La pandemia del nuevo coronavirus ha provocado el regreso de más de 20 mil compatriotas a Venezuela. Muchos otros migrantes en países suramericanos han pedido el apoyo del Gobierno Bolivariano para su repatriación debido a las crecientes dificultades económicas que viven.

Repentinamente, este tema dejó de estar en la agenda de los medios y de las organizaciones multilaterales que pasaron los últimos dos años denunciando la grave situación de los venezolanos en el exterior, en el marco de una supuesta “crisis de refugiados” sin parangón en el continente.

La migración venezolana fue, desde 2018 y durante 2019, un tema central en medios, organizaciones multilaterales y en la agenda política regional.

El tema se ha instrumentalizado de forma recurrente para justificar la intervención militar vestida de “ayuda humanitaria”.

Además de esto, la explotación mediática de la migración se convirtió en un mecanismo de financiamiento para los países del Grupo de Lima, a organizaciones multilaterales como ACNUR y ONG auspiciadas por Estados Unidos en la región y, por supuesto, de un grupo “selecto” de la oposición venezolana.

Para contextualizar cuándo y cómo la migración venezolana se convirtió en un tema habitual de las primeras planas de los medios internacionales y en la principal preocupación de los actores regionales, y cómo hoy el retorno de venezolanos por miles no es un tema de agenda, conviene hacer un recorrido muy general por lo sucedido en los últimos dos años.

Para ello, es pertinente superar las discusiones superficiales respecto a “si se fueron hablando pestes de Venezuela, diciendo que huían de la dictadura”, y sobre todo, “por qué a su vuelta, el Estado y sus autoridades hacen el despliegue logístico que hemos visto”.

Esto no tiene sino una explicación en la ética que sustenta al proyecto bolivariano, donde el ser humano se antepone a los intereses individuales bajo la protección del estado.

Además requiere admitir que efectivamente muchos venezolanos emigraron, en su mayoría después de las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos y de la guerra económica, que sin duda comenzaron a tener efectos en la calidad de vida de la población.

La Organización de Estados Americanos (OEA) y su recién reelecto Secretario General, Luis Almagro, han jugado un rol clave en la articulación de estas acciones y especialmente en la elaboración de un discurso público contra Venezuela, construido y suministrado siempre por los tanques de pensamiento instalados a lo largo y ancho de América del Norte.

Un dato relevante es que entre 2016 y lo que va de 2020, la OEA publicó un total de 162 comunicados de prensa en los que se habla, con “preocupación”, de la situación de Venezuela. El 40% de estos pronunciamientos fueron durante 2017, año en que Donald Trump oficializó la política de bloqueo que hasta la fecha había estado ejecutándose por vías extralegales.

Tales pronunciamientos desde la OEA sirvieron de marco para cuestionar la elección de la Asamblea Nacional Constituyente instalada en julio de ese año y justificar la imposición de sanciones unilaterales por parte del gobierno de Estados Unidos en agosto. La orden ejecutiva de ese año nunca refirió el tema de los migrantes o “refugiados” venezolanos.

El 10 de agosto de 2017, el venezolano Moisés Rendón, director de la Iniciativa Futuro de Venezuela en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales publicó un artículo denominado: “Por qué Venezuela debe ser una prioridad de la política exterior de EE.UU.”.

En ese texto, Rendón señaló:

“La Asamblea Constituyente ilegítima del 30 de julio, que está imponiendo un sistema ‘comunitario’ totalitario en Venezuela, está tomando actualmente nuevas medidas que cambiarían dramáticamente a Venezuela. Sin embargo, Maduro carece de apoyo de la gran mayoría del pueblo y de la comunidad internacional, aparte de Cuba y de algunas naciones caribeñas que aceptan grandes cantidades de petróleo. La última línea de defensa de Maduro, el ejército, también podría estar enfadado en si seguir apoyando un régimen que está empujando al país al borde del colapso. La comunidad internacional todavía tiene la oportunidad de presionar a Maduro y ayudar a Venezuela a encontrar un camino hacia la libertad y el estado de derecho, pero la ventana de oportunidad se está cerrando”.

Como se verá, resultó que una forma de “ayudar a Venezuela a encontrar el camino de la libertad”, articulando una retórica creíble para sensibilizar a todos los países del Caribe, cuyas poblaciones son esencialmente migrantes, se impulsó con el discurso del “éxodo migratorio” y la condición de refugiados que buscaron darle a los venezolanos en la región.

En la práctica, las sanciones unilaterales impuestas luego de la Constituyente por Estados Unidos brindaron un mecanismo real para que muchos decidieran buscar opciones de vida fuera del país. Adicionalmente, el impulso a la migración facilitó la presión sobre la diáspora caribeña y centroamericana en Estados Unidos, convirtiéndose en grupos de presión para sus gobiernos, en especial, los que mantenían una posición de no injerencia en nuestros asuntos internos.

