Evo Morales y Luis Arce protagonizan una batalla suicida por el liderazgo de lo que alguna vez fue un proceso sólido y sin mayores fisuras. Ámbos líderes iniciaron su distanciamiento una vez que se agotó el ciclo de acciones institucionales que derivaron en la judicialización de actores relevantes del golpe consumado en 2019, a saber, Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho.

El cuadro político boliviano se desfiguró desde entonces, dado que Áñez y Camacho fueron los referentes políticos visibles de la oposición boliviana. Su judicialización trajo como consecuencia una crisis de liderazgo y de horizonte entre los opuestos al “proceso de cambio”.

Entretanto, Carlos Mesa (antiguo candidato presidencial y opositor más votado en 2019) fue diluyéndose en la política, al punto de perder su base de respaldo. Para ubicarlo en términos comparativos con Venezuela, Mesa es el equivalente político de Henrique Capriles, aunque con un deterioro de su liderazgo mucho más acelerado.

El partido de gobierno parecía reacomodar entonces el cuadro político. El proceso de destrucción de las oposiciones —efecto postgolpe— resultó ser muy eficaz y se tradujo en una sensación repentina de reducción de amenazas a los revolucionarios. La pésima gestión de la derecha en la pandemia, sumada a la ineficacia, la corrupción y la represión social, coadyuvaron en ese debilitamiento.

El ímpetu inicial por la recuperación de la democracia, el regreso de la izquierda al poder y el desmoronamiento de las oposiciones crearon un escenario propicio que serviría para alentar las aspiraciones de Evo Morales en su búsqueda por la vuelta triunfante a la presidencia de la república.

Actores vinculados con el proceso de cambio, incluido Morales, dieron a entender que el nombramiento de Arce como candidato había sido pactado bajo la premisa de que fuese una figura transicional entre el ciclo político del golpe y el de la reinstitucionalización de la política. De acuerdo con esta visión, el fin del proceso traería de vuelta a Morales para poder cumplir con un nuevo mandato ya que se consideró “frustrada” su elección como presidente en 2019. Pero Arce se habría salido de ese presunto acuerdo.

Morales desarrolló, desde 2022, una narrativa crítica a las tendencias “reformistas” en el gobierno de Arce. Luego, de forma progresiva, la disputa traspasó el umbral hacia una división orgánica en el Movimiento al Socialismo (MAS) y de las instancias que lo conforman.

A diferencia de los partidos tradicionales en América Latina, la orgánica del MAS se basa en la cohesión de diversos cuerpos políticos con denominación de “movimientos sociales”, tanto en modalidades territoriales como sectoriales. Sin embargo, es el factor sectorial el que predomina en el ámbito de las decisiones, organización, movilización, agitación y demás procesos propios de la ordenación partidista.

Arce y Morales han tenido comunicaciones difíciles para dirimir sus contradicciones en lo público, y ambos suelen acusarse de incumplimiento de acuerdos. Arce ha definido a Morales como el “principal opositor” a su gobierno. En noviembre de 2023, el Centro de Estudios Latinoamericano de Geopolítica (Celag) publicó una encuesta en la que analizó la opinión de los bolivianos en diferentes temas. Respecto al “principal problema político en un futuro cercano”, 42,8% de los consultados señaló que es el enfrentamiento entre Evo Morales y Luis Arce, ítem que fue seguido por la corrupción y el narcotráfico (21,5%).

La disputa entre los dos líderes es el evento central en la política del país y el desplazamiento de la oposición a una expresión mínima en la dinámica nacional ha puesto de relieve a Morales como principal actor. Esta diatriba es ampliamente explotada por los medios tradicionales, en su gran mayoría propiedad de los sectores conservadores y de derecha. Resulta claramente conveniente que, para los interesados habituales en la división, Morales sea ahora el principal antagonista.

Esta situación evolucionó de manera negativa para Morales el 30 de diciembre de 2023, mediante un dictamen del Tribunal Supremo de Bolivia que anuló la reelección presidencial indefinida y reinstaló la elección hasta un máximo de dos periodos. Esto, por defecto, anula las aspiraciones de Morales e inhabilita su candidatura.

