El próximo 18 de abril expirará la Licencia General N°44, emitida por el gobierno de Estados Unidos a la industria petrolera y gasífera venezolana el 18 de octubre de 2023 en el marco de las negociaciones entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la Plataforma de la Unidad Democrática en Barbados, luego de vencerse el lapso de seis meses estipulado.

La renovación de esta herramienta —que autoriza las transacciones a PDVSA por concepto de producción, extracción, venta y exportación, así como nuevas inversiones y entrega de petróleo a acreedores—, se puso en duda a finales de enero cuando el gobierno de Biden revocó la Licencia General Nº43, concedida a la empresa estatal de oro de Venezuela, Minerven, como medida de chantaje luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificara la inhabilitación de María Corina Machado.

En ese contexto, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la semana pasada, con los votos de republicanos y demócratas, un proyecto de ley para imponer nuevamente sanciones sobre Venezuela.

El proyecto HR6831 fue introducido en diciembre de 2023 por la republicana María Elvira Salazar y otros siete congresistas de ambos partidos con miras a reactivar y extender hasta el 31 de diciembre de 2025 la vigencia de la Ley de Ayuda de Emergencia, Asistencia a la Democracia y Desarrollo (Verdad) para Venezuela. La propuesta ahora tendrá que pasar a votación por el pleno de la Cámara de Representantes para que sea aprobada. 

La congresista Salazar y el senador Marco Rubio, ambos republicanos y de origen cubano, usaron como argumento la situación política en Venezuela señalando que hay una persecución contra la inhabilitada María Corina Machado y su equipo.

En total se inscribieron 13 candidatos presidenciales de cara a las elecciones del 28 de julio. Sin embargo, señalan que el gobierno del presidente Maduro viola los compromisos suscritos en el Acuerdo de Barbados, como si el mismo se circunscribiera a la figura que encarna Machado.

Mientras los congresistas estadounidenses impulsan el proyecto de ley para reactivar las sanciones, la petrolera Chevron anuncia sus planes para reanudar la perforación en la Faja Petrolífera del Orinoco, campo clave donde se extrae crudo pesado, según reseñó recientemente Bloomberg.

Asimismo, vale recordar que se avanzaba en un proyecto de extracción de gas que involucra a PDVSA y a las petroleras BP, Chevron y Shell. El plan busca reactivar la llamada Plataforma Deltana, costa afuera compartida con Trinidad y Tobago, donde hay unos 8 billones de pies cúbicos (tcf) de reservas de gas. El proyecto tenía unos diez años paralizado por falta de reglas claras para la inversión en tanto que era compartido por dos países.

No se puede soslayar que el levantamiento de sanciones tiene un significado para Estados Unidos, sobre todo en este año electoral y en el contexto energético global condicionado por los conflictos regionales.

Venezuela siempre ha sido un proveedor alternativo fiable en momentos de inestabilidad en Asia Occidental, y la guerra en curso en Gaza abre la posibilidad de que el conflicto escale a toda la región e implique a otros grandes productores. A esto se suma el hecho de que los recientes recortes de producción por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) contribuyen al encarecimiento del crudo.

Como venimos advirtiendo, la renovación o no de las licencias al crudo venezolano no solo depende de la decisión de algunos congresistas estadounidenses, sino también de otras circunstancias que influyen en la política y la sociedad del país norteamericano, entre ellas el comportamiento del mercado energético global.