Hasta el cierre del año 2017, las acusaciones contra el Gobierno Bolivariano insistían en que el colapso estaba cerca, que la población estaba en una situación crítica como resultados de la mala gestión gubernamental y que era perentorio hacer llegar por cualquier medio la “ayuda humanitaria”.

Pero no estaba en el primer plano de la agenda el tema del “éxodo”. Una vez iniciado 2018 y con el objetivo claro de conseguir que se aplicara la Carta Democrática a Venezuela, en la OEA el discurso tomó un giro hacia el tema del sufrimiento de los venezolanos en el exterior y su impacto en los países receptores.

Es bien sabido que el aparato de propaganda estadounidense basa su argumentación y construye opinión pública desde sus tanques de pensamientos y centros de investigación.

Uno de los primeros en agenciar el tema de los “refugiados venezolanos” en la palestra pública fue el Council for Foreign Relations, que el 2 de febrero de 2018 organiza un foro en el que concluye:

“La crisis económica y humanitaria, combinadas con la creciente persecución política, han obligado a muchos venezolanos a huir. Alrededor de quinientos mil han dejado el país en los últimos dos años. Si las condiciones empeoran, muchos más podrían ingresar a los países vecinos. Colombia se vería más agobiada, Brasil, Guyana y las islas caribeñas cercanas también verían un aumento en los refugiados que podría abrumar a las clínicas y escuelas y potencialmente desestabilizar las economías locales y las entidades políticas”.

Esta conferencia marcó un hito sobre la migración venezolana sentando las bases de las acciones regionales de Estados Unidos. Así, unos días después, el 11 febrero Kurt Tidd, jefe del Comando Sur, visitó Tumaco en Colombia, frontera con Ecuador, para “constatar la situación de los venezolanos”.

El 18 de febrero Michel Temer, presidente de Brasil visita la frontera con Venezuela y dice que “no faltarán recursos para atender a los venezolanos que huyen”, dejando ver que los venezolanos que decidan migrar a Brasil serán bien recibidos.

El 21 de febrero, el Atlantic Council organiza un conversatorio titulado: “Ni libres, ni justas: ¿qué hacer con respecto a las elecciones presidenciales de Venezuela?”. Esta actividad financiada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos tuvo como objetivo formal “analizar las condiciones electorales de Venezuela, el camino incierto por delante y la necesidad de un papel renovado de la comunidad internacional”. Destaca la intervención de Camilo Reyes, embajador de Colombia en Estados Unidos, quien dijo:

“La comunidad debe reaccionar de inmediato. El orden global debe actuar ante la implosión de Venezuela, si no se actúa de inmediato, la migración afectará seriamente a los demás países, incluso a las pequeñas islas del Caribe y a EE.UU. Colombia pone al servicio toda la red que tiene de organizaciones para que la ONU y sus organizaciones humanitarias como la Cruz Roja para que actúen de inmediato. Cabe en este punto preguntarse: ¿Dónde están esas organizaciones tan experimentadas y nobles hoy el día de hoy?

El 13 de marzo de 2018 nuevamente el Atlantic Council con financiamiento del Departamento de Estado organiza una conferencia denominada: “¿Puede Sobrevivir la Industria Petrolera Venezolana?”, en la cual participó Rebecca Bill Chavez, quien fuera ex subsecretaria adjunta de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Defensa de Estados Unidos y que de manera aparentemente aislada, o al menos fuera del tema central del conversatorio, se refirió a dos asuntos que serán clave a futuro: la necesidad de multilateralizar la situación de Venezuela y la preocupación por la “crisis de refugiados”.

En este conversatorio también participaron los venezolanos Fernando Monaldi y David Smolasky. Sobre los temas no petroleros se llegaron a dos conclusiones: “Estados Unidos tiene el reto de buscar legitimidad en sus acciones sobre Venezuela”, en palabras de Rebeca Bill Chavez.

Se dio como referencia el caso de Cuba y la poca efectividad estadounidense para lograr los cambios políticos. Los ponentes insistieron en que cualquier acción debe “ser multilateral” o contar con el apoyo de otros países por pequeños que sean.

Este último punto se refiere con claridad nuevamente a la importancia del Caribe y la posición bastante consistente que hasta entonces habían mantenido como bloque en la OEA, respeto a la soberanía y a la no injerencia en los asuntos internos de Venezuela.

El segundo punto, que surge con fuerza en este foro, que recordemos tenía como tema el colapso de PDVSA, fue la “crisis de refugiados”.

En consecuencia, se hicieron afirmaciones como que constituye un problema de desestabilización para la región y el embajador colombiano dijo en Colombia que los “refugiados ascienden a 600 mil personas, se reportan jóvenes con cicatrices de arma blanca en peleas por comida (…) Se han dispuesto 3 mil soldados colombianos para patrullar la frontera (…) El 40% de los venezolanos desean emigrar”.

Finalmente, sostuvieron una vez más que “el colapso del país es inminente”.