Lo grave de este anuncio va más allá del perjuicio a Morales. En realidad, el dictamen debilita las bases políticas sobre la cual se produjo la participación de Morales en las elecciones de 2019. Buscando su cuarto mandato consecutivo, Morales convocó un referéndum constitucional el 21 de febrero de 2016 para abrir el candado que le prohibía una nueva postulación.

En esta ocasión, la mayoría de los votantes rechazó la modificación propuesta. En 2017, el Tribunal Constitucional de Bolivia reconoció el derecho a la reelección indefinida y en 2018 el órgano electoral habilitó la candidatura de Morales. No obstante, para muchos sectores de la oposición, la postulación de Morales fue vista como una acción ilegal por considerar que la superación de los dos mandatos presidenciales consecutivos era inconstitucional. Ahora el Judicial boliviano ha cambiado las reglas y las ha llevado a la vieja usanza.

Morales calificó el hecho como parte de una persecución judicial. El tribunal penaliza de manera política a Morales a modo tardío, otorga un impulso a las narrativas que la oposición ha sostenido durante estos años y profundiza la disputa Morales-Arce.

MORALES Y ARCE FRENTE A LAS CRISIS COYUNTURALES DE BOLIVIA

Es necesario referir primeramente la incipiente crisis económica que existe en Bolivia. La economía de ese país está experimentando un agotamiento de su modelo de sistema cambiario. Aunque es teóricamente libre y flotante, está caracterizado por un tipo de cambio contenido artificialmente por las regulaciones e intervenciones estatales.

En resumen, desde 2015 Bolivia ha tenido déficits fiscales cubiertos con endeudamiento. Pero, además, ha ido agotando sus reservas internacionales. Otro elemento crucial es que en Bolivia los combustibles son subsidiados, una parte de ellos se importa y se pagan en divisas, mientras que los combustibles llegan a la población bajo subsidio en bolivianos (moneda local).

El país en simultáneo ha financiazado el déficit con emisión de moneda local. Los programas sociales, los costos durante la pandemia, entre otros gastos corrientes del gobierno, se han cubierto en parte durante estos años mediante emisión. Pese a todas estas condiciones, el boliviano no se ha devaluado significativamente, los gobiernos de Morales y Arce han evitado a toda costa permitir ese hecho, para lo cual han drenado ingentes cantidades de divisas al sistema cambiario. Es probable que en Bolivia se esté postergando la realización de un ajuste monetario y una adecuación de su sistema cambiario. Seguramente esto se ha diferido por las razones políticas que su impacto supone.

En marzo de 2023 en Bolivia comenzó a registrarse una escasez de dólares, lo que generó reacciones coyunturales de estampida entre la población para el retiro de fondos en divisas. El gobierno aplicó medidas de flexibilización para el flujo de los dólares, decisión que logró mitigar la incertidumbre.

En febrero de este año Arce tomó medidas que, en cierto modo, rompen con parte del “pacto social” que Evo Morales había impulsado —con el mismo Arce como Ministro— para regir la economía boliviana. Una de las medidas es el fin de los subsidios a los combustibles y el decreto de una política de incentivo a las exportaciones, con el fin de facilitar el ingreso de dólares a la economía.

En Bolivia solo se pueden exportar alimentos cuando las autoridades consideran que está garantizado el suministro en el mercado doméstico, por lo que los exportadores debían obtener un certificado de abastecimiento antes de vender sus artículos en el exterior. Ahora el gobierno anunció que la soja, la carne, el azúcar y otros alimentos quedarán exentos de solicitar ese certificado, lo que debería paliar las dificultades que sufría el sector exportador.

El gobierno implantó hace más de tres lustros un subsidio para la compra de combustible, aunque se advertía que su coste era uno de los principales motivos del deterioro de las cuentas públicas. En los últimos tiempos las importaciones de combustible se dispararon, igual que los episodios de escasez de suministro, que acentuaron las quejas, sobre todo de los grandes productores de grano del este del país. Además, Arce inició la emisión de bonos en dólares para mitigar la necesidad de divisas en la economía.

No obstante a que las medidas de Arce están más que justificadas por el cambio de condiciones de la economía, Morales lo acusa de “neoliberal” y de “derechizarse”.

