Una de las primeras sanciones ilegales firmadas por el Departamento del Tesoro que inauguró el ciclo de violencia y acoso de 2017 fue la que apuntó a Tareck El Aissami, en ese momento vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela.

El gobierno estadounidense lo acusó de “colaborar con narcotraficantes y terroristas del Medio Oriente”, incluyéndolo en la famosa “lista kingpin” como acto posterior a un expediente de criminalización forjado desde los medios.

A partir de ahí se ha desarrollado una persecución político-judicial a presuntos “colaboradores” que, tres años después, no ha llegado a la presentación de evidencias sólidas, pero sí ha servido para aumentar la injerencia destructiva contra las actividades financieras de Venezuela en el exterior y para promover las incursiones militares tercerizadas en su territorio.

Ahora, la noticia que vuelve a exponer la intencionalidad política detrás de la persecución yace en la revelación de Associated Press (AP) de este sábado 26 de septiembre.

Según el reportaje de la agencia estadounidense un “informante clave” de los fiscales estadounidenses que buscan enjuiciar a Tareck El Aissami por narcotráfico “falsificó, ocultó y encubrió” su testimonio ante agentes federales, además de robar aproximadamente 140 mil dólares en una tarea a la que fue encomendado.

De este modo, las propias acciones del gobierno estadounidense han vulnerado el caso contra El Aissami y el empresario Samark López en una corte federal de Manhattan, Nueva York, basado en una frágil acusación de “utilizar compañías chárter con sede en Estados Unidos para organizar vuelos privados en aviones con matrícula estadounidense a Rusia, Turquía y dentro de Venezuela durante la campaña presidencial de Maduro en 2018”.

En palabras del periodista estadounidense de AP, Joshua Goodman, estas revelaciones le dan “oxígeno” a las (legítimas) denuncias realizadas por el gobierno venezolano “de que Estados Unidos está recurriendo a acusaciones inventadas para perseguir su objetivo de cambio de régimen”.

El caso de Alejandro Marín

En enero de 2018, el piloto Alejandro Marín fue captado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) para servir de “fuente confidencial” en la trama judicial armada contra Tareck El Aissami.

Indica Goodman en la publicación de AP, que Alejandro Marín es un empresario venezolano radicado en Estados Unidos. Tiene un negocio de vuelos fletados en el aeropuerto de Opa Locka, en Miami, Florida.

Marín se había comprometido con el HSI a “ayudar en una investigación relacionada con transacciones ilícitas y otras actividades ilegales de co-conspiradores ubicados en los Estados Unidos y en el extranjero”, cita en una nota la periodista Maibort Petit.

Pero este informante, en vez de obtener alguna evidencia que robusteciera las acusaciones contra el gobierno venezolano, cometió actos de corrupción y falsificó su testimonio, haciendo imposible que los fiscales a cargo del caso esquivaran la situación.

La cadena de eventos indica que, en junio de 2018, los agentes del HSI acordaron con el piloto venezolano el desvío de un avión privado que contenía un paquete de 1.3 millones de euros en efectivo, supuestamente producto de “actividades ilícitas”, que serían confiscados por el gobierno de EEUU.

El piloto tomó de aquel paquete el equivalente a 140 mil dólares del dinero que los organismos federales le habían encargado trasladar y se lo entregó a un “socio extranjero” que se lo pidió, una persona identificada como “individuo-1” que formaba parte de la investigación.

Unos meses más tarde el “individuo-1” devolvió la cifra a una cuenta de una empresa controlada por Marín y éste se quedó con el dinero y no lo notificó a las autoridades estadounidenses.

El 18 de agosto de 2020, oficiales del HSI lo interrogaron para saber si había recuperado el monto que faltaba de los 1.3 millones de euros confiscados y respondió que no. También negó a los agentes federales que el “individuo-1” le hubiera pedido permiso para tomar los 140 mil dólares. Dijo que no había extraído ese dinero del paquete para dárselo.

El 28 de agosto, Marín modificó su testimonio para afirmar que, tras consultar con su contador, “recordaba” haber recibido 130 mil dólares del “individuo-1”. Las autoridades federales ya lo habían confirmado antes por unos mensajes electrónicos de Marín y la revisión de sus cuentas bancarias.

Finalmente, Marín fue arrestado en Miami el 19 de septiembre de 2020. Enfrenta cargos ante la justicia estadounidense por haber dado falsos testimonios a los agentes de Seguridad Nacional sobre los “hechos materiales usando trampas, planes y dispositivos como teléfonos celulares”.

Su caso está siendo procesado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

El antecedente iraní

A este caso de testigos fraudulentos le antecede otro de ocultación de pruebas en una acusación de corrupción a un empresario iraní, en el marco de la criminalización a las relaciones de cooperación entre la República Islámica de Irán y Venezuela.

Reseña una nota de AP que el mismo grupo de fiscales estadounidenses que conduce en la corte de Manhattan las acusaciones contra El Aissami, retuvo pruebas que beneficiaban la defensa de Ali Sadr Hashemi Nejad, empresario de nacionalidad iraní, en un juicio que lo acusaba de violar leyes estadounidenses por supuestamente haber realizado negocios fraudulentos que involucraban al Estado venezolano.

Sadr estaba esperando una sentencia que podía terminar en 125 años de prisión cuando, en junio de este año, el fiscal Geoffrey Berman desestimó los cargos (lavado de dinero, fraude bancario y conspiración para defraudar a los EEUU) alegando “problemas relacionados con la divulgación” que habrían “alterado la defensa de Sadr” por lo que “no sería de interés para la justicia seguir enjuiciando este caso”.

La jueza Alison Nathan, siguiendo las pruebas aportadas por la fiscalía, ya había emitido un veredicto en marzo, declarando culpable al empresario iraní “de utilizar una red de empresas fachada para canalizar a través de bancos estadounidenses más de 115 millones de dólares en pagos relacionados con un proyecto de construcción en Venezuela”, esquivando las sanciones del gobierno de EEUU.

El cambio brusco de los acontecimientos mereció una reprimenda de la jueza al fiscal Berman. Le exigió que presentara cualquier prueba potencialmente retenida. Además, Nathan acotó que el caso planteaba “serias preocupaciones sobre la conducta del gobierno (estadounidense)”.

Mentiras desgastadas

La insistencia en fabricar pruebas que señalen al alto gobierno de Venezuela como una empresa criminal ha derivado en pasos torpes por parte de Washington que en última instancia socavan su legitimidad como acusador.

La más absurda de ellas, la de vincular a funcionarios venezolanos con el narcotráfico, a sabiendas de que las mafias que producen la droga en la región están concentradas en Colombia y los grupos que controlan el negocio están en las instituciones estadounidenses, es una de las “pruebas” que más repite la administración Trump en su arremetida contra Venezuela.

Ha sido cuestión de muy poco tiempo y de errores en la gestión de las mentiras para que progresivamente aparezcan elementos que confirmen la estrategia detrás de esas movidas políticas: criminalizar al Estado venezolano para justificar las medidas coercitivas unilaterales, los mecanismos de acoso diplomático y la sostenida actitud beligerante del gobierno estadounidense.

El giro del fraude de Marín no sólo ha derribado el castillo de naipes judicial del caso forzado en torno a la figura de Tareck El Aissami, sino que, en general, ha desvelado cómo Washington emplea acusaciones falsas como un modelo para emprender una persecución agresiva contra altas autoridades del Estado venezolano.