La neutralización reciente de un plan con explosivos destinados a golpear zonas de alto tránsito en Caracas no aparece como un episodio aislado. Según la investigación oficial, responde a una configuración operativa donde confluyen abastecimiento especializado, mando y entrenamiento externos, y una ruta de financiamiento ilícito que articula intereses políticos y redes criminales. A ello se suman indicios de obstrucción interna, señales que encuadran el caso como un diseño con vocación desestabilizadora de alcance nacional.

Esta operación se desarma en una Venezuela que atraviesa un período de estabilidad política y recuperación económica perceptible en la vida cotidiana. Un contexto que explica tanto el objetivo de los perpetradores —forzar un quiebre del orden— como la respuesta coordinada del Estado para impedirlo.

Maturín–Caracas: el arsenal que pudo detonar en el corazón de la ciudad

El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó que la red de abastecimiento fue ubicada en dos galpones de Maturín (Monagas) donde se incautó un arsenal compuesto por alrededor de 54 mil cargas huecas distribuidas en más de mil cajas, además de 35 rollos de cordón detonante, detonadores (125 eléctricos y 46 no eléctricos), 82 cargas secundarias con pentolita, 61 sistemas de puntas de carga, teléfonos preparados para activación a distancia, así como pólvora y combustibles.

El material central son cargas huecas de 38 gramos: explosivo comprimido de efecto antiblindaje que concentra la energía para perforar y fragmentar en esquirlas. Este tipo de configuración eleva el daño en entornos urbanos y, por su empaquetado, introduce el riesgo de explosiones en cadena por "principio de simpatía" (detonaciones sucesivas por proximidad). La presencia de teléfonos analógicos convertidos en disparadores indica un método de activación remota diseñado para evadir bloqueos y facilitar la colocación.

En el caso de Plaza Venezuela, el peritaje estimó un radio letal de 180 metros y 200 metros de fragmentación, cifras que dimensionan el alcance de un ataque en una zona de alto tránsito. Se señaló además la procedencia del lote desde una fábrica que habría suministrado al ISIS. Por volumen y configuración, un solo contenedor de ese material podría devastar varias cuadras.

Modus operandi y objetivos del plan

La célula operaba con un esquema de colocación discreta, basado en bolsos con cargas ensambladas que se dejaban en puntos de alta circulación y se detonaban a distancia mediante teléfonos no inteligentes adaptados como disparadores.

La activación analógica buscaba reducir rastreo y eludir bloqueos. Hay videos donde los explosivistas registran el proceso de armado de los artefactos.

Entre los blancos figuraban sitios de la ciudad capital: Plaza Venezuela, con el monumento por los 80 años de la victoria rusa sobre el nazismo, y el Metro de Caracas, donde uno de los asignados se negó a ejecutar al conocer el objetivo. También se contemplaban instalaciones del sistema eléctrico y petrolero, centros de salud, espacios públicos, figuras del chavismo y sedes policiales o de la FANB.

El propósito era producir terror masivo y provocar un quiebre del orden establecido mediante detonaciones en zonas de alto tránsito, combinando daño físico, impacto psicológico y disrupción de servicios e instituciones.

Red operativa, mandos y obstrucción interna

La dirección del esquema apunta a Iván Simonovis, operando desde Estados Unidos, y a María Corina Machado, ubicada en el circuito de reuniones en Colombia con actores políticos y empresariales, un nivel que habría provisto línea, contactos y cobertura. En la ejecución material sobresale José Daniel García Ortega, quien dejó un bolso con ≈3 kg de explosivo en Plaza Venezuela y fue capturado en Táchira cuando intentaba salir hacia Colombia.

También figura alias "El Flaco", asociado a la fabricación de artefactos y bajo amenaza de eliminación por sus propios contratantes, y alias "La Negra", aún prófuga. En el oriente del país fue detenida la "mano derecha de la Sayona", pieza de enlace territorial.

La composición externa y criminal muestra una trama híbrida. Se detuvo a un ciudadano albanés vinculado a la mafia albanesa que controla rutas de narcotráfico en Ecuador, se rastrearon armas provenientes de Trinidad con un trinitario detenido y se documentaron vínculos colombianos para tránsito y resguardo. Este ensamblaje encaja en la lógica "narcoban" —convergencia de narcotráfico, conspiradores y bandas— que financia, arma y ejecuta operaciones con impacto político a través del terror.