Otro aspecto de la crisis coyuntural boliviana ocurre en el ámbito institucional. En resumen, es probable que el Poder Judicial esté adquiriendo características de poder autónomo con facultades de incidir peligrosamente en la estabilidad del país, a modo de cuerpo colegiado, un “Estado dentro del Estado”, lo que replicaría prácticas que son similares en el estamento judicial de Perú. Con ello, este poder está alterando las correlaciones políticas y afectando el clima institucional frente a los demás poderes.

Todavía no se aplica la categoría de “Golpe judicial” dado que no hay un cambio forzado sobre otros poderes, pero con el ritmo de eventos es probable que se alcance ese escenario. La crisis judicial de Bolivia es como se conoce a la crisis generada debido a la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (TCP) de aprobar, mediante la sentencia 0049/2023, la prórroga indefinida de su propio mandato y de los otros tribunales judiciales del país, que debían funcionar hasta el 31 de diciembre de 2023.

La convocatoria a elecciones judiciales fue introducida en la Constitución boliviana de 2009 y fueron llevadas a cabo en dos ocasiones, en octubre de 2011 y en diciembre de 2017, para lo cual se necesitan dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para aprobar la lista de candidatos o la ley de convocatoria al acto electoral.

El 11 de diciembre de 2023 el TCP declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de un proyecto de Ley Transitoria de Elecciones Judiciales que debía ser tratado por la ALP, lo que significó un choque directo entre el Judicial y el Legislativo.

A inicios de este año Evo Morales se erigió como organizador de cierres de vías que paralizaron Bolivia durante dos semanas a fin de detener un “golpe judicial”. Los cortes de ruta que durante días realizaron los campesinos seguidores de Morales lograron que el parlamento, tras arribar a un acuerdo interpartidario, convocara para junio las elecciones judiciales que estaban trabadas desde el año pasado.

No consiguieron, en cambio, que los magistrados de todos los altos tribunales, cuyo mandato feneció en diciembre —pero que fue prorrogado indefinidamente por el TCP— sean sustituidos por otros jueces. Este último punto es clave. Morales apunta hacia varios magistrados que emitieron el dictamen que impide su candidatura.

Entretanto, en medio de esta crisis, Arce firmó una ley que convocaba a elecciones en el Poder Judicial, pero declaró que el cierre de vías fue “innecesario” pues costó 1 mil millones de dólares a la economía boliviana, aseveración que sirvió para fustigar a Morales. Además, Arce indicó que activaría “procesos” contra los autores de los cierres.

Ante una crisis institucional, ambos líderes prefirieron disputar el protagonismo y la contención de la propia situación, pero Arce ha ido más allá al asomar la posibilidad de judicializar a Morales.

Estos factores de crisis integral, que pasa por lo político, económico e institucional, se iniciaron desde 2019 y se aceleraron con el derrumbe de los antagonismos naturales entre el masismo oficialista y la oposición, lo cual se ha traducido en una despolitización importante de la sociedad y una pérdida de credibilidad muy importante en las instituciones políticas y sociales, según diversos análisis.

El debate sobre los hechos de 2019 en torno a si fue un “golpe de Estado” o “fraude electoral” todavía enfrenta a quienes consideran que se produjo una interrupción inconstitucional del gobierno con la llegada al poder de la exsenadora Jeanine Áñez como presidenta de facto. Y, por otro lado, a quienes consideran que los resultados de los comicios fueron alterados luego de varias denuncias de falta de transparencia.

Todo ello genera incertidumbre de cara a las elecciones presidenciales de 2025. La Primera Encuesta Nacional de Polarización, iniciativa del proyecto Unámonos, develó datos importantes de la percepción de los bolivianos sobre la representatividad política: 73,9 % de la población no cree que los partidos políticos sean importantes para el futuro del país. 66,8 % dice lo mismo acerca de las plataformas ciudadanas, 63,1 %, sobre los movimientos sociales y 65,3 % sobre los sindicatos.

Ana Velasco, politóloga y coordinadora de estas mediciones, se refiere a un concepto clave para entender el panorama: orfandad política.

