El plan de descontaminación del lago de Maracaibo anunciado por el presidente Nicolás Maduro es una iniciativa que, además de responder a una coyuntura, rompe con la inercia política venezolana que pendula entre las complejidades de la gestión gubernamental bajo el bloqueo vía "sanciones" y la atención de las oposiciones sobre las elecciones primarias.
Comprende la necesidad de articulación entre distintos niveles de gobierno —nacional, regional y local— ante una situación crítica que abarca tanto una dimensión ambiental, como también otra económica, energética y geoestratégica.
El lago de Maracaibo se extiende 13 mil 200 kilómetros cuadrados de agua salobre y está conectado con el golfo de Venezuela a través de un estrecho que permite un equilibrio entre las aguas dulces de sus afluentes y la salada del mar Caribe, lo que lo convierte en un estuario de alta productividad ecológica.
Como su subsuelo contiene significativas reservas de petróleo y gas, y Venezuela ha dependido de la producción de estos combustibles fósiles, la actividad extractiva intensa en torno a ese cuerpo de agua ha derivado en pasivos ambientales que han repercutido en impactos sociales y económicos.
En el estado Zulia hay entre 15 mil y 17 mil pozos de petróleo activos e inactivos, de los cuales más de 5 mil se ubican en este ecosistema estuarino, a su vez traducibles en más de 14 mil kilómetros de tuberías enterradas y 200 estaciones de flujo, además de oleoductos en tierra en uno de los principales lugares de producción de crudo en Venezuela.
Aunado a esto, en época lluviosa el cuerpo de agua recibe mayores descargas de efluentes provenientes de zonas agrícolas como el sur del lago y la región andina, donde el uso intensivo de fertilizantes y otros agroquímicos deviene en cantidades importantes de nitrógeno y fósforo. Estos nutrientes alteran el equilibrio ecológico de especies acuáticas como la lemna y aceleran el florecimiento de microalgas y cianobacterias del género microcystis —conocidas como verdín— que se extienden de manera crónica en su superficie y afectan la fauna considerada como recurso pesquero.
En sus orillas viven cientos de comunidades pesqueras que capturan allí variedad de especies acuáticas, como cangrejos y camarones, para su consumo o venta.
Garantizar la gobernabilidad del Lago
Desde hace algunos días se ha desplegado una campaña de denuncias sobre la contaminación del lago. Esto ha tenido repercusión en medios extranjeros, lo que denota una orquestación en torno a un problema que, no obstante a ser real, podría traer consigo intereses propagandísticos para imponer una ampliación del expediente narrativo contra Venezuela, como en otros casos ya conocidos.
El pasado lunes 24 de julio, dentro de las celebraciones debidas al bicentenario de la Batalla Naval del lago de Maracaibo, el presidente Maduro pidió todo el apoyo del gobernador del Zulia, Manuel Rosales, a quien agradeció su presencia en el acto, y del alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, así como a los mandatarios locales de la región.
Este abordaje articulado permitiría que la vida en el susodicho ecosistema se desarrolle de manera conjunta con actividades estratégicas como la extracción de crudo liviano, importante para aliviar la coyuntura económica venezolana, así como también desde el punto de vista estratégico.
El hecho de que confluyan esfuerzos de gobernabilidad tanto del ejecutivo nacional como de autoridades regionales y locales para atender la eutrofización del lago permitiría avanzar en soluciones concretas ante uno de los problemas más importantes de una región altamente impactada por los efectos del asedio económico contra Venezuela.
Se trata de un plan especial para descontaminar el lago de Maracaibo de los derrames de petróleo y de la acumulación de plásticos que concurren en su cuenca. El Presidente dijo que ha recibido denuncias sobre los desbordes de crudo y cómo han afectado las comunidades de pescadores y pescadoras, así como el hábitat que lo rodea.
Por ese motivo designó al frente del proyecto al general Néstor Reverol, vicepresidente sectorial para Obras y Servicios, a quien instruyó encabezar "un estudio técnico-científico de profundidad" con el apoyo de especialistas, junto con los ministros de Ecosocialismo, de Petróleo y de Pesca.
