El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió millones de deportaciones durante su mandato 2025-2029, sin embargo las cifras muestran otra realidad. Datos de la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) revelan que, desde enero de 2025, está planeando deportar de 600 a 1 100 inmigrantes por día. Solo en noviembre de 2024 la administración Biden repatrió 48 mil 970 personas, unos 1 600 individuos diariamente en promedio.

Según las proyecciones, la gestión del magnate ha debido detener y deportar unos 25 mil inmigrantes durante el primer mes, lo cual generaría unas 300 mil expulsiones al año, cantidad lejana del millón ofrecido por JD Vance, actual vicepresidente.

¿Cifras versus retórica?

Un sondeo a partir de fuentes abiertas realizado por Misión Verdad revela las siguientes cifras de deportados por país de origen:

• Venezuela: 367
• India: 104
• Colombia: 311
• Perú: 34
• Honduras: 126
• Brasil: 88
• Ecuador: 80
• México: 4 884
• Guatemala: 265

Para un total de 6 259.

En el caso de los venezolanos deportados sin antecedentes ni condenas, se incluyen a los que retornaron la noche del 20 de febrero pasado provenientes de la base militar estadounidense de Guantánamo.

Una comparación de las deportaciones realizadas el primer mes, y/o el primer año de gobierno, por otras administraciones estadounidenses ofrece las siguientes cifras:

• Barack Obama (I), total anual 2009: 582 624
• Barack Obama (II), total anual 2013: 178 371
• Donald Trump (I), febrero 2017: 29 390 / total anual: 386 870
• Joe Biden, febrero de 2021: 92 010: total anual: 1 334 200

Las cifras son consistentes. Biden superó a Trump durante el primer mes de su mandato, pero también durante los dos primeros años. Alcanzó 2,8 millones de expulsiones frente a los 2 millones del republicano en el mismo periodo.

Aunque Biden fue percibido como más moderado en su discurso antiinmigración ilegal, utilizó estrategias que lo colocaron por delante de Trump en números totales de deportaciones. El actual presidente centra su política migratoria en endurecer las medidas y aplicar sanciones más severas a quienes ingresen de manera irregular, pero las cifras revelan menor efectividad.

Un factor que ayudó a incrementar las deportaciones por parte de la administración Biden fue la implementación del Título 42 por parte de Trump en 2020, antes de dejar su primer gobierno. Este instrumento negaba el derecho consagrado en leyes estadounidenses e internacionales a solicitar asilo.

Otro elemento que distingue al actual presidente es el efectismo en su retórica, que deriva en campañas mediáticas, a favor o en contra, en torno a las condiciones dispuestas para los detenidos. Por su parte los extranjeros ilegales que no están privados de libertad enfrentan amenazas, acoso y campañas de miedo.

El muro que enfrenta Trump

La realidad está tocando la puerta del presidente estadounidense debido a la falta de fondos, al insuficiente número de oficiales de inmigración y de centros de detención, además de otros recursos en general, factores que han impedido el trabajo de deportación de su administración.

Ante esto, que ralentiza su promesa electoral, el magnate está ejerciendo presión sobre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), sobre la ICE y sobre sus asesores para deportar a más personas.

El Consejo Estadounidense de Inmigración proyecta que para detener a 1 millón de personas al año, la ICE necesitaría 30 mil nuevos oficiales y personal. El estudio estima que costaría 7 mil millones de dólares al año.

Según NBC, el gobierno está considerando utilizar fondos del Departamento de Defensa para incorporar contratistas, medida que ampliaría enormemente la escala y el alcance de los arrestos y deportaciones. El Congreso solo le ha dado a la ICE la financiación de aproximadamente 40 mil camas para mantener a los inmigrantes detenidos en cualquier momento. Puede trabajar con compañías penitenciarias privadas que proporcionen más espacio, pero el ICE todavía está limitado a pagar a esas compañías para expandir el espacio de detención hasta que, eventualmente, el Congreso decida.

La presión de Trump ha logrado, desde el 23 de enero, cambios en la aplicación de políticas migratorias. Un memorando del DHS pretende restringir el uso de la libertad condicional y ampliar los procedimientos de eliminación expedidos. Esto ha sido rechazado por la Unión Americana de Libertades Civiles y otros grupos de defensa, quienes demandaron al gobierno basados en el argumento de que la política viola la ley de Estados Unidos y a las personas en peligro que buscan refugio.

Las acusaciones contra los inmigrantes, calificados por la secretaria del DHS, Kristi Noem, como "lo peor de lo peor", agudizan el debate. Venezuela, en voz del vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, ha aclarado que solo seis de los 190 deportados en el primer lote tienen deudas con la justicia, pero que ninguno forma parte de alguna banda criminal. En el caso del segundo grupo, el funcionario declaró que solo uno tiene alerta roja de Interpol emitida desde Ecuador.

La rentable espiral de la migración

En Estados Unidos viven unos 48 millones de migrantes, de los cuales 11 millones están en situación irregular. Algunos sectores empresariales han anunciado pérdidas debido a que los aportes en inversiones e impuestos que genera a la economía este conjunto poblacional son mayores que los gastos que implicaría expulsar a unos 7 millones de indocumentados, como lo ha prometido Trump.

El PIB latino es el quinto más grande del mundo —según muestra un informe de UCLA y Cal Lutheran— y durante los años de la pandemia global (2019-2022) creció más rápido que el de cualquiera de las 10 principales economías del mundo, incluidas China y la India.

Más allá de la campaña de miedo del actual gobierno, o de la "eficacia" de las administraciones demócratas (Obama y Biden), están algunos aspectos estructurales que fuerzan la migración, como la desigualdad entre países causada por la aplicación de medidas de shock neoliberal y los mecanismos de saqueo globalizados por el "orden basado en reglas" de Occidente. Estos contribuyen al empobrecimiento y la posterior emigración por parte de la población económicamente activa.

El ciclo de emigración forzada, control criminal de las rutas, explotación laboral y expulsión forma parte de un consenso de las élites y no varía entre partidos, se trata de una economía circular en la que se beneficia todo el estamento económico, que gobierna al sistema político.

Además, el discurso estigmatizador y criminalizador corresponde con la pretensión hegemónica que sostiene desde el ángulo geopolítico y económico. De seguir estableciendo relaciones desiguales y de tutelaje sobre los países del Sur Global, Estados Unidos continuará enfrentando la llegada de millones de migrantes que buscan ingresar en su territorio, con el subsecuente beneficio de los sectores que se enriquecen de tal tragedia circular.