Italia fue la sede de la última cumbre del G7, donde se reunieron los ministros de Relaciones Exteriores de Canadá, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido, Estados Unidos y el país anfitrión, más el Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell.

La declaración de la reunión mencionó varios conflictos y tensiones en diferentes regiones del mundo, incluida la bélica situación en Asia Occidental, las supuestas amenazas de China a la estabilidad de lo que el grupo llama (según la nomenclatura estadounidense, claro está) "Indo-Pacífico" y la operación especial militar de Rusia en Ucrania y el Dombás.

El último punto se lo dedica a Venezuela. Dice:

"El 28 de julio, el pueblo venezolano tomó una decisión clara en las urnas, votando por un cambio democrático y apoyando a Edmundo González Urrutia por una mayoría significativa, de acuerdo con los registros electorales disponibles públicamente. Continuaremos apoyando los esfuerzos de los socios regionales para facilitar una transición democrática y pacífica liderada por Venezuela que garantice el respeto a la voluntad de los votantes.

"Estamos profundamente preocupados por las continuas violaciones y abusos de los derechos humanos, incluidas las detenciones arbitrarias y las severas restricciones a las libertades fundamentales, dirigidas en particular a opositores políticos, la sociedad civil y los medios de comunicación independientes. Todos los presos políticos detenidos injustamente deben ser puestos en libertad".

En general, se trata de una declaración oficial dentro de los límites ya establecidos por el Departamento de Estado, sin ninguna novedad semántica. Es usual que, en una instancia como el G7, el resto de los países se inscriban dentro de las fronteras del discurso "diplomático" de Estados Unidos.

Sin embargo, en el texto no se menciona a González Urrutia como "presidente electo", designación que hiciera recientemente el Departamento de Estado. He ahí una diferencia entre la política exterior de Washington y la del G7.

Este sería el primer pronunciamiento oficial del grupo sobre Venezuela  desde la victoria electoral de Donald Trump a principios de noviembre, y por ello es importante analizar su significado en este marco.

ENTRE BIDEN Y TRUMP

Desde que se concretara la reelección del presidente Nicolás Maduro, Washington ha reiterado su apoyo a la oposición extremista directamente alineada a sus intereses, liderada por María Corina Machado, sin tomar mayores decisiones como el levantamiento de las licencias en el sector petrolero venezolano o posicionarse de manera más agresiva.

Estas últimas medidas han sido reclamadas por ese extremismo, el cual asegura que González Urrutia tomará supuestamente posesión del cargo el próximo 10 de enero de 2025. Es incierto cuáles serían las acciones para que el exdiplomático residenciado y asilado en Madrid para lograr esta aventura, a todas luces ilegal e inconstitucional.

El primer mandatario venezolano ha denunciado, en diversas oportunidades que se está ensayando un Guaidó 2.0, en un contexto donde se han producido sabotajes a la industria energética nacional y la aparición del mercenario trumpista Erik Prince como vocero de las amenazas de fuerza desde el exterior.

De modo que, con la declaración del G7, se preserva el enfoque usado por Estados Unidos y Europa en torno a Venezuela previo a la designación unilateral de González Urrutia como "presidente electo".

El matiz se encuentra en el hecho de que Washington y el Parlamento Europeo (que también reconoce a González Urrutia como "presidente legítimo y democráticamente elegido") tienen una postura distinta a la del resto de los países europeos, a los cuales les interesa seguir teniendo acceso a los recursos energéticos venezolanos, causa estratégica que origina esta divergencia.

Vale destacar que Italia, con ENI; Francia, con Maurel & Prom; Reino Unido, con BP (a través de Trinidad y Tobago); y España, con Repsol, tienen participación en empresas mixtas y proyectos petroleros y gasíferos de alto valor en Venezuela. Asimismo, conviene mencionar que Borrell pudiera haber influido en la declaración del G7 preservando los intereses detrás de la ambigüedad de la política exterior española con respecto al estatus de González Urrutia. 

Tomando en cuenta que durante la gestión de Trump en la Casa Blanca se tomaron las medidas más perjudiciales para la economía y la sociedad venezolanas, se podría esperar que con la vuelta del republicano retorne a una ofensiva para intentar el derrocamiento del Gobierno Bolivariano, con los métodos usados durante la era de la "máxima presión". Sobre todo, si se termina confimando (lo más probable) a Marco Rubio, hijo de la "gusanera" de Florida, como Secretario de Estado de la próxima administración.

Pero podría ocurrir lo impensado. The Washington Post publicó, el 19 de noviembre, un artículo donde menciona que una vuelta a la "máxima presión" perjudicaría las propuestas trumpistas en torno a la migración ilegal y sus objetivos en el sector petrolero estadounidense. Es un escenario solo posible si ocurre una negociación entre los dos gobiernos en cuestión, algo difícil de prever debido a la conducta de Washington en el pasado.

De modo que lo declarado por el G7 contraviene la posible posición del próximo presidente republicano, comprometiéndolo en una ruta sobre la situación en Venezuela ajena a su propia política.

Venezuela, así, se encuentra entre Biden y Trump: entre el statu quo en las relaciones bilaterales y su interrupción hacia otro enfoque, probablemente más agresivo.

NO MÁS TUTELAJE

El Gobierno Bolivariano rechazó categóricamente el pronunciamiento del G7 y lo calificó de "absurdo", advirtiendo que revisará sus relaciones con cada uno de los miembros del grupo ("no quedará sin respuesta") debido a su "actitud injerencista y arrogante".

La pretensión de imponer un escenario donde González Urrutia sea ungido ilegalmente como presidente está muy lejos de la realidad venezolana. Una muestra de que no existen las condiciones para que ello ocurra es que aquel se encuentra en España y el presidente Maduro ha logrado neutralizar todo intento de desestabilización política y social antes, durante y luego de las elecciones del pasado 28 de julio.

El único recurso que le queda al extremismo opositor consiste en una campaña de presión externa de manera coordinada entre Estados Unidos y sus satélites europeos, una fórmula que no resultó durante el primer periodo trumpista y tampoco tendría cabida en un mundo que avanza multipolarmente hacia otras formas de relacionamiento internacional.

De hecho, la declaración del G7 contrasta con la participación de Venezuela en la cumbre de los BRICS realizada en Rusia, a finales de octubre, donde se manifestó ampliamente el apoyo al presidente Maduro y se afianzaron las relaciones bilaterales con la mayoría de los países dentro y en torno al bloque multipolar.

Recordemos que los BRICS cuentan, entre sus miembros, con el 37,4% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, mientras que el G7 acumula solo el 29,3%. Son datos emitidos por el presidente Vladímir Putin durante la mencionada cumbre, quien recordó que previamente, en 1992, el balance era del 16,7% y el 45,5% respectivamente.

Lo que demuestra que, por cantidad y calidad, el G7 ya no tiene las riendas de la economía global ni de la geopolítica en general.

Para Venezuela, la experiencia de la "máxima presión" ha sido instructiva en los términos de crear las condiciones políticas, económicas y sociales para que no se repitan las letales consecuencias del bloqueo y las sanciones ilegales, si recrudecen durante el próximo gobierno estadounidense.

La declaración del G7 se enmarca en el cada vez mayor involucramiento de Venezuela en la dinámica BRICS, la supuesta preparación del terreno para reeditar una especie de "interinato" y la incertidumbre de las medidas que tomará el próximo presidente estadounidense respecto a nuestro país. En el ínterin, la postura venezolana proclama el fin del tutelaje.