Recuperación del lago y de la producción
Los problemas en relación con el lago no son nuevos. La eutrofización ha conferido la coloración verde a sus aguas desde hace 100 años debido al crecimiento urbano, la actividad agrícola, la cría no sostenible de camarones, la desinversión en la industria petrolera y la falta de sistemas óptimos de tratamiento de aguas negras.
El modo de gestión también colapsó a raíz de los efectos del asedio multifactorial que atraviesa el país. Sin embargo es importante no perder de vista que tales problemas, que en la actualidad se han agudizado, provienen de la perforación de miles de pozos desde la Primera Guerra Mundial, primero por compañías extranjeras y luego por las empresas mixtas de la industria venezolana advenidas con la nacionalización.
Los hidrocarburos livianos del lago varían entre los 21° y 43° API, lo que los convierte en un producto de alta demanda y hace que su extracción sea prioritaria para la economía nacional. Además, suministra 30% del petróleo del país —segunda zona productora—, su infraestructura ha sido desarrollada por décadas y posee acceso fluvial canalizado a través del estrecho de Maracaibo, por donde los buques-tanque pueden llegar hasta el pie de la zona petrolera para la carga.
El gas natural asociado a la producción petrolera del lago posee un elevado contenido de etano, característica que impulsó entre los años 1950 y 1960 del siglo XX el establecimiento de la industria petroquímica y del plástico en Venezuela. El complejo Ana María Campos —antes llamado El Tablazo— posee tres plantas de extracción de líquidos del gas natural para producir el etano y propano requeridos por el suministro de la materia prima y el gas combustible usado en plantas como las de olefinas y de craqueo térmico.
En la zona también opera la empresa mixta Petroboscán, en sociedad con la compañía estadounidense Chevron, transnacional que fue excluida de la licencia general Nº8 a finales de 2022 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés). Una nueva licencia (Nº41) le otorga permisos para obtener ingresos por sus despachos a territorios estadounidenses suspendidos desde enero de 2019 en el marco de las medidas coercitivas unilaterales desplegadas por Washington contra Venezuela.
La flexibilización de dichas "sanciones" fue reseñada positivamente por el sector empresarial vinculado a la industria de los hidrocarburos. El presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, Enrique Novoa, dijo en aquel momento:
"Esta decisión va a repercutir en la generación de más empleos, mayores oportunidades para las empresas de servicios transversales, que no solamente involucra a empresas vinculadas a la Cámara sino también en otras áreas como logística, hotelería, transporte, insumos de todo tipo y por eso incide favorablemente en la dinámica de la economía en general y aportará sin duda al crecimiento del producto interno bruto en 2023".
Agregó que Petroboscán obtiene crudos propicios para la producción de asfalto y resaltó que las refinerías ubicadas al sur de Estados Unidos están en condiciones de recibirlos en situación de conveniencia para el Estado, lo que permitiría elevar la producción a 70 mil barriles diarios en este 2023 y a 80 o 90 mil en 2024.
"Vamos a entrarle al lago. Vamos a entrarle con profundidad, con seriedad a pesar de las 'sanciones', del bloqueo, pariremos los recursos, pero el lago de Maracaibo, lago hermoso, tiene que ser recuperado, tenemos que recuperarlo, así me lo planteo, y lo que nosotros nos planteamos lo logramos, tarde o temprano lo logramos".
Así lo enfatizó el presidente Maduro sobre el tema que pone en el debate tanto el derecho a un ambiente sano como a elevar los niveles de desarrollo del modelo productivo.
Desde una perspectiva política, el país gana cuando confluyen distintos factores en el aporte de soluciones concretas ante las necesidades cotidianas y las urgencias productivas nacionales. Un marco de gobernabilidad se sincroniza con un momento político propicio para la consecución de los planes estratégicos en aras de continuar un ciclo de recuperación económica, además de atender otros asuntos importantes desde el punto de vista ecológico y social en relación con la vida del lago.