La firma de abogados Arnold & Porter, que representa al gobierno ficticio de Juan Guaidó en la disputa por los recursos venezolanos secuestrados en el Banco de Inglaterra, envió una carta a su homóloga Zaiwalla & Co, que representa al Banco Central de Venezuela (BCV), notificando su negativa a la propuesta enviada por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro de utilizar el dinero requisado para comprar viales de vacunas contra el covid-19 y distribuirlas a la población venezolana.

“Usted ha propuesto en nombre de la Junta de Maduro que los Receptores entreguen la Propiedad de la Sindicatura a la Instalación Covax de Gavi Alliance (Gavi) con el fin de suministrar vacunas covid-19 a Venezuela (la Propuesta Maduro)", dice la carta. Añade que el grupo antichavista liderado por Guaidó coincide en que es "inaceptable jugar a la política con la vida de los ciudadanos inocentes de Venezuela" para después, en total contradicción, decir que el esfuerzo del Gobierno venezolano de brindar asistencia sanitaria gratuita a la población del país es caer en ese juego.

Tras desmeritar el plan de acción de las instituciones venezolanas para enfrentar la pandemia, que es de las que mejores resultados ha dado en Latinoamérica, la firma de abogados alega que no es necesario acceder a los fondos legítimos del Estado en Inglaterra, y sostiene que el bloqueo estadounidense tiene una exención para la compra de medicamentos y alimentos. En no menos de una ocasión, desde que inició la pandemia, el Gobierno venezolano ha denunciado que no existe tal libertad para adquirir insumos de carácter humanitario y que se han tenido que efectuar maniobras casi encubiertas en el proceso de compras internacionales.

En las consideraciones de la carta se detalla que la propuesta implementada por el Gobierno nacional es la liberación de los fondos congelados en el Banco de Inglaterra para acceder a US $ 101.800.880 que serán dispuestos en la compra de vacunas contra el covid-19 a través de la alianza de vacunas GAVI. "El Acuerdo contempla la entrega de 11.374.400 vacunas suficientes para vacunar al 20% de la población (venezolana)", dice el texto, mientras responde que los voceros de Guaidó "no confían" en la capacidad de las instituciones gubernamentales para distribuir las vacunas.

La decisión es una clara ofensa a la premisa de que se debe permitir el acceso universal a la vacuna y ralentiza la campaña de vacunación en Venezuela. Otro elemento que se añade a la larga lista de crímenes que Guaidó y su séquito han cometido en la ruta de asedio trazada por el Gobierno de los Estados Unidos.