En el plano interno, emergen señales de obstrucción y encubrimiento. Una jueza no identificada llamó para frenar actuaciones en Maturín con el argumento "nadie haga nada… hay gente importante". A ello se suma la conexión institucional entre la empresa titular del material incautado y una consultora jurídica que defendió a procesados por terrorismo en el pasado.

Las narcoban ponen el dinero y las células cruzan la línea

El balance inmediato deja 13 de 15 autores materiales capturados y dos prófugos, entre ellos "La Negra". En el período reciente se han incautado más de 400 fusiles y se han identificado al menos 20 hechos de violencia extrema desde julio-agosto de 2024. La respuesta combina SEBIN, equipos antiexplosivos y Fiscalía, con apoyo de inteligencia popular en la fusión popular-militar-policial.

Más adelante, desde El Tigre (Anzoátegui), el ministro Diosdado Cabello informó la incautación de otro lote de unos mil quinientos explosivos en galpones allanados. El operativo derivó de la línea abierta en Monagas y dejó al descubierto un volumen significativo de material de distintos tipos, así como nuevas conexiones con agendas criminales y políticas.

La continuidad investigativa pone el foco en la trama financiera y logística: narcotráfico y fachadas comerciales como fuentes de recursos, con rutas transfronterizas que conectan el oriente del país, Colombia y nodos externos.

El caso Zulia/Operación Catatumbo, con 35,6 toneladas de droga incautadas, funciona como referencia de cómo se capitalizan estas economías ilegales para sostener operaciones de alto impacto.

Desde Washington, sectores extremistas articulan el andamiaje externo, con Iván Simonovis como operador y el secretario de Estado Marco Rubio, cabeza del ala dura de la administración Trump sobre Venezuela, como paraguas político de redes que financian acciones irregulares y agendas de desestabilización con proyección logística y operativa hacia territorio venezolano.

María Corina Machado y la "lucha clandestina"

Los hilos que expuso Diosdado Cabello —cruces con Iván Simonovis, contactos y reuniones en Colombia con actores políticos y empresariales— ponen a María Corina Machado en la franja de dirección y cobertura que hace posible la logística en terreno. Aparece como pieza articuladora en el nivel donde se conectan decisión política, financiamiento y ventanas operativas.

A eso se suma su discurso público. Cuando habla de "organización clandestina de todas las estructuras dentro de Venezuela" y llama a militares y policías a prepararse para "el momento decisivo", entra por su propio pie en el marco que el expediente describe: operación encubierta y fuera de los cauces legales.

El tercer componente es la validación externa. Agradece a Donald Trump tras el aumento de la recompensa a 50 millones de dólares contra el presidente Nicolás Maduro, pide a "las naciones democráticas" aplicar todo el peso de la ley para "desmantelar la estructura criminal" y se alinea con la línea dura en Washington, con declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio que repiten la etiqueta de narcoterrorismo.

En paralelo, corre una operación de descrédito y criminalización del Estado venezolano y del Presidente, que busca fijar el relato de "narcoestado". Ese encuadre busca otorgarle aire internacional al relato y darle resguardo a quienes lo mueven, mientras prepara un clima propicio para nuevas irrupciones.

Un país funcionando anula la apuesta del caos

La neutralización de la trama violenta se produjo en un escenario estable. El país trabaja, presta servicios y produce con normalidad; ese piso político e institucional amortigua el impacto que buscaban los atentados. No se instaló pánico sostenido ni se interrumpió la vida cotidiana; hubo continuidad operativa del Estado y una respuesta coordinada de seguridad. En esas condiciones, el intento de quebrar el orden no encontró terreno para escalar.

Las cifras funcionan como telón de fondo: 7,7% de crecimiento en el primer semestre de 2025, 17 trimestres al alza, repuntes en manufactura y comercio, mayor flujo de crédito y exportaciones no petroleras en expansión. En un entorno así, los llamados a cambio de régimen no arraigan en la vida diaria y, por esa misma razón, se apuesta por golpes de impacto mediante acciones de violencia orientadas a erosionar la robustez institucional y abrir ventanas de caos.

La gobernabilidad y la normalidad económica reducen el margen de la agenda del terror y acotan su impacto a células y financistas hoy bajo investigación. La respuesta articulada anula la ganancia política que se pretendía y abre la fase siguiente: perseguir finanzas, logística y encubrimientos para consolidar la estabilidad como estrategia.