sean cuales sean sus adversidades e implicaciones, el país debe funcionar como un Estado democrático de derecho".
Sin embargo, su gobierno no solo violó los derechos de Saab y los de Venezuela, sino que lo hizo con convenios regionales como los Protocolos de la Cedeao y de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. El Colegio de Abogados de África publicó una investigación sobre el caso judicial y concluyó que el Estado caboverdiano, además de infringir protocolos internacionales, realizó un arresto ilegal debido a que la alerta roja fue emitida el día después del arresto, y no antes.
Su equipo de defensa manifiesta no haber visto la orden de detención en los siguientes ocho meses y, además, la alerta roja fue cancelada el 25 de junio de 2020. Una semana después llegó una solicitud de extradición de Estados Unidos. Cabo Verde, además, ignoró "deliberadamente" los documentos que identificaban a Saab como Enviado Especial de Venezuela y que explicaban el propósito de su misión humanitaria en Irán. Además, fue nombrado como Representante Permanente Alterno de Venezuela en la Unión Africana desde el 24 de diciembre de 2020.
La omisión de Cabo Verde a la decisión del Tribunal de la Cedeao, además de ser contradictoria por haber nombrado jueces y suscrito acuerdos con esa instancia, pudiera generar una "crisis de proporciones monumentales" y "desprestigiar a la Cedeao y a la Unión Africana", lo que sentaría un precedente para que otros países de la región africana se animen a "sucumbir a presiones ilegales y a violar los protocolos y tratados de la Cedeao y la Convención de Ginebra".
El mismo 26 de marzo, Fonseca dijo que es "absurdo" pretender que los políticos ordenen la detención o la liberación de personas, citando la independencia de los tribunales y dilucidando que esta es una tarea de los jueces. Agregó que "las personas que lo solicitan son abogados y deben saber que hay una cosa básica que todo estudiante de derecho de primer año sabe. Decir la ley es tarea de los jueces. Arrestar o poner en libertad es una tarea materialmente jurisdiccional".
Sin embargo, su gobierno se ha negado a otorgar libertad al diplomático cumpliendo con tratados internacionales, además le mantuvo detenido una semana aun cuando la alerta roja había cesado. A partir de esta posición, Cabo Verde pudiera estar quebrando las aspiraciones de dignidad de una región inmersa en tensiones y situaciones convulsas que persisten precisamente como consecuencias del colonialismo.
Ablandar la resistencia ante el bloqueo/saqueo a Venezuela
El acecho contra Saab no inició con su detención en junio de 2020, sino en 2018 con ataques orquestados desde el antichavismo y Washington contra empresas mexicanas que surtían a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), una respuesta del gobierno venezolano y las comunidades para llevar alimentos a los hogares afectados por la inflación inducida, el sabotaje a la moneda, el acaparamiento y la especulación con el precio de los bienes básicos.
Saab operaba intercediendo en la comercialización de alimentos y otros bienes para sortear el esquema de medidas sancionatorias creando nuevas cadenas de suministro, logística, financiación y de relaciones comerciales con empresas y países que históricamente habrían quedado fuera del mercado venezolano, debido a su relación con empresas estadounidenses.
La mayoría opositora en la Asamblea Nacional, que fue electa en 2015, fue lograda en condiciones excepcionales impuestas por el boicot y desabastecimiento orquestado por sectores económicos internos, por ello el hambre y el malestar de la población fueron la tarjeta de éxito que quisieron sostener hasta sacar al chavismo del gobierno. De allí los ataques y descréditos contra los CLAP, de allí también su constante solicitud de "sanciones".
Por su parte, los distintos factores políticos, militares y sociales se alinearon para defender los CLAP no solo del descrédito, sino de los distintos mecanismos de sabotaje interno que llegaron a incendios de galpones y asaltos a las unidades de transporte de los alimentos.
Los convenios de las empresas de Saab con empresas mexicanas y, a su vez, con el gobierno venezolano, fueron atacados tanto por ese parlamento como por la prensa financiada por la NED y otras agencias del Norte Global, tal ataque no ha cesado luego de su captura, sino que ha mutado hacia acusaciones veladas de narcotráfico. Es por ello que difunden matrices como que un avión de la DEA espera por su extradición para trasladarlo.
En 2019, Saab fue sancionado por las acusaciones ya descritas, sin embargo, no había orden de captura en su contra, lo que explica la improvisación en Cabo Verde durante su captura y retención. Más que buscar demostrar si el presidente Nicolás Maduro se beneficiaba personalmente de la importación y distribución de alimentos del CLAP, lo que se buscaba era quebrar directamente una iniciativa que logró revertir la hambruna solicitada por el antichavismo, decretada por la extinta Administración Trump y ejecutada por sus operadores empresariales internos.
El salto cualitativo, dado por Elliott Abrahms en mayo de 2019, fue insertar el relato de que altos funcionarios usaban las compras de los CLAP para lavar activos y "evadir sanciones y mantener el control sobre el poder", en otras palabras, usaban un programa que combatía una estrategia de cambio de régimen para lucrarse y… evitar el cambio de régimen.
Sigal Mandelker, la entonces subsecretaria del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, anunciaba el envío de alertas a entidades financieras del mundo, como las instaladas en Suiza que "peinaron" las cuentas de Saab y acaban de determinar que todo está en orden.
En 2020, en plena pandemia, las "sanciones" no pararon, tampoco los ataques bélicos organizados desde Colombia, donde la DEA "aseguró" al exgeneral Clíver Alcalá cuando delató el plan mercenario contra Venezuela orquestado desde Bogotá.
Como Venezuela había acudido a cambiar petróleo por alimentos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dictó medidas coercitivas unilaterales contra empresas mexicanas sancionando a tres personas, ocho firmas y dos embarcaciones.
El motivo era, invariablemente, que ayudaban a Álex Saab a evadir el bloqueo mediante una supuesta "red que intentaba eludir las sanciones, con las que Washington busca presionar al presidente Nicolás Maduro".
Esto convirtió a Álex Saab en elemento clave para el asedio certero contra el programa CLAP, en otras palabras, para el bloqueo del suministro de alimentos, puesto que el empresario, que desde el año 2015 es considerado uno de los principales proveedores de alimentos de Venezuela y, desde 2018, nombrado Enviado Especial de la República para adelantar negociaciones directas de Gobierno a Gobierno, entre ellos, con Irán y Rusia.
Estados Unidos divide el mundo entre países incondicionales y países "sin democracia y gobiernos corruptos". Su declive le ha hecho imponer la inexistencia de términos medios y degradar el derecho internacional que tanto dicen defender como potencia con una herramienta de intervención cada vez más abierta y despótica como el lawfare.
El caso de Álex Saab es una muestra pictórica con relieves de los golpes y contragolpes que ejercen Estados Unidos y sus aliados para obtener saldo en sus planes de injerencia globalizada. Sus élites prefieren parecer más fuertes que cívicos.