“La gente ni siquiera cree que es importante para el futuro tener partidos políticos, plataformas ciudadanas o movimientos sociales o sindicatos, todas estas organizaciones que están llamadas a generar representatividad política. De ahí nace esta noción de orfandad política, porque una cosa es que se tenga malos políticos o partidos que estén fallando, un sistema de representación que no funcione, pero es más preocupante que ni siquiera se crea en un futuro con esa presencia. Nadie los va a extrañar porque las cosas se hacen a pesar de ellos y no gracias a ellos”, explica la experta.

Según esta consulta, cerca de la mitad de los encuestados no se siente representada ni por los discursos del gobierno central ni por los de su gobierno regional. “Existe una sensación de no representatividad, algo mayor entre los más jóvenes de 40 años y entre los no indígenas. Ese efecto invisibilizador de la polarización, según devela el estudio, es producto de un estado de orfandad política”, añade Ana Velasco.

Sin embargo, el proceso de “orfandad” podría considerarse menor entre sectores populares de base, especialmente entre los movimientos sociales con orgánica política acumulada. Si bien esa orgánica podría estarse rompiendo por las divisiones en los liderazgos, estos grupos tienden a la movilización por un lado de la confrontación Morales-Arce y otros a la inmovilización y desencanto.

POSIBLES ESCENARIOS POLÍTICOS HASTA 2025

Los datos más recientes sobre Bolivia los ha ofrecido Celag. Entre sus resultados figura que la gestión del presidente Luis Arce tiene una valoración positiva de 47,2% entre la población, y su imagen es favorable para 39,4%. En cuanto a la gestión de la economía, 36,3% de los encuestados se posiciona favorablemente, y la gestión de la obra pública es positiva para 37,4%.

Sobre la oposición y la capacidad de sus liderazgos para derrotar al MAS, la encuesta arroja que ningún dirigente opositor supera 14% del apoyo de la gente: quien mayor porcentaje logra acumular es Manfred Reyes Villa con apenas 13,7%, seguido de Carlos Mesa con 10,3%. Llama la atención que, sumados los votos de “un candidato nuevo”, “ninguno” y “no sabe/no contesta”, se alcance 51,7% de la base opositora.

Por la lejanía del proceso electoral que sería a finales de 2025 han sido divulgadas pocas encuestas, sin embargo, desde 2022 Arce mantiene la preferencia y Morales figura también en los primeros puestos, aunque entonces se les comparó con otros actores que hoy están fuera de escena, tal como es el caso de Luis Fernando Camacho, quien aparecía como el segundo favorecido en una encuesta de la empresa Captura Consulting.

Los datos arrojados desde 2023 son contradictorios en algunos casos. Unos refieren debilidad en el oficialismo y otros refieren su fortaleza. Podría haber sesgo en dichas mediciones. No obstante, las pocas encuestas disponibles coinciden en que existe un vacío en el liderazgo político. Entre 40% y 50% de la población está buscando un nuevo referente de liderazgo y esa expectativa se sitúa fundamentalmente entre los actores de la oposición. La firma Diagnosis refirió que la necesidad de “novedad” en el liderazgo político es transversal a la autoidentificación partidista.

El escenario político en Bolivia es complejo hasta para las oposiciones. Las dos bancadas de oposición Comunidad Ciudadana y Creemos, a través de sus parlamentarios, han expresado críticas hacia el partido oficialista por sus disputas internas que, según explican, también obstruyen el trabajo legislativo y el avance de diferentes normativas.

También ven el momento como una oportunidad para mostrar su vigencia en la escena boliviana. “Creemos está trabajando para la unidad de la oposición en el 2025 y mientras el MAS pretende entretener al pueblo boliviano con un congreso en Lauca orquestado por Evo Morales, o con un cabildo en El Alto orquestado por Arce, yo vengo a afirmarles que en 2025 no va a ganar ni Evo ni Arce”, dijo el diputado opositor Erwin Bazán.

Sin embargo, los expertos consultados por la Voz de América coinciden en que no hay un liderazgo desde la oposición que pueda hacer frente al MAS, aun y cuando esté dividido.

