En fechas recientes, varios países de la región han sido estremecidos por violentas manifestaciones de descontento social que han conllevado a la movilización de centenares de miles de ciudadanos que protestan por la ausencia o carencia de libertades democráticas, el incremento de las condiciones de exclusión de importantes sectores populares y medios de la sociedad y también, por el mal manejo de la pandemia por los gobiernos nacionales.
En muchas de estas acciones de calle que congregan el sentimiento y la razón de los ciudadanos, se va generalizando – en casos como los de Chile, Colombia, Ecuador, Haití, Brasil, Paraguay y Honduras, por solo mencionar algunos- la proclama de poner fin a las dictaduras que agobian a esos pueblos. Sin embargo, resulta curioso, por decir lo menos, que esa consigna se emita en países en los que –en todos los casos mencionados- los presidentes han emergido de lo que tradicionalmente es conocido como “elecciones democráticas” elemento sustancial que le da contenido a los sistemas de democracia representativa.
Evidentemente ha surgido una contradicción entre los sustentos conceptuales que caracterizan ese sistema y las percepciones de la población que debería ser sujeto del mismo. Me parece que se va haciendo necesario encontrar una explicación a tal disyuntiva, toda vez que en la apreciación de los pueblos, los caminos de la democracia se están cerrando y en dos casos, (Colombia y Paraguay) ya han reaparecido organizaciones que apelan a la lucha armada como respuesta al progresivo cierre de la vía democrática cuando se suponía que ella estaba consolidada en la región. Pareciera que los gobiernos neoliberales de ultra derecha quisieran empujar a los pueblos por esa ruta para justificar todo tipo de desmanes, violaciones a los derechos humanos y, en última instancia, abrirle espacio a una creciente injerencia e intervención de Estados Unidos en la región.
¿Cómo se puede explicar esta situación? El concepto tradicional de dictadura dice relación con la concentración de facultades extraordinarias en el ejercicio del poder en un individuo, sector o grupo. No parece ser relevante en la definición de dictadura la forma en que se llegó al poder, sino la manera como se gobierna. Debe recordarse que Hitler asumió la más alta autoridad de Alemania en enero de 1933 en los marcos de la Constitución vigente.
La conjunción de los conceptos de democracia y dictadura ha dado paso a otras denominaciones como autocracia, totalitarismo y despotismo. En tiempos recientes, estos sistemas políticos han estado asociados a la aplicación de modelos neoliberales en lo económico y a la persecución judicial y ausencia de equidad en lo jurídico, configurando novedosas formas de gobierno que llevan a la ya mencionada percepción de que, en América Latina bajo las administraciones de ultra derecha que la gobiernan, se vive en dictadura con el único requisito de sobrevivencia que da el aval que concede el gobierno de Estados Unidos a sus aliados.
Esto incluye la posibilidad de violar derechos humanos, generar asesinatos masivos, vincularse con el narcotráfico y el paramilitarismo, asociarse con grupos de delincuencia organizada, fugar capitales, utilizar el Estado para cometer o cubrir delitos personales o de familia y fomentar y participar en actos de corrupción que son obviados cuando se ha mostrado subordinación y lealtad a Washington, el que además de sus propio poder moviliza a instancias internacionales bajo su control como la OEA, el BID, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como “caballitos de batalla” para argumentar y justificar a favor de los intereses oligárquicos locales y los de Estados Unidos.
Hay que tener siempre presente que en los tiempos actuales existen dos realidades: la que se vive cotidianamente en las calles, campos y ciudades y la que fabrican los medios de desinformación, las redes sociales manejadas por oscuros intereses transnacionales, las ONG´s financiadas por el poder global y los organismos internacionales subordinados a Washington y a las potencias occidentales.
La restricción de libertades civiles, los métodos violentos de control social, el gobierno eterno de la misma clase social agrupada en partidos políticos que solo tienen contradicciones aparentes y que incluso coordinan la distribución del poder, son expresión clara de esta nueva forma que está adquiriendo la política y que conducen a esa percepción de que se está viviendo en dictadura. Ante las dudas que pudieran emerger al respecto, los medios de comunicación se encargan de construir las “verdades” necesarias que permiten legitimar este novedoso método de gobernar.
