A dos meses de los graves terremotos del pasado 24 de junio, la presidenta Delcy Rodríguez se dirigió al país para presentar un balance integral de la reconstrucción y delinear la hoja de ruta en materia económica, institucional y geopolítica.

Durante su alocución, la primera mandataria enfatizó la rápida transición desde la atención inicial de la emergencia hacia una etapa de rehabilitación de las condiciones de vida del pueblo, articulando la respuesta a la contingencia con las transformaciones estructurales iniciadas desde que asumió responsabilidades ejecutivas el pasado 5 de enero.

Gestión de la contingencia

El balance presentado a dos meses del evento sísmico detalla las fases operativas desplegadas por el Ejecutivo para abordar los daños en las comunidades más impactadas. A través del "Plan Despeje Digno y Seguro", ejecutado con la cooperación técnica de agencias de la Organización de las Naciones Unidas y especialistas internacionales, los equipos de campo han logrado retirar el 28% de los escombros acumulados, cifra que equivale a aproximadamente 580 mil toneladas de material removido bajo protocolos de resguardo ambiental.

En el ámbito habitacional, los datos oficiales indican la entrega de 335 viviendas totalmente nuevas para beneficiar a 1.172 personas, sumado a la rehabilitación de 1.001 estructuras existentes que albergan a más de 3.500 ciudadanos. La meta planteada por el gobierno contempla la adjudicación de más de 4 mil unidades antes de finalizar el año, manteniendo la atención progresiva hasta cubrir la totalidad de la población damnificada.

Al abordar la complejidad de las labores de campo y el impacto emocional en las comunidades afectadas, la presidenta subrayó que el trabajo de reconstrucción se ejecuta en coordinación directa con el poder popular y los gobiernos locales:

"A dos meses de los graves terremotos del 24 de junio (...) la emergencia puso al frente una crisis de una magnitud no vivida en nuestra historia. Sé que para una familia que todavía no ha podido volver a su casa ninguna cifra es suficiente (...). El trabajo para mejorar los servicios públicos no comenzó con el terremoto ni termina con la reconstrucción; el terremoto hizo más urgente una tarea en la que ya estábamos empeñados".

Los resultados operativos en el área del sismo buscan demostrar la capacidad de articulación del Estado ante catástrofes de gran escala, demostrando una gestión pública eficiente y presente en el territorio. Al enmarcar la reconstrucción como una prioridad de la administración central, la vocería oficial procura afianzar la certidumbre institucional y mostrar la continuidad de los planes de inversión pública en infraestructura a pesar de la restricción de recursos.

Fortaleza macroeconómica y soberanía frente al bloqueo

La respuesta económica ante la crisis ha mostrado una solidez que valida la efectividad del modelo adoptado desde principios de año. La producción petrolera superó el 1.230.000 barriles diarios (su punto más alto desde febrero de 2019) gracias a la suscripción de 50 acuerdos en 76 áreas productivas. Este repunte en la industria energética, sumado al dato de la CEPAL que proyecta un crecimiento del PIB del 6,5 % para este año (el mayor de la región), confirma que el país ha logrado paliar de manera parcial el cerco financiero y acumula ya 21 trimestres consecutivos de expansión.

"Nuestra producción petrolera no se detuvo (...) la CEPAL proyecta el crecimiento de Venezuela en un 6,5 % para este año (...). Son cifras importantes, pero no son ni con mucho el objetivo final, porque aún falta mucho para recuperar una economía gravemente impactada por sanciones".

Estos avances macroeconómicos se dirigen directamente a la protección del bolsillo de la población. El éxito en la reducción de la brecha cambiaria, que pasó de casi un 30% al 12,3% en dos meses, evidencia una política monetaria orientada a contener la inflación, proteger el salario real y dotar de certidumbre al aparato productivo frente a las medidas coercitivas extranjeras. Aun cuando son datos importantes, está por verse el efecto duradero de esas políticas en el mediano y largo plazo, teniendo en cuenta el marco agresivo de las sanciones en vigor.

Eficientización de servicios y derechos fundamentales

En el plano de la modernización institucional, el Ejecutivo avanza en la simplificación digital de trámites y en la construcción de un sistema tributario transparente para optimizar la atención ciudadana. Rodríguez anunció una medida de alto impacto urbano: la sustitución progresiva de las alcabalas policiales por un sistema dinámico de patrullaje inteligente. Esta decisión agiliza la movilidad y elimina distorsiones operativas, pero además ratifica la voluntad del gobierno de consolidar una seguridad ciudadana moderna y preventiva, basada en el respeto a los derechos de la población.

De manera complementaria, la cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para supervisar los centros de reclusión pone en evidencia la solvencia ética del Estado venezolano, cuando aun sigue siendo objeto de ataques por la falsimedia. Al abrir las puertas a la verificación internacional para mostrar las mejoras reales en el sistema penitenciario, el gobierno toma la iniciativa de desmontar campañas difamatorias y pretende consolidar una gestión transparente, de respeto a los derechos humanos.

Diplomacia Bolivariana de paz

La política exterior expuesta por la presidenta refleja el método pragmático de la Diplomacia Bolivariana de Paz en el plano internacional. Venezuela ha regularizado su estatus técnico ante organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, al tiempo que restablece relaciones consulares y comerciales con diversos países.

Al declarar que "nuestra relación con el mundo debe estar guiada por una idea sencilla: los intereses de Venezuela y el bienestar de los venezolanos", reafirma que el retorno del país a la dinámica financiera internacional se realiza bajo criterios de soberanía nacional. Si bien ha sido una política que se pretendía ejercer durante el gobierno liderado por Nicolás Maduro, con la imposibilidad de ejercerla debido a la continua campaña de agresiones en múltiples planos, es en estos momentos que ha comenzado a tener un despliegue efectivo debido a la actualización de la (asimétrica) relación con Estados Unidos.

Sin embargo, se trata de una apertura estratégica que busca atraer tecnología, financiamiento e inversión para acelerar la reconstrucción, impulsar la economía carente de capital internacional y brindar atención oportuna a la comunidad venezolana en el exterior.

Consolidación de diálogo por la estabilidad nacional

En el ámbito político interno, la gestión de Rodríguez anotó un triunfo estratégico al concretar acuerdos con sectores de la oposición vinculados a la Asamblea Nacional de 2015, enfocados en la recuperación de recursos nacionales bloqueados en el extranjero y la renovación del Poder Judicial. Este esfuerzo se complementa con los avances del Programa de Convivencia Democrática y Paz, el cual contabiliza 1.046 personas liberadas y 12 mil ciudadanos con beneficios procesales.

"Alcanzamos un primer acuerdo con un sector de la oposición (...) para trabajar sobre asuntos concretos, entre ellos la gestión de recursos y activos pertenecientes al país y la renovación del Poder Judicial. Como resultado del programa de convivencia democrática y paz, a esta fecha 1.046 venezolanos han sido liberados y 12 mil personas han recibido beneficios procesales".

Estas acciones concretas posicionan al Gobierno Bolivariano como el único garante real de la estabilidad política y la convivencia pacífica, la brújula política de la gestión de la presidenta Rodríguez. Las medidas de distensión impulsan la articulación de un consenso operativo entre corrientes contrapuestas. La disposición para tender puentes con sectores de la oposición destraba la recuperación de activos estatales en el exterior, e institucionaliza el diálogo como el mecanismo central para canalizar la estabilidad política y blindar la reconstrucción nacional.