La Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés) informó el lunes al candidato demócrata Joe Biden que la Administración Trump autorizó que el proceso de transición de gobierno comience oficialmente.

El hecho ocurre después que el equipo del magnate presidente perdiera algunas batallas legales en estados que definen los resultados electorales. En Michigan, por ejemplo, fue certificada la victoria de Biden, y en los tribunales de Pensilvania desestimaron una demanda de los republicanos en contra de la certificación de ese estado.

"He dedicado gran parte de mi vida adulta al servicio público y siempre me he esforzado por hacer lo correcto", dijo Emily Murphy, jefa del la GSA, en una carta. "Por favor, sepa que tomé mi decisión de forma independiente, basándome en la ley y los hechos disponibles". Enfatizó que no fue presionada por “ningún funcionario de la Casa Blanca” para retrasar la medida.

En cambio, acusó haber recibido "amenazas en línea, por teléfono y por correo" contra su seguridad con el objetivo de obligarla a manifestarse "prematuramente".

El lunes en la tarde, Donald Trump publicó en su cuenta en Twitter que la jefa de la GSA: "ha sido acosada, amenazada y abusada, y no quiero que esto le suceda a ella ni a su familia o empleados de GSA. Nuestro caso se mantiene fuerte, seguiremos con la buena lucha".

Más adelante señaló que recomendaba a Emily Murphy y a la GSA hacer "lo que sea necesario con respecto a los protocolos iniciales" de la transición.

En un artículo de Politico se explica que la legislatura de Estados Unidos no permite que el presidente acceda a los fondos de transición federales ni se comunique "con las agencias federales para planificar la dotación de personal hasta que la GSA reconozca un ganador electoral".