Se pretende legalizar la intervención armada bajo un nuevo concepto: el de seguridad democrática
Estas particularidades que apuntan a un tipo de gobierno que el reconocido sociólogo argentino Torcuato S. Di Tella denomina “despotismo”, se caracteriza por el temor de los gobernados ante las amenazas del poder, haciendo imposible el funcionamiento republicano de equilibrio de poderes que exige de pueblos educados e informados para que adquieran conciencia o virtud como la denominaba Montesquieu, todo lo cual se va cercenando paulatinamente a través de la reducción de presupuestos y limitación de recursos que los gobiernos neoliberales han aplicado a la educación y la cultura desde hace casi 40 años. Un pueblo educado, informado y virtuoso es capaz de ejercer formas directas de democracia que además de representativas, deben ser participativas, consultivas y que han de consagrar el protagonismo del pueblo. Este tipo de democracia, es la que la nueva forma de dictaduras o gobiernos caracterizados por el despotismo oligárquico, tratan de evitar en nuestra región.
Al proyectar esta situación al ámbito mundial, debe recordarse que el sistema internacional vigente que tiene en la Organización de Naciones Unidas (ONU) su principal eje articulador, fue construido sobre la base de los principios de soberanía y libre determinación de los pueblos, de lo cual deriva la inadmisibilidad de la intervención en los asuntos internos de los Estados.
En la práctica esto caducó, dejó de ser así, las potencias actúan a su libre albedrío y en muchos casos, la ONU es un simple vocero de los intereses de los poderosos. Un reciente artículo del destacado periodista srilankés Thalif Deen escrito para el portal Other News bajo el sugestivo título de “Los altos cargos de la ONU, ¿son un derecho natural de las potencias?” señala que: "La Organización de las Naciones Unidas (ONU) continúa con una tradición de repartir muchos de los puestos más altos entre las cinco grandes potencias, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad […] o entre las naciones occidentales industrializadas como Alemania, Canadá, España, Italia, Suecia o Japón".
Y continúa: ”En consecuencia, los países del sur en desarrollo, que representan más de dos tercios de los 193 Estados miembros de la ONU, se quejan de que están muy sub representados en las altas esferas del organismo mundial, a pesar de que para competir por los puestos cuentan con candidatos competentes con sólidas cualificaciones profesionales y académicas”.
En este contexto, el concepto de rechazo a las tiranías inaugurado por la revolución francesa, está siendo cuestionado por las potencias occidentales, en primer lugar por Estados Unidos que han postulado la deslegitimación de este principio apelando a una falsa solidaridad para derrocar gobiernos “no democráticos”, caracterización que –por cierto- Estados Unidos se auto arroga el poder de conceder, al margen del derecho internacional. De esta manera se pretende legalizar la intervención armada bajo un nuevo concepto: el de seguridad democrática.
En el trasfondo, en realidad lo que se está intentando es imponer valores o principios garantes de la existencia de democracia bajo catálogos de moral y ética que exige un supuesto comportamiento republicano de los Estados, bajo certificación de potencias a quienes nadie ha dado esa potestad, lo cual las coloca en la práctica, al margen del derecho internacional.
Al respecto, Antonio Remiro Brotóns, reconocido catedrático español de la Universidad Complutense de Madrid, experto en derecho internacional señala en la voluminosa obra de su autoría junto a otros también reconocidos académicos que: “Cuando se habla de promover el principio democrático conviene distinguir entre diferentes supuestos, pues los medios lícitos para servirlo y las instancias implicadas en ello varían correlativamente. No es lo mismo proceder a la reconstrucción de un Estado fallido, como [lo fue] Camboya, mediante un esfuerzo multilateral gestionado por la ONU que, pretender la movilización de un grupo de Estados para imponer un cambio de régimen en un país al que, simplemente, se tilda de no democrático según el baremo de los censores”. Este fundamento debería ser leído, conocido y estudiado por el propio gobierno de España, el de Estados Unidos y los del falleciente Grupo de Lima si es que todavía existe y no se le ha dado la extremaunción.
De esta manera, cobra valor extraordinario y superlativa vigencia la iniciativa de 15 naciones de crear el “Grupo de Países en Defensa de la Carta de la ONU”. De la misma manera, los pueblos deben preparase para seguir luchando por sus derechos en una situación que avanza hacia mayores carencias e insuficiencias democráticas y de justicia en el marco del despotismo propio de estas novedosas dictaduras encubiertas.