Al revisar los comicios presidenciales realizados recientemente en el continente, se observa que los recursos contenciosos electorales, es decir, los medios técnico-jurídicos de impugnación, expresados en dictámenes judiciales y reclamaciones de diverso tipo, son procedimientos frecuentes en una gran cantidad de países. 

La existencia de estos procedimientos es un pilar fundamental del Estado de derecho. La posibilidad de recurrir a la justicia electoral ante dudas o perturbaciones durante eventos comiciales es clave para el desarrollo equilibrado de los procesos de votaciones.

Aquí cinco casos recientes en América Latina —y un extra— que ejemplifican cómo el recurso contencioso electoral ha sido utilizado para dirimir disputas a escala institucional.

En definitiva, la activación de este recurso en Venezuela no es una excepción sino la regla en la región.

1. Perú 2021

La segunda vuelta se realizó el 6 de junio de 2021 y enfrentó a Pedro Castillo, quien resultó ganador con 50,13% de los votos, contra Keiko Fujimori, que alcanzó 49,87%.

La candidata perdedora impugnó el resultado, por demás cerrado, mediante el alegato de que Perú Libre, el partido de Pedro Castillo, había incurrido en malas prácticas. Fujimori impugnó más de 1 300 actas electorales que contenían alrededor de 400 mil electores.

Mes y medio después de la segunda vuelta, 19 de julio de 2021, la Oficina Nacional de Procesos electorales certificó la victoria de Pedro Castillo y desestimó los 943 recursos de nulidad que interpuso la candidata perdedora ante 35 jurados electorales especiales de Perú, que revisaron las actas en las que, según el partido de Fujimori, Fuerza Popular, se había cometido fraude.

Es importante destacar que la fiscalía abrió una investigación contra Keiko Fujimori y otras 25 personas por los delitos de sedición, conspiración para la rebelión, denuncia calumniosa y prevaricato, justificándose en "la persistencia de los imputados de desconocer los resultados electorales que daban como ganador a Pedro Castillo Terrones".

2. Brasil 2022

En estas elecciones compitieron Lula da Silva y Jair Bolsonaro, que aspiraba a un segundo mandato.

La campaña se mostró desde un principio cerrada, con altos niveles de polarización. Bolsonaro cuestionó abiertamente la legitimidad del proceso y denunció la posibilidad de un supuesto fraude días antes de la jornada.

El resultado final fue ajustado. Lula obtuvo 50,90% de los votos y Bolsonaro 49,10%. Ante este escenario el candidato perdedor impugnó el proceso de octubre y solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que anulara los votos emitidos en la mayoría de las máquinas de votación electrónica del país, basado en el alegato de que existieron errores de software.

El TSE desestimó las impugnaciones y certificó la victoria de Lula 43 días después de los sufragios. El órgano decidió inhabilitar al expresidente Bolsonaro por desacreditar el sistema electoral brasileño y actuar de mala fe durante la campaña.

3. Paraguay 2023

Se realizaron el 23 de abril de 2023 y surgió como ganador Santiago Peña, del Partido Colorado, con 42,74% de los votos; en segundo lugar quedó Efraín Alegre, de Concertación Nacional, con 27,48% y, en el tercero, Paraguayo Cubas, con 22,91% del partido Cruzada Nacional.

A pesar de la diferencia amplia que arrojaban los resultados, tanto Alegre como Cubas manifestaron su desacuerdo con el cómputo final.

Efraín Alegre reclamaba un conteo manual de sufragios y una auditoría internacional del sistema electrónico de votación ante denuncias de irregularidades que se multiplicaron luego del anuncio de los resultados. Mientras, Cubas llamó a manifestarse frente al máximo tribunal electoral para denunciar un fraude que desencadenó protestas violentas en las principales ciudades del país.

No obstante, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) negó toda posibilidad de manipulación de las máquinas de votación, basado en el argumento de que habían contado con las auditorías necesarias por parte de las distintas fuerzas políticas. El ente estableció, a través de una resolución, que no aceptaría el pedido de varios sectores políticos de someter a una auditoría internacional el software del sistema informático y las máquinas de votación utilizadas en las elecciones generales del 30 abril.

A pesar de esto, el candidato de Cruzada Nacional se negó a reconocer el triunfo y apostó por la movilización callejera.

La fiscalía paraguaya acusó a Cubas de "perturbación de la paz pública, amenaza de hechos punibles, tentativa de impedimento de las elecciones, tentativa de coacción a órganos constitucionales y resistencia", según quedó consignado en el acta de imputación difundida por los medios de comunicación.

La victoria de Santiago Peña fue certificada por el órgano electoral un mes después de los comicios.

4. GUATEMALA 2023

La segunda vuelta se realizó el 22 de agosto de 2023 y enfrentó a Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, quien ganó con 60,91%, contra Sandra Torres del partido UNE, quien obtuvo solo 39,10%.

En la primera vuelta la certificación de los resultados se retrasó debido a un controvertido amparo concedido por la Corte de Constitucionalidad a nueve partidos, incluido el partido oficialista Vamos.

Dichos partidos impugnaron el resultado de la primera vuelta mediante el alegato de "irregularidades" y de "fraude electoral" a favor de Arévalo, incluso llegaron a pedir unos nuevos sufragios. No obstante, la Corte desestimó las acusaciones y certificó a los candidatos que participarían en la segunda vuelta.