El 4 de abril de 2018, el Council for Foreign Relations organizó el foro denominado “Crisis migratoria en Venezuela”, que además de referirse a la crisis regional y sus efectos sobre Colombia, Brasil y Ecuador como países receptores, publicó un tuit que señala: “ACNUR estima que 1.7 millones de venezolanos adicionales se convertirán en refugiados en 2018. La comunidad internacional ha proporcionado 46 millones de dólares en ayuda y solo 2.5 millones provienen de los Estados Unidos”.

Sería interesante saber cómo se invirtieron esos 46 millones de dólares, ya que si tomamos como cierto que se iban a usar para atender a 1.7 millones de venezolanos, tendríamos disponible la nada despreciable cifra de 27 mil dólares por cada migrante.

El 13 de abril de 2018, el mismo día que la OEA llevaba a cabo la VIII Cumbre de las Américas en Lima, el Brookings Institution organizó la Conferencia denominada “La Crisis de los Refugiados Venezolanos: Desafíos y Soluciones”.

Allí, según Matthew Reynolds, representante regional para Estados Unidos y el Caribe de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), “La calificación de crisis, es condición necesaria para mayor erogación de fondos y acceso a recursos de BM y BID”.

Ante ACNUR se han solicitado 46 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos para atender la crisis. Por su parte, en dicha conferencia Karen Freedman, funcionaria de la USAID, señaló: “No solo debemos ocuparnos de suministrar fondos. Es bueno que los EE.UU. presione, pero si los gobiernos regionales y los afectados no presionan al gobierno venezolano para que resuelva esta situación, no habrá solución”.

Todos los argumentos aquí esgrimidos fueron tomados casi textualmente en la Cumbre de las Américas en su reunión que culminó el 14 de abril. En este marco y debido a que no alcanzaron los votos necesarios en el seno de la reunión, 16 estados miembros, entre los que se encontraban Colombia, Brasil y Perú, hicieron una declaración conjunta en cuyo quinto punto indican:

“Expresan su profunda preocupación por el creciente éxodo de ciudadanos venezolanos que se han visto obligados a abandonar su país como producto de la crisis y exhortan a los organismos internacionales pertinentes a elaborar de manera inmediata, un programa de apoyo y fortalecimiento de capacidades de los países de la región para atender las distintas necesidades, incluidas las de seguridad, derivadas de este éxodo”.

El 27 de abril, el Grupo de Lima solicitó realizar una sesión extraordinaria a la OEA para tratar “La situación humanitaria que vive la población venezolana y su impacto en los países de la región”.

Ese día se viralizó una declaración del Primer Ministro de Trinidad y Tobago Keith Rowley, que en realidad había ofrecido diez días antes, donde dijo que “no permitiré que las Naciones Unidas quiera convertir a su país en un campo de refugiados”, esto luego de que representantes de ACNUR en dicho país dieran declaraciones diciendo que estaban trabajando con el gobierno para otorgar beneficios de asilo político a los venezolanos.

El 30 de abril nuevamente el Grupo de Lima sesiona para tratar el tema de Venezuela y emiten un comunicado en el cual piden al “gobierno de Nicolás Maduro cesar la usurpación para que pueda empezar la transición democrática”. Pero no hace referencia al tema de los refugiados.

El 24 de mayo de 2018, la OEA publica un documento titulado “HOJA INFORMATIVA: Proceso para analizar la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela” y el 29 de mayo el Panel de Expertos Internacionales Independientes encuentra “fundamento suficiente” de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, propalando las pruebas falsas sobre las que se sustentan las mismas ONG que reciben financiamiento de ACNUR a propósito de la situación de “refugiados”, como Cáritas de Venezuela y el Foro Penal, por citar solo dos ejemplos.

El 5 de junio se aprueba por primera vez una resolución contra Venezuela con 19 votos en la OEA. En dicho acuerdo, tras el exhorto a “reconsiderar la convocatoria prematura de las elecciones presidenciales”, se solicita al país “la aceptación de asistencia ofrecida por la comunidad internacional”, que junto a “su voluntad de apoyar medidas que permitan el retorno al orden democrático y la paz social”, allanan el camino para la verdadera intención detrás del debate: la aplicación de la Carta Democrática a falta de tres votos solamente.

Este argumento que hizo posible el cambio de posición fue la “crisis de Venezuela afecta a los países vecinos”. En esta reunión Trinidad y Tobago, país limítrofe de Venezuela, se abstuvo.

El 16 de junio, Keith Rowley, primer ministro de Trinidad y Tobago, afirmó que “hay gente que quisiera que nosotros nos uniéramos a ellos en una invasión a Venezuela. Hay gente que quiere que digamos que el gobierno de Venezuela es esto o aquello. Pues, que se queden quietos porque no lo vamos a hacer”. El entonces jefe del Comando Sur, Kurt Tidd, se encontraba ese día en Trinidad en el marco del ejercicio militar Trade Winds.