Un nuevo proyecto de ley del Senado de Estados Unidos exigiría que los servicios de mensajería privada, las empresas de redes sociales e incluso los proveedores de la nube informen a sus usuarios ante la Administración de Control de Drogas (DEA) si se enteran de ciertas ventas ilegales de drogas.

Lo controvertido de este proyecto conocido como Ley Cooper Davis es que es probable que resulte en una serie de informes inexactos y en que las empresas se deshagan de conversaciones inocentes, incluidas discusiones sobre el uso o tratamiento de drogas en el pasado.

Asimismo, preocupa que sea un modelo para que los legisladores traten de obligar a las empresas de Internet a denunciar a sus usuarios ante las fuerzas del orden por otras conductas o expresiones desfavorables, un reforzamiento de la tiranía digital auspiciada por el corporativismo y el establishment estadounidense.

Si bien el supuesto objetivo del proyecto busca reducir las ventas ilegales de fentanilo, metanfetamina y narcóticos falsificados, que generan miles de muertes al año, nada evita que se use para la venta de otras drogas, legales e ilegales.

Los proveedores de servicios de mensajería también pueden hacer informes cuando tienen una creencia razonable sobre esos hechos o tienen conocimiento real de que una venta está planeada o es inminente. Si no informan oportunamente pueden recibir multas de hasta cientos de miles de dólares.

Dichos proveedores tienen discreción sobre qué incluir en un informe. Pero se les anima a entregar información personal sobre los usuarios involucrados, ubicación y comunicaciones completas. La DEA puede luego compartir los informes con otras fuerzas del orden.

Se denuncia que esta modalidad pueda extenderse hacia otras áreas de inteligencia y seguridad del gobierno estadounidense.