“Hay una oposición muy débil, que mantiene una minoría alrededor de 30%, en las sucesivas elecciones; sin embargo es un porcentaje desagregado porque hay distintos candidatos como si en esa oposición hubiera varias oposiciones. Están tratando de generar una candidatura de unidad, pero me temo que eso va a ser muy difícil debido a las inconsistencias internas”, asegura la politóloga María Teresa Zegada.

Por su parte, el analista político Paul Coca considera que hay una oposición “sin norte ideológico ni rumbo”. “Si bien el Movimiento al Socialismo en este momento tiene una crisis interna y está debilitado, Evo Morales se ha convertido en el principal opositor de este gobierno”.

La disputa Morales-Arce transcurre por el clima “favorable” que implica la destrucción de los liderazgos opositores. Se podría estar posicionando la creencia de que el estado de debilidad del adversario ofrece condiciones para un reacomodo del mapa político y que Morales representa una nueva forma de oposición. Se da por descontado el declive electoral de la derecha y que tomaría forma un cuadro político general segregado en tres grandes grupos: Oficialismo, oposiciones tradicionales divididas entre sí y Masismo “evista”.

Sin embargo es posible que, con el apoyo de Estados Unidos, un país con experiencia en injerencia e intervención se esté gestando un nuevo liderazgo en Bolivia. Este protagonismo podría presentar una oferta política disruptiva con el objetivo de cambiar la situación actual del país andino. Aunque no cuente con el respaldo de todos los partidos opositores de Bolivia, esta estrategia podría ser exitosa. Uno de los candidatos con mayor potencial político es Manfred Reyes Villa, quien actualmente goza de una buena reputación.

La falta de un liderazgo prominente en la oposición boliviana no parece ser casual, sino parte de una estrategia. En este momento, el surgimiento de una figura destacada podría ser contraproducente. Por el contrario, el análisis sinuoso y un cálculo del timing político por el que está pasando el MAS pareciera ser la estrategia desarrollada por la oposición a fin de que una nueva figura pueda desplegarse. Esto sugiere que los partidos opositores no controlan la agenda y, muy probablemente, reciben directrices desde Washington.

Por otro lado, no hay rasgos evidentes que hagan presumir que la pugna interna en el MAS va a solucionarse en el corto plazo, lo cual implica una sedimentación política muy grave, que se sigue acumulando y prolongando. La disputa se está transversalizando entre los factores sociales, de manera que ya diversos factores están disputando entre sí los liderazgos de las propias organizaciones sectoriales y territoriales con el fin de lograr con ello el control del MAS.

Estamos evidenciando una reproducción del desencanto, la inmovilización y desafiliación. En otros casos, se reproduce el activismo encarnizado entre dirigentes, lo cual agudiza el ciclo adverso, pues además de Morales y Arce se incluyen actores intermedios que se están infligiendo heridas.

El escenario ideal sería el del fin de la disputa, en el cual se priorice la continuidad del gobierno del Estado Plurinacional, es decir, el proyecto político que inició varios lustros atrás. No obstante, la sombra de la división y la disputa cada día parece estacionarse más con la agudización del conflicto Arce–Morales, espacio donde un tercero imparcial que permita desescalar las tensiones dentro del MAS tampoco parece presentarse como opción.

La posibilidad de que surja un tercer actor, una tercera vía o un factor unificador en Bolivia todavía no está clara. Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, y Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados, podrían desempeñar un papel importante en este sentido, especialmente Rodríguez —aunque a menudo se le asocia con Morales—. Por otro lado, el caso de David Choquehuanca es particular. Aunque el Vicepresidente forma parte del problema y se presenta como un fuerte antagonista de Morales, cualquier recomposición del gobierno debe ser consciente de la realidad objetiva de que los tecnócratas de la era Arce también son parte inherente del poder y deben ser considerados en el proceso.

Es probable que la disputa se pueda mitigar ante el desarrollo de un nuevo liderazgo con capacidades de unificar. Esta podría ser una vía, si con ello se descarta la presencia de una nueva alineación del gobierno.

En cualquier escenario, la pérdida de cohesión del MAS es el factor más peligroso para el gobierno y esta se profundiza cada día, con cada episodio en la disputa interna entre los dos dirigentes.