Este lunes 8 de mayo de 2023 la Cancillería venezolana emitió un comunicado mediante el que afirma celebrar "la decisión adoptada por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional el 4 de mayo de 2023, en relación con el denominado asunto 'Venezuela I'".
La declaración oficial advierte que "la referida decisión reconoce que el informe de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas de la Corte Penal Internacional sólo recoge las opiniones de 'víctimas potenciales', con lo que se determina explícitamente que, hasta el momento, no existe ninguna víctima reconocida como tal por la Corte Penal Internacional".
Pero "la República Bolivariana de Venezuela denuncia que las denominadas 'víctimas potenciales', especialmente algunas de las organizaciones que las representan, pueden estar siendo instrumentalizadas para convertir a la Corte Penal Internacional en un arma política contra la institucionalidad democrática de Venezuela".
Las denuncias en torno a la politización de la CPI contra el país han sido comunes desde que miembros del antichavismo nacional e internacional presentaron sus casos para denunciar al presidente Nicolás Maduro y su gobierno de haber incurrido en crímenes de lesa humanidad.
El gobierno venezolano juzga que "con este pronunciamiento la Sala de Cuestiones Preliminares confirma lo que ha sostenido Venezuela desde el inicio del proceso ante la CPI: No existen víctimas de crímenes de lesa humanidad pues los susodichos nunca han ocurrido en el territorio nacional".
Por el contrario "es el pueblo de Venezuela el que ha sido víctima de bloqueos y agresiones económicas desde el año 2014, derivadas de las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por las autoridades de los Estados Unidos de América, en clara transgresión del Derecho Internacional".
Por último la Cancillería venezolana denunció "esta ofensiva que utiliza la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines contrarios a su naturaleza y razón de ser", y expresó que el Estado seguirá trabajando de la mano de la CPI y el Estatuto de Roma.