Tras los resultados, la Fiscal General solicitó la nulidad de los comicios celebrados en agosto y el retiro de la inmunidad del presidente electo, Bernardo Arévalo, a causa de una investigación que venían realizando en la que presumían que había ocurrido fraude electoral.

En este contexto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sostuvo que tal acusación no alteraba los resultados que dieron el triunfo a Arévalo y que las elecciones presidenciales no podían repetirse, y afirmaron, además, que "los resultados eran inalterables".

La certificación del TSE se dio en diciembre de 2023, cinco meses después de la segunda vuelta, y establecieron que los funcionarios electos debían asumir el cargo en enero de 2024 como estaba previsto o, de lo contrario, habría "incumplimiento del orden constitucional".

Estas elecciones han sido las más judicializadas hasta el momento en el entorno latinoamericano. 

5. México 2024

Celebradas el 2 de junio de 2024,  arrojaron como ganadora a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien recibió 59,75% de los votos, mientras que su principal opositora, la senadora Xóchilt Gálvez, alcanzó solo 27,45% de los votos.

No obstante, a pesar de los más de 30 puntos de diferencia entre las dos candidatas, la senadora impugnó los comicios.

Xóchilt Gálvez alegó que el contencioso electoral que iniciaba no tenía por objetivo "pedir la anulación de la elección sino de que exista una sanción al presidente López Obrador por su intromisión en el proceso electoral".

También solicitó al tribunal investigar el uso de recursos públicos en la campaña de Sheinbaum y la manipulación de los planes sociales en favor de la candidatura de la Jefa de gobierno.

Luego de casi dos meses de conseguir la mayor cantidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral dio por infundadas las impugnaciones contra la victoria de Sheinbaum y confirmó los resultados de los cómputos distritales, procediendo a recibir el conteo final previamente a la entrega de su constancia.

En esa jornada se resolvieron 240 juicios de inconformidad relacionados con la elección y se determinó que las impugnaciones "resultaron infundadas e inoperantes", en particular respecto a la causa relacionada con la integración indebida de las mesas directivas de casilla.

La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó la victoria de Sheinbaum con los cómputos distritales.

extra: Estados Unidos 2020

Estos comicios han sido los más controversiales desde la polémica escogencia de George W. Bush frente al demócrata Al Gore en el año 2000.

En el caso de las presidenciales entre Joe Biden y Donald Trump hubo un prolongado escándalo en el que, después de todo, se afirmó de manera definitiva que el primero había conseguido la mayoría de los colegios electorales para ser presidente.

Estados Unidos cuenta con un sistema de votación por correo, implementado por muchos estados, y su sistema es manual en la mayoría del país.

Los sufragios se realizaron oficialmente el 3 de noviembre y fue cuatro días después cuando Biden fue anunciado ganador.

Aunque diversas encuestas en cadenas televisivas expresaron que Biden había obtenido el triunfo, no fue hasta el 7 de noviembre cuando contó con una mayoría, según conteo preliminar. Pero su victoria no se confirmaría sino hasta el 14 de diciembre de ese año, a 41 días de la fecha de los comicios, al conseguir el apoyo de comisarios representantes de colegios electorales, según dicta el sistema de voto indirecto.

Donald Trump denunció entonces que hubo fraude y sometió los comicios a difíciles procesos de impugnación en varios estados. Técnicamente, según el sistema estadounidense, hubo una elección por cada estado, o 50 experiencias simultáneas, lo cual eleva su complejidad.

El sistema electoral estadounidense carece de una institución federal única que organice dichas jornadas. Los entes comiciales corresponden a la estructura de gobierno de cada estado y en diversos casos existen tribunales electorales alternos a los entes organizadores de los procesos.

Trump impugnó los resultados en Wisconsin, Michigan, Georgia y Pensilvania, y se dirigió a oficinas electorales, tribunales o a la Corte Suprema de esos estados, según fuera el caso, pero en ninguno obtuvo veredictos favorables a sus denuncias.

Respeto a la institucionalidad

En los casos abordados se observa un acatamiento a la legalidad y legitimidad del órgano jurisdiccional en la materia electoral respectiva. La parte que cree que sus derechos fueron vulnerados conoce el procedimiento legal que debe emprender para defenderlos.

En los escenarios donde la autoridad electoral determinaba que las denuncias de fraude eran infundadas y buscaban generar desconfianza en el sistema en su totalidad, el Estado, a través de sus organismos competentes, sancionaba con base en la legislación vigente. Al garantizar el equilibro del proceso, la jurisdicción electoral contribuye a prevenir conflictos políticos. Permite que el veredicto de las urnas sea aceptado por todos los factores políticos y sociales, y de ese modo se evitan tensiones que desemboquen en situaciones de desestabilización prolongadas. 

Tal es el objetivo que se pretende con el contencioso electoral introducido por el presidente Nicolás Maduro ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Este recurso se erige como un mecanismo de salvaguarda del Estado de derecho frente a la ofensiva múltiple y sostenida contra el sistema electoral venezolano, promovida por el sector extremista del espectro opositor, que desde siempre ha apostado por la instrumentalización de los comicios con el objetivo de acumular fuerza con vistas a activar agendas de golpe de Estado.