El desenlace de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas se desarrolla en una crisis institucional transversal y con graves factores perturbadores a lo interno y lo externo.

El día jueves 10 de junio fue anunciado el procesamiento del 100% de actas electorales y trascendió el resultado favorable a Pedro Castillo, acorde a datos presentados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Con el 100% de las actas escrutadas, el maestro rural tiene un porcentaje de votos del 50,170% frente al 49,830% de Keiko Fujimori.

Sin embargo, quedó un remanente inicial de actas impugnadas que no habían sido contabilizadas, pero cuyos votos no podrían voltear el resultado.

Seguidamente, el fujimorismo procedió a impugnar actas de manera masiva, cuestionando mesas electorales, que representan unos 200 mil votos, pretendiendo trasladar la disputa a jurados electorales.

No obstante, la mayoría de esas impugnaciones se registraron luego del miércoles 9 a las 9 de la noche, hora en la que, según la norma electoral, expiraba el plazo de las organizaciones políticas para poder hacerlo.

Acorde a las leyes de Perú, no es la ONPE la encargada de resolver estas disputas. Ello recae en otra instancia autónoma, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, un cuerpo colegiado compuesto por miembros de la máxima corte nacional, universidades y la asociación de abogados de Lima.

Este ente el día viernes 11 anunció sorpresivamente la ampliación del plazo (otras 48 horas más) para presentar pedidos de nulidad de mesas de sufragio del balotaje, medida que favorecía al fujimorismo, incorporando impugnaciones que hizo Fuerza Popular hasta la noche de ese mismo viernes.

El ente actuó a destiempo, alterando los lapsos de manera irregular. Acorde al abogado peruano Renzo Cavani, "si una norma consagra un plazo de tres días y este venció, jurídicamente no hay forma de que una norma posterior pueda modificarlo (por ejemplo, ampliándolo). Esto se denomina retroactividad y está prohibida por la Constitución", señaló desde su cuenta de Twitter.

El periodista Harold Moreno Luna, sobre la medida del JNE, señaló que dicha instancia estaba yendo contra la ley. Indicó que "los recursos de nulidad se presentan hasta tres días después de las elecciones, es lo que estipula el artículo 367 de la Ley Orgánica de Elecciones (LEY N.° 26859), que existe desde 1997".

Sin embargo, luego de la conmoción generada, el Pleno del JNE revocó su decisión pocas horas después ante el amplio rechazo de los peruanos y la protesta del partido de Castillo, que consideró la medida "inconstitucional", un "fraude consumado" y un "Golpe de Estado".

La crisis transversal de Perú

El alcance del 100% del procesamiento de actas ha aupado a Castillo a declararse vencedor en la elección. Sin embargo, factores de la derecha internacional se alinearon para desestimar el mensaje de las urnas y los conteos.

Dieciséis expresidentes derechistas, entre ellos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana de Colombia, Óscar Arias de Costa Rica y José María Aznar de España, todos ampliamente conocidos por su injerencia en Venezuela y otros países bajo el circuito de influencia estadounidense, se inmiscuyeron en las elecciones y demandaron el jueves 10 a las instituciones peruanas que no declararan ganador a ninguno de los candidatos hasta que las autoridades electorales peruanas resuelvan "impugnaciones y observaciones" en las actas.

Este comunicado fue difundido por Fujimori, dándole uso para sostener su judicialización de la elección.

Trascendió también que el presidente peruano Francisco Sagasti había llamado por teléfono a Mario Vargas Llosa, escritor y activista neoliberal peruano-español, quien apoya abiertamente a Keiko Fujimori, para intentar que este mediara con la candidata con el fin de que desistiera de las impugnaciones y así evitar una crisis mayor.

El gobernante confirmó ese diálogo vía Twitter, explicando que lo hizo para pedir que se esperasen con calma los resultados finales de los comicios.

Las reacciones vinieron desde varios frentes de la política peruana, especialmente desde el fujimorismo, denunciando que Sagasti se habría inmiscuido en las elecciones y por ello algunos parlamentarios están planteando su destitución.

La acción del parlamento podría ser parte de una retaliación a Sagasti, dado que el mandatario denunció que la cámara legislativa ha estado actuando recientemente de manera peligrosa.

Esto debido a que el parlamento ha decidido ampliar su período y seguidamente han acelerado un conjunto de reformas a la Constitución, de hecho, beneficiando a los diputados e incluso creando un Congreso bicameral.

Sagasti declaró "preocupación" por las gestiones exprés del parlamento, las cuales definió como "apresuradas".

"En un periodo de 28 años se aprobaron 24 reformas constitucionales. Ahora, en pocos días, se pretende aprobar más de una docena de reformas, sin respetar el espíritu del artículo 206 de la Constitución, que implica un profundo debate y una amplia aceptación de su contenido", dijo Sagasti desde Twitter.

Es evidente el vínculo de las actuales acciones del parlamento por salir, justo cuando Pedro Castillo ha propuesto llamar a una Constituyente para cambiar la carta magna.

En esta trama, no queda exenta la propia Keiko Fujimori. La candidata derrotada es señalada de intentar voltear el resultado para evitar el encarcelamiento.

Fujimori fue detenida en 2018 y 2020, pero ha logrado zafarse de la cárcel mediante un habeas corpus, un pago de fianza, y sigue bajo régimen de presentación. Gozando de derechos políticos logró postularse a la presidencia, pero al no obtener el cargo y la inmunidad que provee, podría ser nuevamente encarcelada por su vinculación al caso Lava Jato en Perú.

Este jueves 10, un fiscal del caso solicitó el encarcelamiento preventivo de Fujimori alegando que ha violado términos de su régimen de comparecencia.

La complejidad política e institucional de Perú es un bucle donde la corrupción y la judicialización de la política han escalado a niveles sumamente graves en la generación de inestabilidad y desgobierno.

La tercera victoria en línea de Castillo

Pedro Castillo, quien ha mantenido a su militancia movilizada en Lima, ha llamado a la calma a sus seguidores, pero asumiendo una posición de liderazgo frente a los riesgos de que la institucionalidad peruana se sume a las habituales prácticas de presión y cabildeo en jurados y entes judiciales, como es usual en el clan Fujimori, definido por muchos factores de la opinión pública como la "Jakuza" (mafia japonesa) en la política de ese país.

Luego de triunfar en la primera vuelta, y ahora ser un virtual ganador por la vía de los votos en el balotaje, Castillo está liderando su primera crisis política sin siquiera haber asumido el cargo.

Las preocupaciones en diversos sectores de la sociedad peruana y la clase política tradicional por una respuesta de los seguidores de Perú Libre yacen en la seria posibilidad de que un fraude escalonado desde las instituciones peruanas se traduzca en un estallido, si se le arrebata el resultado emitido por la ONPE.

En esta trama, el partido de Pedro Castillo, Perú Libre, maniobra ante el JNE para proceder a la proclamación definitiva del electo presidente, empleando abogados de manera masiva y disputando ante el JNE las actas.

La inmensa mayoría de las mociones para anular las actas electorales que presentó el partido Fuerza Popular (804 en total) habrían entrado fuera del plazo legal estipulado en la normativa vigente. Ahora con el recule del JNE, tan solo unas 175 actas serían susceptibles de ser revisadas y estas no podrían voltear el resultado.