El pasado 5 de junio, usuarios venezolanos que utilizan el servicio de transferencia en dólares Zelle notificaron por las redes sociales que su acceso estaba restringido.
Zelle es una plataforma digital con la que se pueden realizar transferencias en moneda extranjera sin comisión e instantáneas. Para ello, las personas involucradas deben tener una cuenta en divisas en bancos estadounidenses relacionados con la plataforma, como por ejemplo Wells Fargo o Bank Of America, entre otros.
Este servicio ha venido ganando terreno en Venezuela desde algún tiempo producto del ciclo inflacionario que vive el país, sobre todo en los estratos medios, donde el uso de los bolívares en billetes para las compras cotidianas ha sido desplazado progresivamente.
Wells Fargo emitió un comunicado público y envió correos electrónicos a sus clientes afirmando que a partir del 26 de junio ya no podrán utilizar esta plataforma. ¿Las razones? A juicio de la entidad, la plataforma no está siendo utilizada según los términos y condiciones.
Según la entidad, Zelle se había diseñado como un medio de pago y de transferencias de pequeños montos entre personas cercanas. Pero su uso en Venezuela se ha ido masificando en diversas operaciones cotidianas, lo que ha sido interpretado por Wells Fargo como movimientos sospechosos de actividades fraudulentas.
Es probable que la decisión de suspender el servicio a sus clientes por parte de Wells Fargo sea replicado por otras entidades financieras que son utilizadas para intercambiar divisas y realizar compras a través de la plataforma.
Algunas firmas de análisis estiman que el 12% de las transacciones en dólares en Venezuela se realizan a través de Zelle. Y más allá de las operaciones entre particulares, desde hace más de un año esta plataforma viene siendo utilizada por comercios, trabajadores independientes y por personas que reciben remesas desde familiares en el extranjero, debido a que la transferencia es inmediata y no se cobra comisión.
Incluso abundan los casos de las personas que utilizan el servicio a “préstamo” del propietario original de la cuenta con el propósito de cobrar algún dinero, realizar una compra o cambiar el dinero proveniente de las remesas.
En líneas generales, la restricción de Wells Fargo representa un duro golpe a la economía familiar de un sector importante de la población y genera un nuevo obstáculo para el ingreso de divisas que alimentan el golpeado tejido de la economía venezolana, presionando la inflación por vías indirectas.
La entidad alude a razones técnicas al momento de tomar esta decisión “administrativa”.
No obstante, un breve repaso por la historia de Wells Fargo descarrila sus intentos de presentarse como una entidad decente frente al uso indebido de los venezolanos.
El banco estadounidense ha estado en el foco de varios escándalos financieros en tiempo reciente.
En 2016 se desveló una trama de corrupción y fraude que consistía en la apertura de cuentas falsas a espaldas de los clientes con el objetivo de cobrar comisiones y recibir otras compensaciones.
En total, los empleados y directivos de Wells Fargo abrieron 1,5 millones de cuentas fantasmas. Esto se venía haciendo desde el año 2011, pero no fue hasta 2016 que las autoridades estadounidenses actuaron.
La situación representó un escándalo gigantesco y mermó la credibilidad de la identidad. Wells Fargo recibió del Buró de Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos (CFPB, por sus siglas en inglés) una multa superior a los 100 millones de dólares y obligó la devolución del dinero a los clientes estafados.
El año pasado, Wells Fargo volvió a ser noticia. Un banquero de la entidad (Luis Figueroa, de origen mexicano) admitió en una corte federal en San Diego su participación en una operación de lavado de dinero del temible Cártel de Sinaloa.
Los narcotraficantes depositaban las ganancias de la venta de la droga en distintas sucursales, utilizando cuentas de terceros, luego Luis Figueroa se encargaba de limpiar los rastros y legalizar el dinero en Wells Fargo. Esto modus operandi fue aplicado entre 2014 y 2018, dejando un rédito de 19 millones de dólares, hasta que fue desmantelado el plan de lavado de dinero el año pasado.
En línea con este expediente, resulta difícil creer que Wells Fargo ha suspendido el servicio de Zelle a sus clientes en Venezuela para evitar operaciones fraudulentas.
Si esta razón no parece coherente según el registro del banco, entonces su decisión pudo verse forzada por el bloqueo estadounidense contra Venezuela.
Ciertamente Wells Fargo no relaciona su decisión con las sanciones punitivas contra Venezuela, pero observando los casos recientes, es lógico inferir que las sanciones sí han ejercido peso.
Recodemos que el mes pasado la corporaciones de telecomunicaciones AT&T suspendió la transmisión de DirecTV Venezuela debido a las sanciones impuestas por la Administración Trump.
En octubre de 2019, como reacción inmediata a la Orden Ejecutiva 13884 que formalizó el embargo contra Venezuela, la empresa de transferencias electrónicas TransferWise suspendió su servicio en Venezuela, generando con ello un nuevo obstáculo para la recepción de remesas en divisas de las familias venezolanas.
Además, los servicios de MasterCard, Visa, American Express y Western Union en Venezuela están permitidos parcialmente mientras continúa operando una licencia del Departamento del Tesoro. Es decir, en cualquier momento estas plataformas para la movilización de divisas en el país pueden verse interrumpidos por Washington.
Claramente, la Administración Trump busca asfixiar el flujo de dinero en divisas que llega desde el extranjero y que ha aliviado parcialmente la caótica situación económica derivada de las sanciones. Al mismo tiempo que sirve como un sostén económico para cientos de miles de familias, las remesas han reactivado mínimamente el consumo nacional y el circuito económico del país.
También causa suspicacia que Wells Fargo suspenda el uso de Zelle cuando el gobierno venezolano acaba de habilitar un conjunto de estaciones de servicio para vender combustible en divisas, en paralelo a un acuerdo con el antichavismo para transferir recursos robados a la nación en el extranjero a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con el objetivo de contener la pandemia de Covid-19.
Se trata de una maniobra indirecta para descarrilar el buen funcionamiento de estas nuevas iniciativas y elevar el caos monetario y en consecuencia la inflación, provocando una escalada de los efectos económicos que ha traído la pandemia de Covid-19 y una interrupción en el flujo de pagos a nivel comercial y familiar.
La medida de Wells Fargo y las sanciones que apuntan a obstruir el flujo de dinero en el país, describe la complejidad de nuestro mapa político y económico actual.
Paradójicamente, Washington ve como una inyección de oxígeno al país (y por ende al gobierno) el afluente de dólares que circula tanto físicamente como en las plataformas que facilitan su intercambio. Afecta directamente a la base social (la clase media) que apoya la aventura golpista del diputado Juan Guaidó.
Aunque la inflación continúa en medio de una crisis de servicios públicos que se ha ido generalizando, los “billetes verdes” han representado un alivio, razón que ha motivado cambios en la legislación cambiaria por parte del gobierno venezolano desde el año pasado para facilitar las operaciones en divisas.
Un nuevo ejemplo de cómo la política gobierna la economía, y no al revés. Estados Unidos ve como un peligro que el país use su moneda nacional si ello deriva en la estabilización del chavismo y en el relajamiento, aunque sea parcial, de las condiciones económicas que alimentan los planes de golpe de estado.
Tiempos complicados.