El Tribunal Superior de Honduras declaró culpable a Roberto David Castillo, exoficial de inteligencia militar y directivo de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Energéticos (DESA), por colaborar como coautor intelectual en el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres.

El 2 de marzo de 2016, la ambientalista fue asesinada en su casa en La Esperanza, Honduras. Antes del suceso, Cáceres fue víctima de una campaña de amenazas, intimidaciones y agresiones físicas que buscaban detener la lucha que lideró para detener la construcción de la represa Agua Zarca de 50 millones de dólares, un esfuerzo local que causó retrasos y pérdidas monetarias para DESA.

En 2018, siete asesinos a sueldo corporativos fueron condenados por el caso. Sin embargo, no es sino hasta cinco años después del crimen que se condena a uno de los actores intelectuales.

Roberto Castillo fue detenido el 2 de marzo de 2018 cuando trataba de huir de Honduras con destino a Estados Unidos, donde compró una casa de 1.2 millones de dólares ocho meses después del asesinato de Berta Cáceres.

Según The Guardian:

Después de un juicio que duró 49 días, el tribunal superior (...) dictaminó que Castillo utilizó informantes pagados, así como sus contactos y habilidades militares para monitorear a Cáceres durante años, información que fue retroalimentada a los ejecutivos de la empresa. Coordinó, planificó y obtuvo el dinero para pagar el asesinato del líder internacionalmente aclamado, que fue llevado a cabo por siete hombres condenados en diciembre de 2018.

El Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización de la que la activista hondureña formaba parte, celebró el veredicto del lunes como "una victoria popular para el pueblo hondureño" que "significa que las estructuras de poder criminal no corrompieron el sistema de justicia".

El papel de Washington

Berta Cáceres fue una de los más de 120 ambientalistas asesinados en Honduras desde el golpe de Estado al expresidente Manuel Zelaya. El país centroamericano encabeza la lista de los más peligrosos del mundo para los activistas ambientales, según un informe de la organización Global Witness.

En 2009, poco después de asumir el cargo, la administración Obama-Biden apoyó a los golpistas que depusieron al expresidente Zelaya.

El gobierno golpista dirigió de inmediato una violenta represión contra los grupos de oposición y ex miembros del gobierno de Zelaya. Washington le entregó más de 40 millones de dólares solo en 2010, según datos de la USAID, en su mayoría asignados a través del Departamento de Defensa.